Una de las herencias más complicadas que dejará el Gobierno de Alberto Fernández a la administración que asuma el próximo 10 de diciembre es la indexación casi total de la deuda en pesos. De los $33 billones que vencen entre diciembre de este año y todo 2024 el 98% son títulos atados a la inflación o la variación del dólar oficial. Estas herramientas sirvieron en el último tiempo para tentar a inversores en medio de la desconfianza de los mercados y el antecedente de reperfilamiento del 2019.
El problema hacia adelante es que, en caso de que el nuevo presidente quisiera avanzar en una corrección del tipo de cambio, que además puede disparar los aumentos de precios, los compromisos en moneda local se volverán más onerosos para el Tesoro. El mercado descuenta que tras el balotaje de ayer que dio por triunfador a Javier Mile se buscará un ordenamiento de los fuertes desequilibrios macroeconómicos.
El Gobierno de Fernández estuvo marcado por fuertes momentos de desconfianza que se reflejaron en los mercados de deuda domésticos. El caso más resonante fue la crisis financiera de junio de 2022 que derivó en la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Con la llegada de la ex titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, en julio del año pasado y, en particular, la asunción de Eduardo Setti como secretario de Finanzas se observó una importante suba en la tasa de interés de los títulos para tentar a los inversores.
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