El diputado José Miguel Castro (RN), quien presidió la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el caso de platas políticas, se refirió este martes a la aprobación del informe emanado por la instancia, en el que se hizo un reproche legal contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), una referencia que podría tener efectos constitucionales.
Luego de una extensa última sesión, la tarde de este lunes la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en votación dividida el informe de conclusión respecto de las presuntas irregularidades de las transferencias de dinero desde entidades públicas mediante convenios a fundaciones, casos que salieron a la luz pública tras conocerse los millonarios convenios entre la fundación Democracia Viva -ligada a RD- y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Por ocho votos a favor y cinco en contra la instancia se decantó por un texto que asigna responsabilidades políticas y administrativas al titular de Vivienda; a la exsubsecretaria de la misma cartera, Tatiana Rojas (RD); a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), y al jefe de asesores de la Presidencia de la República y exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (RD).
Sin embargo, las negociaciones de la derecha con los diputados Raúl Soto (PPD), Rubén Oyarzo (PDG) y Andrés Jouannet (Amarillos) derivaron en que la oposición accedió a atenuar la mirada sobre el papel que jugó Montes en este caso. Sin embargo, el reproche legal al ministro puede ser usado en una posible acusación constitucional. De hecho, una de las causales para pedir la destitución de un ministro es haber dejado las leyes “sin ejecución”.
Así lo manifestó este martes el diputado Castro, quien además fue uno de los impulsores del informe aprobado en la instancia junto a Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI).
“Creo que hay una omisión constitutiva reprochable, completamente reprochable. Y eso obviamente puede generar el día de mañana una acusación, podría ser, hemos visto acusaciones que se han llevado a cabo acá en el periodo pasado con mucho menos. Pero me gustaría primero ver qué es lo que tienen para ofrecer aquellos diputados que la podrían presentar o que la van a presentar”, dijo el parlamentario.
“Tendrán que analizar el artículo 41, específicamente, para ver si efectivamente si existió algún compromiso en parte a la delegación de firma. O sea, cuando uno delega la firma siendo un funcionario público, esto no exime de las cosas que pasen con esa firma y ese tendrá que ser el análisis y la decantación que haga este grupo de parlamentarios y en base justamente a eso, cada uno tendrá que tomar su decisión”, agregó.
Castro hace referencia a una amenaza de acusación que pesa sobre el titular del Minvu, que fue anunciada por diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Cocha, en compañía de algunas legisladoras independientes como Yovana Ahumada y Gloria Naveillán. Antes de la sesión de ayer lunes, las promotoras de este libelo señalaron que el informe de la comisión sería crucial para proceder a su presentación.
El diputado además destacó que la comisión funcionó con “sentido común” y sobre el informe apuntó que “hace pensar que -efectivamente – aquí se robó plata, que aquí hubo corrupción, que aquí las palabras “caiga quien caiga” se hicieron valer en el sentido más amplio del término, en el sentido de que independiente del blindaje que se le pudo hacer por parte del gobierno a algunos, se votó a favor y con nombre y apellido se habla del ministro Montes; de la directora de presupuesto; de Miguel Crispi, del Consejo de Auditoría en general y por lo demás también hay cinco páginas de propuestas, para que no se vuelva a caer en lo mismo”.
Luego de la aprobación en la comisión, el informe debe votarse próximamente en la Sala de la Cámara de Diputados.
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