A un mes de que se celebre el plebiscito para esta segunda propuesta de nueva Constitución, es comprensible que muchos se pregunten cuál opción -A Favor o En Contra- es la más conveniente para aquellos que, sufriendo de fatiga constitucional, quieren cerrar el proceso constituyente. La mala noticia es que, independientemente del resultado, el ánimo refundacional seguirá estado presente en buena parte de la izquierda. La buena noticia es que este proceso constituyente se inició no porque la izquierda lo quisiera -la izquierda venía pidiendo una nueva Constitución desde hacía rato- sino porque una parte importante de la derecha se sumó a esos ímpetus refundacionales en 2019.
Como una mayoría del electorado quiere poner fin a la incertidumbre constitucional de estos cuatro años, bastará que la derecha no vuelva a sumarse a la demanda de la izquierda para evitar que el país vuelva a caer en este autodestructivo equilibrio.
La demanda por una nueva Constitución ha sido una aspiración constante de buena parte de la izquierda. Si bien los tres primeros gobiernos de la Concertación se centraron más bien en lograr reformas constitucionales que en producir un nuevo texto, curiosamente, la muerte del exdictador Augusto Pinochet a fines de 2006 avivó los llamados a favor de una nueva Constitución. Como el sistema político no fue capaz de lograr que Pinochet fuera sometido a juicio, la constitución de 1980 se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Así, en la campaña presidencial de 2009, tanto Eduardo Frei como Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate (los candidatos de centro e izquierda) prometieron procesos constituyentes en sus programas. En los tres casos, las promesas parecían más encaminadas a redactar textos similares a la Constitución vigente, pero emanados en democracia. Como en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote de Jorge Luis Borges, parecía que bastaba que otras manos redactaran el mismo texto para hacerlo un texto diferente.
Cuando Michelle Bachelet llegó al poder por segunda vez en 2014, una de sus promesas de campaña más sentidas fue iniciar un proceso constituyente. Ya que no tenía los votos en el Congreso, Bachelet inició un proceso no vinculante de diálogos constitucionales que se centró, fundamentalmente, en los derechos sociales que la gente consideraba como prioritarios. Aunque las constituciones son más bien debates sobre la sala de máquinas de la democracia, el énfasis de Bachelet llevó a mucha gente a creer que la red de protección social se podía fortalecer redactando un nuevo texto constitucional -y no con más crecimiento económico y mejores políticas públicas, como realmente se logra más inclusión social. Irresponsablemente, Bachelet presentó un proyecto de ley con el texto de una nueva Constitución pocos días antes de dejar su gobierno. El Presidente Piñera, que, en su campaña de 2021, activamente declaró oponerse a una nueva Constitución, rápidamente retiró el proyecto de Bachelet poco después de asumir el poder.
Aunque la izquierda hace rato que venía pidiendo una nueva Constitución, la derecha sistemáticamente se había opuesto. La opinión pública se pronunció, en 2017, a favor del candidato que hizo campaña oponiéndose a una nueva Constitución. Pero las cosas cambiaron durante el estallido social de 2019. La izquierda, que se tentaba con pedir la renuncia de Piñera, aceptó la propuesta oficialista de un pacto para iniciar un nuevo proceso constituyente a cambio de desistir del intento por derrocar al Presidente. Aunque el pacto también llamaba por la paz social, sólo la llegada del coronavirus en marzo de 2020 pudo frenar la violencia que se había normalizado en el país desde octubre de 2019.
Hoy, a cuatro años del estallido social y del acuerdo de noviembre de 2019, muchos comprensiblemente quieren que se termine la incertidumbre constitucional. Muchos aspiran a que el plebiscito de diciembre sea la ocasión en que el electorado envíe una clara señal de que quiere cerrar esa puerta de incertidumbre constitucional. Por eso, algunos llaman a votar A Favor del nuevo texto. Pero si se promulga una nueva Constitución, el Congreso deberá legislar decenas de leyes habilitantes -que además harán engordar la burocracia estatal- que nos tendrán por casi una década en modo constitucional. A su vez, los que llaman a votar En Contra saben que el texto actual, con sus requisitos de mayoría de 4/7 para ser modificado, no garantiza que se cierre el proceso constituyente.
La mala noticia, entonces, es que pase lo que pase en diciembre, el riesgo de exposición al virus de la incertidumbre constitucional será alto. Pero la buena noticia es que ese virus ha estado circulando en Chile al menos desde 2009. Los chilenos habían demostrado tener bastante inmunidad hasta que, producto del estallido social, la derecha mayoritariamente se sumó (tal vez sin entenderlo plenamente) al ánimo fundacional. La buena noticia es que la gente ya no quiere más incertidumbre constitucional. Por eso, si la derecha reconoce que fue un error aceptar la premisa de la izquierda de que la Constitución es la responsable de todos los males que hay en el país, el país podrá mantenerse inmune al virus fundacional que, pase lo que pase en diciembre, seguirá presente en la izquierda chilena.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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