Cada vez que un estadounidense es detenido en Venezuela, las autoridades los presentan como espías de las agencias de inteligencia norteamericanas, y de inmediato asociados con algún plan terrorista. Nada es tan apetecible para los funcionarios militares o policiales como detener a un norteamericano, a quien a veces tratan de extorsionar, por cifras en dólares, superiores a los USD 600 que recibe al apresar a uno de esos extranjeros. Cuando se supo que en octubre había sido detenido Savoi Jandon Wright, sin que el régimen venezolano lo hubiese anunciado, era previsible que lo usaría para otra “operación” de Inteligencia. Ayer se develó cuál era, cuando la Fiscalía ordenó la detención de varios integrantes claves del equipo de la líder opositora María Corina Machado, a la que le agregó otros nueve nombres de relleno.
Tarek William Saab Halabi, nombrado Fiscal General de la República por la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en agosto 2017, anunció este 7 de diciembre 2023, la judicialización de 13 personas, entre las cuales solo cuatro son realmente el objetivo para intentar desmantelar el equipo de la líder opositora: Roberto Abdul-Hadi, presidente de la organización Súmate; Pedro Alejandro Urruchurtu Noselli, coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de Machado; Henry Alviarez Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela; y la coordinadora nacional de comunicaciones del mencionado partido, periodista Claudia Nebraska Macero González.
Los perfiles de los cuatro principales señalados por el Fiscal General, y que pertenecen al equipo más cercano de María Corina Machado, son:
El abogado Henry Alviarez Alviarez, quien es el Coordinador Nacional del partido Vente Venezuela y uno de los más cercanos a Machado. En una entrevista con la periodista Vanessa Davies expresó “El gobierno de Maduro debe evaluar qué es más costoso: quedarse en el poder o buscar una transición… Ellos están muy golpeados por el civismo, ellos son los violentos”. Alviarez se encontraba junto a María Corina Machado, mientras ella se dirigía al país, justo en el momento en que Tarek William Saab anunciaba la orden de detención contra él y las otras 12 personas.
La periodista Claudia Nebraska Macero González, coordinadora nacional de comunicaciones de Vente Venezuela, es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, desempeñándose como jefe de redacción de los medios impresos El Nuevo País y la revista Zeta, así como en VerTvnoticias, en la emisora RCR con el programa Contigo Liberalmente, además de ser periodista de Vente Venezuela desde hace ocho años. Oriunda de San Juan de Los Morros, Macero también es cantante, y ha participado en conciertos en conjunto con poetas.
Roberto Abdul-Hadi Casanova, presidente de la Asociación Civil Súmate; es ingeniero mecánico graduado en la Universidad Metropolitana de Caracas, con Maestría en Análisis de Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Maestría en Ingeniería de Sistemas e Investigación Operativa de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y Maestría en Gestión Política y Comunicación Política de la Universidad George Washington. Fue detenido la noche del 6 de diciembre 2023.
Pedro Alejandro Urruchurtu Noselli, desde el 2021, es el coordinador de Relaciones Internacionales de Vente Venezuela y Coordinador de Partidos Políticos de la Red Liberal de América Latina (Relial), se graduó Magna Cum Laude en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de la cual ha sido profesor en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos; además es Miembro Regional de América Latina de la Federación Internacional de Juventudes Liberales (IFLRY, por sus siglas en inglés).
A todos les imputan, según dijo el Fiscal General, los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Los otros señalados
El resto de los mencionados están en el exterior: el expresidente interino Juan Gerardo Guaidó Márquez; Julio Andrés Borges Junyent, excanciller del gobierno interino de Guaidó; Lester Javier Toledo Soto, hombre de confianza del dirigente de Voluntad Popular (VP); Leopoldo Eduardo López Mendoza, quien también aparece señalado en la lista actual, quien estuvo detenido hasta la Operación Libertad, donde fue liberado por el exjefe del SEBIN, General Cristopher Figuera; Yon Alexander Goicoechea Lara, quien fue un activo dirigente estudiantil del partido Primero Justicia y luego militó en VP, salió del país en el 2013 y regresó en el 2016, siendo detenido el 29 de agosto de ese año, acusado de terrorista y liberado el 4 de noviembre 2017.
