En medio de los antecedentes que ha reunido el fiscal Patricio Cooper respecto de la fallida compraventa de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, hay un correo electrónico que resulta esencial para los investigadores. Esto, de acuerdo con documentos que pudo revisar La Tercera, porque revela el momento en que terceros alertaron a la alcaldesa Irací Hassler (PC) respecto del sobreprecio que pagaría y sobre irregularidades que mantenía el inmueble.
Se trata de un mail enviado por el abogado Diego Berríos, primer denunciante que expuso el caso ante la Contraloría y representante de Inmobiliaria las Malvas -dueña del primer recinto que evaluó el municipio para la instalación de su primera clínica municipal-, y donde por medio de 4.153 caracteres le informó a la jefa comunal sobre los eventuales inconvenientes que le traería persistir con la compra del citado lugar.
Según se aprecia en una copia del escrito, que es uno de los anexos que se acompañan en un informe elaborado por la Brigada Anticorrupción de la PDI, éste llegó a la casilla de Hassler -y a la de otros funcionarios- el 18 de enero a las 12.13 horas. O sea, dos días antes de que la Municipalidad de Santiago suscribiera el contrato de compraventa del inmueble con Inmobiliaria San Valentino por más de $ 8.200 millones
“Estimada Sra. Alcaldesa: Ayer tuvimos una reunión de lobby solicitada con Ud. y atendida, por delegación, por don Luis Mayorga, Secretario de Planificación de la llustre Municipalidad de Santiago. El mensaje del Sr. Mayorga es que no perseveran en la compra del inmueble ubicado en calle Carmen N°35, de propiedad de Inversiones Las Malvas SpA, a quienes represento. Por medio de la presente quisiéramos ponerla en antecedentes de distintas situaciones que, al parecer, Ud. desconoce, y son de carácter grave”, partió diciendo en ese momento el profesional.
Acto seguido, entre otros elementos, Berríos pasó a detallar a la autoridad que la exclínica Sierra Bella había sido transferida desde la Sociedad Médica y Maternidad S.A a la Sociedad Inmobiliaria San Valentino SpA recién unas semanas antes, en diciembre, y que a pesar de que ellos la comprarían por más de $ 8.000 millones, ésta había sido adquirida en $ 2.000 millones y estaba publicada en portales web en $ 3.000 millones.
De la misma forma, agregó: “La propiedad era hasta el 20 de diciembre de 2022 de una sociedad médica que tiene serios problemas jurídicos, por distintos motivos, pero el más importante es el que recientemente la prensa publicó (Diario Financiero) en que pedirían su quiebra. Esta última situación deja al inmueble en entredicho e incluso puede significar que la Municipalidad adquiera una propiedad a la que afectan acciones paulianas o revocatorias -en simple, un tribunal puede ordenar que se devuelva al patrimonio de la sociedad dueña anterior, y pedir su restitución a la Municipalidad-”.
También, Berríos afirma que San Valentino sólo tenía meses desde que había sido constituida, en abril, y que lo había hecho con un patrimonio de sólo $ 100 millones. Evidenció, igualmente, que todos estos elementos eran conocidos por Luis Mayorga, pues como dijo, éste les había confirmado el día antes que desde abril estaban haciendo los análisis para adquirir la exclínica.
¿Qué motivó el correo?
En el mail, Berríos también intentó aclarar la situación en que se encontraba la propiedad de calle Carmen n° 35, dado que en la última reunión que habían sostenido con Mayorga, éste les había insistido en que no podían seguir con la compraventa, dado que las Las Malvas había transferido el mismo a Inversiones Angostura Limitada.
De esta forma, planteó: “La sociedad dueña de la propiedad ubicada en calle Carmen n° 35 -Inversiones Las Malvas SpA- tiene la misma composición a la que se transfiere la propiedad -Inversiones Angostura Limitada- y sus representantes legales son los mismos. La Municipalidad no tenía antecedentes sobre los dueños sino hasta el estudio de títulos, por lo que nunca hubo engaño o falta de transparencia, como pretende hacer ver el Sr. Mayorga, y los cambios realizados fueron por razones societarias y no tributarias”.
Además, como señaló en su declaración ante la PDI Santiago Urzúa, padre de los dueños de Las Malvas y quien asistió a todas las reuniones de negociación como representante de la misma, determinaron que se enviaran todos estos detalles a la alcaldesa Hassler porque Mayorga no les había dado una “respuesta satisfactoria” ante las irregularidades que expusieron.
