A mediados de la semana pasada el equipo que asesora al exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, se activó. No sólo lanzó un comunicado donde aseguró que Presidencia tomó conocimiento del escándalo de Democracia Viva -que luego derivó en el caso líos de platas- antes de lo que había informado Palacio, sino que también su abogado, Andrés Bustos, pidió al fiscal Cristián Aguilar para que fije día y hora para declarar.
La idea de la otrora autoridad, de acuerdo con sus cercanos, es entregar una serie de antecedentes que reafirmarían su postura referente a que el 7 de junio, desde la subsecretaria de Vivienda -en ese entonces liderada por Tatiana Rojas-, se envió un completo informe al segundo piso de La Moneda respecto de la ejecución de recursos vinculados al Programa de Asentamientos Precarios y fundaciones.
En la instancia, según pudo conocer este medio, entregará detalles de las comunicaciones que mantuvo desde que se recibió la denuncia de los funcionarios con autoridades del gobierno central, ya que como afirman personeros que conocen de su estrategia, entre el 2 de mayo y el 7 de junio de este año envió una serie de antecedentes a petición de la subsecretaría.
Esos antecedentes, como recalcan sus cercanos, fueron los que sirvieron de insumo tanto para el informe que elaboró Ricardo Trincado, exjefe del Departamento de Asentamientos Precarios a quien recientemente se le pidió la renuncia, y también para el que, según Contreras, envió la subsecretaría a Presidencia.
Con esto, el exseremi busca despejar parte de las dudas que hay sobre su gestión, ya que si bien desde su entorno reconocen que hubo un error político al haber firmado un convenio con Democracia Viva, también resaltan que emprendió una serie de acciones para “mejorar” el sistema de suscripción de convenios con fundaciones.
“Se solicitó a la Fiscalía la oportunidad para que él pueda declarar y estamos esperando que nos dé una fecha, para que, en el contexto de la declaración, se refiera sobre los hechos que se le imputan y, a su vez, sobre cuándo se tuvo conocimiento de los convenios por parte del Ejecutivo. En relación a eso, se van a acompañar antecedentes que fortalecen y prueban lo que él declarará”, manifestó el abogado del exseremi, Andrés Bustos.
En el mismo sentido, el profesional agregó: “Esto se da en el marco de la colaboración de Carlos Contreras, que aparte de esto, también accedió al alzamiento de su secreto bancario sin tiempo limitado”.
Los pasos de Contreras
De acuerdo con antecedentes que pudo recopilar La Tercera, en medio de su declaración Contreras también espera realizar una serie de aseveraciones. En primer punto, como adelantó por medio del comunicado que emitió la semana pasada, que el jefe de asesores Miguel Crispi no dijo la verdad al señalar ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que sólo había escuchado rumores del escándalo que tiene a Revolución Democrática bajo la lupa de la Fiscalía.
“Se actuó con transparencia y seriedad; el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un ‘rumor’, como dijo en su minuto el Jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi”, indicó el exseremi en su declaración.
Pero eso no es todo, ya que además, el otrora seremi apuntará a la serie de inconsistencias que incluían instrucciones que él mismo recibió ante la firma de una serie de convenios con fundaciones. Apuntará, en ese sentido, a que la exjefa de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano, los apuró para que cerraran tratos y a que también visó la contratación de personal con cargo a los mismos contratos.
Eso de hecho está registrado en la carpeta investigativa del caso, puesto que el Ministerio Público ya levantó una serie de correos donde la exfuncionaria le manifestaba aquello.
Entre ellos está un mensaje que Serrano le envió a Contreras la tarde del 20 de septiembre de 2022, donde le manifestó: “Estimado Carlos, te escribo en relación a la gestión de convenios y a la conversación que tuvimos días atrás, respecto a la urgencia para su firma, reiterándote que tu región tiene un importante monto asociado a Convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria”.
Igualmente, la exautoridad entregaría detalles sobre las entidades que, junto con la repartición que encabezaba, validaron técnicamente los convenios suscritos. Entre ellos, apuntaría directamente contra representantes del Serviu de Antofagasta, ya que como aseguró a comienzos de septiembre de este año, “sin la aprobación de las jefas regional y nacional de Asentamientos Precarios más la firma de la directora de Serviu, no podrían realizarse los convenios”.
Junto con esto, dicen quienes están al tanto de sus tratativas, Contreras estaría evaluando acusar persecución política basándose en los argumentos expuestos por el Juzgado Civil de Antofagasta, que en noviembre acogió sólo parcialmente una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de Democracia Viva.
“La demanda es inepta por la falta de claridad de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya”, dijo el juzgado en ese entonces, por lo que cercanos a Contreras comentan que le daría pie para recurrir contra el Estado.
Expuestos estos elementos, que revisten características de denuncia, será el Ministerio Público el que decida si avanza o no por esas líneas investigativas.
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