-¿Cómo está?
– Mal, me asaltaron, me pegaron en un ojo. Mal ¿Me trae un café?
Quien pregunta es una mujer que recibe en la oficina de Luis Hermosilla, ubicada en Alonso de Córdova, a María Leonarda Villalobos Mutter (51). Es lo primero que se escucha en el audio que tiene prácticamente a todos los abogados de la plaza hablando de lo mismo: la publicación de Ciper en que Hermosilla, Villalobos y Daniel Sauer hablan del pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para “controlar la información” vinculada a la investigación en contra del factoring Factop, firma de propiedad de Sauer.
Si bien las miradas están centradas en Hermosilla, dado el calibre de sus declaraciones, como también por su tonelaje político y jurídico, el rol de Villalobos también es relevante en esta historia. Así lo aseguran los abogados consultados, como también se desprende de la denuncia por soborno que la CMF presentará en contra todos los involucrados ante la Fiscalía.
De Hermosilla ya se sabe bastante, no así de Villalobos, pues no es una cara conocida dentro los abogados. Algunos consultados señalan que “operaba en las sombras”, aunque tampoco era tan así, pues su nombre figura como abogada de Sauer en la resolución con que la CMF sancionó a STF Capital Corredores.
La profesional egresó de la Universidad Bolivariana y se tituló recién en 2021. Antes, en 2016, se desempeñó como funcionaria de la Subsecretaría de Educación, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Se ha dirigido a esta Contraloría General doña María Leonarda Villalobos Mutter, funcionaria de la Subsecretaría de Educación, para solicitar la revisión y reapertura del sumario administrativo incoado en su contra en el Hospital San José de Melipilla, a cuyo término le fue aplicada la medida disciplinaria de censura, atendida su falta de emplazamiento en el referido proceso, debido a que las notificaciones fueron efectuadas a una dirección errónea, impidiéndole con ello comparecer y defenderse en las distintas instancias de dicha investigación”, se lee en un dictamen de Contraloría de ese año.