Así las cosas, en el correo se le terminó planteando una serie de interrogantes a la jefa comunal, puesto que estimaban que Sierra Bella reunía “situaciones mucho más graves y menos explicables” que Carmen n°35.
“¿Cómo explicaría el Secplan que se comprará por 8.000 millones una propiedad que en diciembre costaba 2.000 y que está publicada en 3.000 millones en la web? ¿Cómo explicarán que un abogado es dueño de la SpA y que acaba de adquirir la propiedad para venderla al municipio en 8.000? ¿Por qué insisten en desechar nuestra propuesta, pese al camino recorrido, y no en llamar directamente a un proceso público y transparente que resguarde el interés fiscal y, particularmente, su responsabilidad jurídica y política como Alcaldesa?”, plantearon, haciendo presente que esperan que ella misma pudiese atender el asunto y no hacer nuevas delegaciones.
Sin embargo, como dijo Urzúa en su declaración, pese a que la alcaldesa habría acusado recibo del correo, “de acuerdo a lo que se explica en la reunión de Concejo que se estaba celebrando ese mismo día, se hizo caso omiso de la información entregada”.
Por lo mismo, ahora la Fiscalía trabaja en determinar si efectivamente toda esta información llegó o no a manos de la alcaldesa Irací Hassler y si la recepcionó qué hizo con ella.
No vio el correo
Consultados por estos antecedentes que están plasmados en el último informe de la Brigada Anticorrupción de la PDI, el abogado defensor Miguel Schurmann aseguró que en su momento “la alcaldesa fue consultada por el fiscal de la causa por este correo enviado por Diego Berrios el 18 de enero de 2023 y contestó que ella no lo vio el correo antes del consejo municipal”. Pese a esto, explica el representante de la jefa comunal ante la justicia, alguien en el concejo le consultó por esto y en esa ocasión “el director jurídico de la Municipalidad tomó la palabra y explicó que el precio se formaba a partir de las tres tasaciones, siguiendo con ello los dictámenes de Contraloría”.
Junto con esto Schurmann agregó que “asimismo se tuvo en consideración la mayor celeridad con que podía comenzar a funcionar el CESFAM en la ex clinicia Sierra Bella en oposición a otras alternativas. Luego de ello 9 de los 10 concejales presentes en la sesión aprobaron la operación. Probablemente todos los concejales tomaron esto de quien venía, el dueño de Las Malvas reclamando porque se estaba comprando otra propiedad y no la de él”.
Petición de formalización
Dados los antecedentes, y considerando que parte de estos elementos también habían sido incorporados en el estudio de título de la exclínica Sierra Bella, el abogado Sergio Rodríguez, quien representa a los diputados republicanos que se querellaron en la causa, hizo presente que ya es tiempo que se avance en la formalización de los involucrados, como lo solicitaron al fiscal durante septiembre.
“Este correo demuestra que la alcaldesa Hassler -al momento de firmar el contrato de compraventa- tenía pleno conocimiento que los inmuebles de la exclínica se estaban vendiendo y se habían comprado en una cuarta parte del precio que ofertó a fines del diciembre de 2022. La Dirección Jurídica se lo informó con fecha 09 de enero y ahora -en virtud de este correo- sabemos que dos días antes de firmar el contrato, el 18 de enero, le representaron formalmente lo oscuro e irregular de toda esa operación”, comentó el profesional.
En los mismos términos, agregó: “A nuestro juicio -atendido ambos antecedentes- no es atendible la hipótesis de su defensa, al sostener que fue engañada por los tasadores o terceros. Sabía perfectamente que estaba comprometiendo fondos públicos millonarios para la compra de dos inmueble y que celebró un contrato de compraventa con un precio equivalente a cuatro veces el valor real tales bienes. Hemos pedido fundadamente la formalización de ocho imputados en esta investigación. La decisión ahora es del Ministerio Público”.
Como se lee en el documento al que hace alusión, se solicitó la formalización de la alcaldesa Irací Hassler, de Jean Pierre Chiffele, Luis Mayorga, Beatriz Chamorro, Felipe Sánchez, Patricio Gajardo, María José Sepúlveda y Mylena Cárcamo, por el delito de fraude al fisco consumado.
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