La incertidumbre tiende a reducirse, no afecta a la clasificación de riesgo de Chile, pero continuarán las presiones fiscales para solucionar los problemas sociales. Esas son las conclusiones desde Wall Street respecto del plebiscito de este domingo en el país, donde la opción del “En contra” ganó con más del 55% de los votos y, por tanto, rechazó la nueva propuesta constitucional.

De partida, JP Morgan estimó que el rechazo le significa un triunfo al gobierno, quien si bien nunca se manifestó a favor de una opción, todos los partidos políticos que componen la coalición oficialista iban por el “En contra”: “Las repercusiones políticas del resultado parecen ser ventajosas para la administración Boric, al menos a corto plazo. De hecho, la administración se alineó con la opción de rechazo, ya que la propuesta se consideraba hija de la derecha que dominaba el Consejo”, planteó el banco de inversión.

Pese a que JP Morgan no duda que el proceso constitucional se cierra tras el plebiscito del fin de semana, la firma estima que no es absoluto y entiende que el tema de cambiar la Constitución puede volver luego del fin de este gobierno.

“Es probable que la incertidumbre institucional asociada a la reformulación de la Constitución quede amortiguada, al menos durante dos años. Sin embargo, una parte significativa de la población sigue intranquila por los orígenes de la Constitución”, apuntó. De esta forma, JP Morgan advirtió que “no pueden descartarse a medio plazo nuevos intentos de reformularla”.

Por su parte, la clasificadora de riesgos Moody’s, afirmó que “aun con el giro hacia políticas más enfocadas en aspectos sociales tras las protestas de 2019, el descontento continúa entre los chilenos, quienes perciben deficiencias en la cobertura y en la calidad de los servicios esenciales como la educación, las pensiones, el transporte y la salud, además de una creciente preocupación por un incremento de la delincuencia y un menor crecimiento económico”.

Y agregó que “esperamos que el gobierno de Boric se centre en abordar el descontento social mediante cambios en las políticas. La principal prioridad será aprobar el pacto fiscal propuesto: un proyecto de ley que busca abordar estas demandas sociales y, al mismo tiempo, mantener la prudencia fiscal, es decir, la relación deuda/producto interno bruto (PIB) por debajo del techo del 45%”.

Por su parte, Fitch Ratings comentó que “la incertidumbre sobre la economía chilena no necesariamente se disipará tras el plebiscito del domingo pasado”, agencia de riesgo que en un reporte enviado la tarde de este lunes señaló que el triunfo del “En contra” “pone de relieve las divisiones políticas y la polarización social en curso y podría aumentar las presiones fiscales”.

En esa línea, argumentó que “la incertidumbre política seguirá pesando sobre la inversión en sectores clave y sobre el crecimiento económico, mientras que es probable que aumente el gasto social para abordar algunas de las demandas que llevaron a las propuestas de reforma constitucional en primer lugar”.

Además, sostuvo que mientras la primera propuesta fue fruto de una convención “controlada por políticos de izquierda”, el borrador revisado este domingo “era más moderado y proponía cambios al sistema político para reducir la fragmentación y al mismo tiempo preservar en términos generales las disposiciones de la Constitución existente sobre cuestiones económicas y defender los derechos de propiedad”.

Con todo, la agencia indicó que el resultado del plebiscito “no afecta la calificación soberana de Chile, ya que los pilares macroeconómicos de la Constitución existente que han respaldado políticas sólidas seguirán vigentes”.

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