Tras el acuerdo alcanzado el pasado miércoles entre el Ejecutivo y los senadores de la comisión de Minería y Energía del Senado, este lunes se desarrollaron una serie de reuniones en las dependencias del Ministerio de Energía, ubicadas en la comuna de Santiago. Todo, en el marco del trabajo acordado para presentar un proyecto de ley durante octubre que normalice las tarifas de distribución en forma gradual, pero que, a la vez, permita la creación de un nuevo mecanismo de estabilización de precios de la electricidad.
Un primer grupo conformado por representantes de las empresas de generación eléctrica sostuvieron una reunión con el ministro de Energía, Diego Pardow, y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Antonio Mancilla, entre otras autoridades, además del director ejecutivo de Valgesta, Ramón Galaz, quien actúa como asesor del Ejecutivo en la materia.
Por el lado de las generadores, participaron instancias gremiales y representantes de las compañías que cuentan con contratos vigentes, como CGE, Enel y Acciona, entre otros.
Más tarde, fue el turno de los asesores parlamentarios, quienes conformaron la mesa técnica que negociará los acuerdos para las indicaciones que el Ejecutivo ingresará al proyecto de transición energética, además de la creación de un subsidio para clientes vulnerables que los proteja de los futuros ajustes a la tarifa eléctrica.
En concreto, y de acuerdo a una presentación exhibida a los asistentes, el gobierno buscará que la tarifa eléctrica se mantenga congelada durante lo que resta del año, pero que luego de la publicación de la ley que normaliza la tarifa eléctrica, a los clientes de menor consumo eléctrico sólo se les ajuste la tarifa en base al IPC durante el primer semestre de 2024. Dicho grupo estará conformado por aquellos cuyo consumo sea menor a los 350 kWh promedio mensual. Según estimaciones de Empresas Eléctricas, dicho segmento agrupa a cerca del 90% del total de clientes residenciales del país.
En tanto, a los clientes que superen ese umbral se les aplicarán dos ajustes. El primero será el correspondiente al informe final de Precio Nudo Promedio de la CNE, más un cargo adicional por concepto del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), que se traduce en $15 adicionales por cada kWh, y que estará indexado también a la variación del IPC.
En tanto, a partir de la segunda mitad del año, los dos grupos de clientes verán ajustes en base a lo dispuesto por la CNE, pero a los de menor consumo no se les agregará el cargo por MPC.
Así, sólo a partir de 2025 todos los segmentos pagarán tarifas acordes a los parámetros establecidos por el regulador.
El gobierno busca así amortiguar un alza que se generará tras la publicación del próximo decreto tarifario, y que el propio informe preliminar de Precio Nudo Promedio de la CNE estimó los incrementos en la cuenta de la luz para los clientes del tercer segmento de mayor consumo, por sobre los 500 kWh, tendrán alzas promedio de casi 76%. Para los clientes residenciales, el aumento sería de 12,5% en promedio.
Si bien la de este lunes se trató de las primeras rondas de trabajo con la industria, desde las instancias gremiales que estuvieron presentes valoraron de distinta manera la propuesta del Ejecutivo.
“Desde Generadoras de Chile consideramos que la propuesta no debe continuar utilizando al segmento de generación u otros sectores de la economía como soporte financiero de los costos de políticas públicas del Estado de Chile, interrumpiendo sus flujos de pago y afectando a largo plazo la inversión en el país”, dijo Camilo Charme, gerente general de Generadoras de Chile. El reclamo responde a los más de US$4.000 millones que se le adeuda al segmento de generación eléctrica, que asumió el costo del congelamiento de la tarifa eléctrica desde octubre de 2019.
Una visión diferente, pero no menos crítica, tuvo Matías Cox, director ejecutivo de Generadoras Pequeñas y Medianas (GPM).
“El proyecto de ley de normalización de tarifas avanza en la dirección correcta, pero su viabilidad depende de abordar conjuntamente la cuestión de los subsidios, que se está discutiendo en paralelo en las mesas del Ministerio de Energía en el marco del proyecto de ley de transición energética. Lamentablemente, hemos sido excluidos de esta discusión, a pesar de que nuestro gremio, al igual que otros, pueden aportar de manera valiosa para superar los desafíos planteados por el proyecto de ley de transición energética”, señaló.
Por otra parte, los asesores parlamentarios analizaron los aspectos relativos a la licitación de un megasistema de almacenamiento eléctrico, uno de los cuatro aspectos que se busca modificar del proyecto de transición energética.
En las próximas semanas, la mesa técnica entre el Ejecutivo y los asesores discutirá temas polémicos de la propuesta como la reasignación de ingresos tarifarios, el desarrollo de la transmisión y la creación del subsidio para clientes vulnerables.
/psg