Se le suma a la lista David Smolanksi Urosa, dirigente de VP, fue alcalde del municipio El Hatillo en la Gran Caracas hasta que el Tribunal Supremo de Justicia lo destituye en el 2017 y fue sentenciado a 15 meses de prisión por lo que se fue al exilio y hace cinco meses se sumó al partido Vente Venezuela. Y Carlos Alfredo Vecchio Demarie, del partido VP y embajador del gobierno interino de Guaidó, contra quien el Fiscal General relaciona a la nueva conspiración por haber trabajado para ExxonMobil hasta el 2007.
También dos exministros: el de petróleo, Rafael Darío Ramírez Carreño y de Comunicación y Turismo, Andrés Guillermo Izarra García, quienes estuvieron en casi todo el Gobierno de Chávez y hasta el 2017 y 2015 respectivamente en el Gobierno Nicolás Maduro, y al salir de los cargos no tardaron en declararse chavistas pero no maduristas.
Hace poco más de un año, en octubre 2022, el gobierno venezolano canjeó a siete detenidos con nacionalidad estadounidense por los dos sobrinos de la primera dama Cilia Adela Flores de Maduro, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campos Flores, quienes habían sido juzgados en EEUU por narcotráfico. De los canjeados, cinco fueron empleados de Citgo, empresa filial de Petróleos de Venezuela; a Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y José Pereira los citaron, en el 2017, para una reunión en Caracas, donde fueron arrestados por funcionarios de Inteligencia. Los otros dos son el excabo de la Marina norteamericana Matthew John Heath, quien había sido detenido en septiembre 2020, y Osman Khan en enero 2022.
Aparece Savoi Wright
La excusa del Fiscal es que se conspiró contra el referéndum, llevado a cabo el pasado domingo 3 de diciembre 2023, sobre el tema del Esequibo; esa jornada electoral resultó en aparatosa debacle para el partido de Gobierno por la ausencia de electores, como se vio reflejado en cientos de reportes, mensajes, videos y fotografías que desde todos los rincones del país publicaron medios de comunicación, comunicadores sociales, dirigentes políticos y vecinos de diversas comunidades.
La Asamblea Nacional, a petición de su presidente Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, aprueba una moción de urgencia, durante la sesión ordinaria, del 21 de septiembre 2023, para convocar al referéndum para que el pueblo venezolano refuerce la defensa del Esequibo y los derechos de Venezuela sobre ese territorio en reclamación.
Un mes después, el 24 de octubre 2023, fue detenido el empresario estadounidense Savoi Jandon Wright, sin que el Gobierno venezolano haya mencionado el hecho. Su familia denunció el caso el 18 de noviembre 2023, destacando que para ese momento no lo habían imputado, no le permitían acceso a un abogado y que le estaban solicitando que diera miles de dólares.
La detención de Wright ocurrió cinco después de que el régimen venezolano y un sector de la Oposición firmaran el Acuerdo de Barbados, lo que motivó a que el doctor Gerardo Alberto Blyde Pérez anunciara que se dejó en libertad a cinco presos políticos, aunque en realidad solo fueron cuatro, Juan Requesens, Roland Carreño, Marcos Garcés y Eurinel Rincón, y una doctora, Mariana Barreto Falcón, quien nunca estuvo ni el tiempo ni por las razones que él dijo detenida.
Como ha ocurrido con mucho estadounidense que cae en manos de los cuerpos de Inteligencia venezolanos, el régimen no mencionó a Savoi Wright, hasta que ayer, 6 de diciembre, el Fiscal General Tarek Saab, lo relacionó a una supuesta conspiración contra el referéndum, con financiamiento de la empresa Exxon Mobil a dirigentes chavistas y opositores, entre ellos a los cuatro del equipo de María Corina Machado.
Para redondear mejor el caso, y porque no habría las pruebas del supuesto financiamiento, el Ministerio Público dice que el estadounidense Wright utilizó criptomoneda y “grandes sumas en efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar… Mantenía relaciones económicas con Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Roberto Abdul, líderes de la organización Súmate… Se logró identificar una serie de financiamientos provenientes del lavado de activos de organizaciones internacionales y empresas extranjeras”, dijo el Fiscal.
/psg
