Una serie de gestiones son las que ha desarrollado el Ministerio de Vivienda -al igual que otras reparticiones- a propósito del denominado caso líos de platas. No solo han debido llevar adelante sumarios en diferentes reparticiones dependientes de la cartera y disponer medidas para frenar desórdenes detectados por Contraloría, sino que también avanzan en la suspensión de convenios de manera anticipada y en procesos de recuperación de dineros que catalogaron como “mal gastados”.
Así, en primer lugar, pidieron a Democracia Viva devolver a arcas fiscales $391.768.516, pero a la fecha ya son varias las fundaciones que engrosan ese listado y el monto total perseguido se eleva a $1.778 millones.
De acuerdo con datos que pudo recabar La Tercera, son un total de seis ONG a las que el Ministerio encabezado por Carlos Montes ha pedido restituir dineros, por tratos fijados en cuatro regiones. Entre ellas, además de la entidad dirigida por el ex-RD Daniel Andrade y ProCultura -cuyos casos han sido los mayormente divulgados-, se encuentran EnRed Social, Arquiduc, Acción Digital y Red Integral y Comunitaria.
En todos los casos, como han destacado desde la cartera, la decisión se funda en que incurrieron en irregularidades y violaron las disposiciones fijadas en sus respectivos contratos.
Con la acción, además, facultaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que soliciten en tribunales civiles la retención de fondos que las citadas organizaciones pudiesen mantener en sus cuentas bancarias. Aunque como publicó este medio, eso no fue posible en el caso de ProCultura, ya que mantenían cero pesos en la cuenta contratada en Banco Santander.
Nuevas acciones
Como pudo constatar La Tercera, la última de las acciones emprendidas fue la dispuesta la semana pasada en contra de EnRed por tres convenios que mantenían con la Seremi de Vivienda de la Región de O’Higgins.
En este caso, tras la liquidación de los contratos, el pasado 15 de noviembre se les retuvieron $224.192.000 que mantenían en una cuenta en el Banco Bice. Esto, previa autorización del 1° Juzgado Civil de Rancagua.
Consultado al respecto, el ministro Carlos Montes indicó: “Este es un nuevo paso que damos junto al Consejo de Defensa del Estado para cumplir con algo que hemos dicho desde que estalló este caso”.
“Vamos a utilizar todas las herramientas que nos permita la ley para recuperar los dineros que fueron traspasados a las fundaciones y que no han sido utilizados para lo que fueron destinados, que es ayudar a las familias, ya sea por faltas administrativas, acciones cuestionables o irregularidades”, enfatizó el secretario de Estado.
Las solicitudes
En el caso de Democracia Viva, como se mencionó, deben reponer $391.768.516 de los $426 millones que originalmente se le transfirieron desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, a raíz de tres convenios suscritos en septiembre de 2022.
En contra de ProCultura, por su parte, se dictaron cuatro resoluciones que finiquitaron todos los convenios de transferencias que también mantenían con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y que en suma alcanzan los $500 millones.
Conforme al detalle reportado por Vivienda, Arquiduc debe retornar todos los fondos que se le otorgaron por convenios suscritos en la Región de O’Higgins durante 2021, por un total de $121 millones. En este caso, además, se interpuso una querella por posibles delitos de negociación incompatible y tráfico de influencia.
En cuanto a Acción Digital, se solicita la restitución de fondos por convenios suscritos con la Seremi de Vivienda de Los Lagos. Si bien parte de aquello se habría ejecutado en regla, como se informó desde la cartera, se les pidió la devolución de un diferencial ascendente a $74.930.000.
Y por último, a Red Integral y Comunitaria se le pidió retornar $172 millones por convenios que alcanzaron con la Seremi de Vivienda de O’Higgins. Además, la repartición presentó una denuncia en Fiscalía.
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