La firma de un contrato ley que da una concesión por 20 años prorrogables a la filial de una empresa canadiense para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica ha provocado unas inéditas protestas en Panamá que han dejado varios heridos, decenas de detenidos, choques entre policías y manifestantes y el cierre de carreteras importantes en todo el país. Los gritos de repudio han llegado hasta las puertas del Hotel Marriot de la capital, donde ministros de Ambiente, miembros de ONGs y tomadores de decisiones de la región se reúnen con motivo de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe.
“Cambio climático y minería matan”, se leía en una de las pancartas de los manifestantes que se acercaron al evento en rechazo al contrato minero firmado entre el Estado y la empresa Minera Panamá – subsidiaria de la canadiense Firts Quantum Minerals -, aprobado como ley por el Gobierno de Laurentino Cortizo el viernes pasado. “El documento tiene lesiones al Estado panameño en prácticamente todas sus cláusulas”, critica Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible.
Los motivos que más indignan a quienes se oponen al proyecto son dos: uno, que el contrato parece haberse hecho a espaldas de la comunidad. La ley fue debatida, aprobada y sancionada por el Gobierno en un tiempo récord: solo en tres días. Además, según cuenta Banfield, no se le permitió a la gente consultar bien el documento desde el principio y antes de que entrara a los debates. “La plataforma no permitía descargar el documento, tampoco conocer las opiniones que las personas vertían y mucho menos saber a dónde iba a parar lo que uno pudiera opinar. No es hasta que este documento entra al primer debate en la Asamblea Nacional que, a propuesta del diputado Juan Diego Vásquez, se logra establecer una discusión con la participación ciudadana”, explica la activista.
Para el abogado y exdiplomático Roberto Ruiz Díaz, esto supone una violación al Acuerdo de Escazú, del que Panamá es parte. Sobre todo, porque se necesitaba una mayor participación ciudadana ante la continuación de un proyecto de esta magnitud. Se trata de una mina de cobre de unas 12.000 hectáreas, ubicada en el Caribe panameño, en la provincia de Colón, sobre el corredor biológico mesoamericano. Es decir, sobre un área protegida. Aunque la mina ya venía operando desde 1997, lo que hizo el Gobierno fue aprobar un nuevo contrato por 20 años, que podría prolongarse hasta 40.
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