En agosto pasado entró en vigencia la ley que sanciona los delitos económicos y ambientales. Dentro de las características del nuevo cuerpo legal, se establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados “delitos de cuello y corbata”. Además, agrega como categoría de “delito económico” los delitos funcionarios, cuando estos sean cometidos con la participación de un miembro de una empresa o en favor de esta.
Sumado a lo anterior, la iniciativa establece una nueva forma de determinación de las multas (denominada “días-multa”), que se calcula a partir del ingreso promedio diario del condenado. Este sistema permitirá que la multa parta de media UTM (unos $31 mil), a una cifra máxima teórica de 300.000 UTM (del orden de $19 mil millones) para una persona natural, sin considerar el delito propio que cometa la empresa como persona jurídica.
Esta legislación está generando un cambio de conducta en las empresas. Precisamente eso es lo que reflejó una encuesta realizada por Fundación Generación Empresarial (FGE) y Mazars, aplicada a directores, gerentes generales, legales y de cumplimiento, de 96 empresas que operan en el país.
El estudio reveló que un 80% de las compañías contempla revisar su modelo de prevención de delitos a la luz de la nueva legislación, mientras que un 18% no lo piensa hacer y un 2% no sabe.
Otro de los resultados es que el 96% de las empresas ya cuenta con un canal ético u otro medio para recepcionar denuncias o consultas, los cuales en su gran mayoría (82%) están disponibles para cualquier persona -interna o externa- que requiera realizar alguna de estas acciones. Esto fue destacado por la presidenta de FGE, Janet Awad, quien sostiene que se trata de “instancias de compliance que facilitan hacerse cargo de estas temáticas”.
Según el sondeo, las empresas están enfocadas en capacitar a sus empleados en esta materia. Además, están considerando la contratación de nuevos profesionales para reforzar sus equipos. Al respecto, el 76% de los consultados afirmó que su organización ha realizado capacitaciones o acciones de comunicación para informar sobre la nueva ley, y un 44% indicó que ya ha realizado contrataciones adicionales o proyectan hacerlo en el corto plazo. “Esto nos muestra que las empresas están generando activamente estrategias para dar cumplimiento a la norma”, señala Fernanda Hurtado, gerenta general de FGE.
Por su parte, el managing partner de Mazars, Rubén López, realza la importancia de que “las empresas tengan un modelo de prevención del delito robusto y que los directorios se asesoren para hacer frente a estos desafíos”.
En ese sentido, plantea que “los cambios que trae este cuerpo legal no son menores: se han tipificado más de 200 nuevos delitos económicos, repartidos en múltiples leyes, todo, en busca de aumentar la confianza de la sociedad en el quehacer empresarial. Por lo mismo, creemos que es clave que las personas responsables de los modelos de prevención del delito tengan los niveles de competencia necesarios para aplicarlos y cumplir la normativa a cabalidad”.
