A cuatro meses de que se cumpliera el plazo de los cuatro convenios que la Seremi de Vivienda de Antofagasta suscribió con la Fundación ProCultura, por un total de $ 500 millones, la cartera encabezada por Carlos Montes decidió poner término anticipado a los mismos. Esto, por graves incumplimientos. Junto con ello, además, iniciaron el proceso para que la ONG restituyera los fondos comprometidos.
Con miras en ese objetivo, hace algunas semanas el Consejo de Defensa del Estado solicitó al 1° Juzgado de Letras de Antofagasta la retención de los dineros que la entidad tuviera en la cuenta creada apropósito de los convenios. Sin embargo, tras diligencias realizadas por el receptor judicial Carlos Bonilla, se determinó que el saldo que mantenía el organismo fundado por el Alberto Larraín era de cero pesos.
“A siete de noviembre de 2023, siendo las 14:31 horas, certifico: haberme constituido en el Banco Santander con el objeto de proceder a la retención de bienes decretada en autos, específicamente de los dineros que se encuentran depositados en la cuenta corriente N°63883611, diligencia que no pude cumplir por haberme informado el Agente de dicha entidad bancaria, que la demandada no tiene fondos en su cuenta”, se lee en el escrito firmado por el funcionario y al cual tuvo acceso La Tercera.
Si bien la situación generó sorpresa y molestia -más ahora que la institución privada comunicó que pusieron fin a sus actividades- entre las distintas reparticiones del Estado que han seguido el caso, la orden fue que, en primera instancia, se buscaran todas las alternativas para asegurar cualquier tipo de bien que la fundación pudiese tener para así intentar recuperar dineros que no se usaron para los fines que fueron entregados.
En paralelo, además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó de inmediato al Ministerio Público -que pesquisa a la citada ONG desde mediados de año- que realizaran diligencias para determinar cuándo y bajo qué modalidad los fondos fueron retirados. Esto, para dilucidar si los retiros se hicieron de manera progresiva o si los movimientos se realizaron ya estallado el caso denominado líos de platas.
Los caminos
Una vez confirmado que no hay dinero en la cuenta de ProCultura por los convenios de Antofagasta, y considerando que Vivienda les está exigiendo la restitución de fondos, desde el CDE comentan hay distintas alternativas para asegurar que haya devoluciones.
En primer lugar -comentan a este medio quienes saben de las tratativas- se evaluarán los bienes que la ONG tenga a su nombre y se podría pedir al mismo juzgado civil que decrete medidas cautelares sobre ellos. Aquello, para que no puedan venderlos ni traspasarlos a nombres de terceros.
Si no existieran esos bienes o su valor no fuera suficiente para cubrir el monto exigido, de acuerdo con las mismas fuentes, habría que esperar lo que ocurra en la vía penal, ya que ahí se podría retener bienes a imputados, eventualmente los representantes legales de la fundación.
Consultado sobre los caminos que seguirán para recuperar dineros mal utilizado, el ministro Montes indicó a La Tercera: “Desde un principio hemos dicho que vamos a recurrir a todas las herramientas que nos entrega la ley para recuperar los recursos que han sido mal utilizados, por algunos inescrupulosos, para enriquecerse y no para ir en ayuda de los miles de chilenos y chilenas que necesitan una vivienda”.
“De esta premisa que tenemos como Ministerio, no escapa ninguna fundación que haya actuado de forma cuestionable, cometiendo irregularidades o faltas administrativas. De hecho, lo hemos demostrado al cerrar diferentes convenios, con diferentes organizaciones, entre ellas ProCultura y confiamos en que el Consejo de Defensa del Estado nos seguirá representando, con la misma seriedad y eficiencia que hasta ahora lo ha hecho, frente a los Tribunales de Justicia”, complementó el secretario de Estado.
Y en el mismo sentido, agregó que “el mensaje que queremos dejar como Ministerio y como gobierno es claro: no tendremos tolerancia ante la corrupción, las irregularidades o las faltas administrativas, quienes hayan cometido alguna o todas estas anomalías deberán responder ante la ley”.
Improcedencia de los gastos
De acuerdo con la petición que ingresó el CDE intentando resguardar los fondos que fueron entregados a ProCultura, la entidad incurrió en varias faltas consideradas graves.
Como se lee en el escrito de 11 carillas, “se informó que la fundación ha presentado rendiciones desde noviembre de 2022 hasta agosto de 2023, encontrándose todas rechazadas debido a gastos improcedentes, errores contables y retrasos en la entrega de las mismas”. Además, agregaron que la ONG “incurrió en un gasto improcedente por gasto de arriendo ascendente a $54.200.000 que se ordenó reintegrar, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a esta obligación”.
Asimismo, se hizo presente que en los cuatro convenios sólo presentaban un 20% de avance, lo que contraviene las clausulas estipuladas en los mismos. Igualmente, se precisa que no entregaron los informes técnicos semestrales a tiempo y que en lugar de darlos a conocer en abril, los entregaron en agosto. Tampoco, como se indica, cumplieron con las rendiciones técnicas y financieras que se les solicitaba.
En el documento, además, el CDE expone que ProCultura “cuenta con un patrimonio exiguo y con recursos que sólo han provenido de los convenios celebrados con instituciones del Estado, siendo un hecho público y notorio que sus últimas actividades han sido duramente criticadas, en términos tales que días pasados el Gobierno Regional de Antofagasta interpuso una querella contra su representante por el delito de apropiación indebida de dineros ascendentes a $373.002.500″.
Así las cosas, agregaron, la fundación en cuestión “enfrenta un dificilísimo escenario judicial, que en términos dinerarios asciende a $873.002.500 ($500.000.000 por el término de los convenios celebrados con la Seremi de Vivienda y Serviu, y $373.002.500 por el término del convenio celebrado con el Gore de Antofagasta), para lo cual sólo cuenta con un inmueble avaluado en $9.982.366″.
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