Diputados oficialistas se sumaron a la preocupación por la crisis de seguridad que afecta al país y emplazaron al Ejecutivo a que se decrete un Estado de Excepción de carácter nacional.
Liderados por el diputado Raúl Soto (PPD), los parlamentarios Marcos Ilabaca (PS), Cristián Tapia (IND-PPD), Héctor Ulloa (IND-PPD), Jaime Araya (IND-PPD), Carlos Bianchi (IND-PPD) y Tomás Lagomarsino (PR), se sumaron a la solicitud. Además de los diputados Eric Aedo (DC), Felipe Camaño (IND-DC) y Rubén Oyarzo (PDG).
«Estamos en medio de la crisis de seguridad más grave de la historia republicana de Chile. Nuevas formas delictuales, mucho más violentas e importadas de otros países, están afectando la seguridad de nuestra nación y de los ciudadanos de nuestro país», señaló Soto.
En esa línea, argumentó que esta crisis se debe enfrentar como «una política de Estado», ya que «los delincuentes no son ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha».
«Hacemos un llamado a extremar las medidas y a echar mano a todas las herramientas constitucionales y legales disponibles para poner freno a esta situación ahora. No es tiempo de diagnósticos. Los diagnósticos ya están hechos, es tiempo de actuar», indicó el legislador.
Asimismo, sostuvo que «ya basta de no avanzar por problemas ideológicos» y que «el Estado no puede seguir respondiendo con informes o con reuniones».
En ese contexto, los parlamentarios propusieron tres medidas: Primero, decretar Estado de Excepción de carácter nacional, «donde se puedan ir focalizando los esfuerzos policiales y también militares para la seguridad de las personas, para perseguir al crimen organizado y a los delincuentes», explicó el parlamentario.
Además, llevar a cabo una «operación rastrillo a nivel nacional», «que permita perseguir a los migrantes irregulares que están cometiendo estos delitos en Chile, ponerlos ante la justicia o simplemente expulsarlos de Chile».
Finalmente, solicitaron la disposición de una cárcel especial para el crimen organizado de alta seguridad.
Pese a que el Ejecutivo, a través del ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, descartó decretar un Estado de Excepción nacional, el diputado Raúl Soto mantuvo la propuesta y dijo que «el problema supera al propio Gobierno y a las capacidades de las policías del Ministerio Público porque el Estado está atrasado en 10 años. El Estado desorganizado se encontró con crimen organizado».
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