No me gustan las consignas como vía para promover políticas públicas, es más, varias veces he señalado el daño que han hecho a nuestro país políticas públicas basadas en consignas. Sin embargo, parece que es el lenguaje que les gusta a los que nos gobiernan, y de hecho el título de esta columna viene de una consigna similar, que se ha usado para diseñar una muy mala reforma de pensiones, aunque en este caso espero justificar mejor las razones de la consigna.
El punto de fondo es que, antes de que nos pidan más recursos por la vía tributaria, es imperativo usar de mejor forma los que estamos entregando, considerando que desde 2013 los impuestos recaudados han aumentado un 44% en términos reales. El gasto del gobierno ha aumentado aún más, un 54% real, voracidad que explica el deterioro de la sostenibilidad fiscal.
Es cierto que desde que llegó al poder, el gobierno ha moderado en forma importante los objetivos de recaudación adicional por la vía tributaria, desde un 8% del PIB que planteaba en su programa, a un 4,3% cuando presentó su reforma tributaria, y a un 2,1% del PIB de acuerdo con lo señalado en el “Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”. Los mayores recursos se destinarían principalmente a pensiones, salud, seguridad pública y protección social ¿Y qué pasa con educación? Parte del gobierno sigue insistiendo en la condonación del CAE, cuyo costo supera lo que se proyecta recaudar con nuevos impuestos. Conjuntamente, es evidente que el país tiene un déficit muy preocupante en esta materia, que no sólo daña significativamente nuestro potencial de crecimiento económico, sino que además hace inviable reducir la desigualdad del ingreso ¿Por qué el Pacto Fiscal no menciona recursos adicionales para educación?
La respuesta que ha dado el ministro Marcel a esta pregunta me parece clave, ya que justifica el título de esta columna ¿Qué dijo el ministro? Señaló que Chile es uno de los países de la OCDE que más gasta en educación en términos del PIB (de hecho, ocupa el segundo lugar), sin embargo, los resultados son mediocres, por lo que lo corresponde es buscar espacios de eficiencia en ese gasto.
Textualmente se plantea lo siguiente: “Antes de asumir nuevos compromisos de gasto en educación, se realizará un análisis comparado de la inversión pública por nivel educacional, proyectando los compromisos remanentes de gasto e identificando áreas prioritarias para la política pública. Entre éstos destacan la educación preescolar y la educación técnica”. Es evidente entonces que se estaría dando excesiva prioridad a la educación universitaria, como resultado de la política de gratuidad, que tiene un costo muy elevado, pero un efecto nulo en la calidad de la educación (de hecho, en la última década el gasto en educación superior es el ítem de gasto que más crece, luego de servicios generales). Esa deficiente política pública fue impulsada por los que hoy gobiernan, que además siguen exigiendo que se condonen las deudas de los universitarios, independiente de su situación financiera.
Hace una década nos pidieron más recursos para mejorar la educación en Chile, pero luego de entregar esos recursos, nos encontramos con malos resultados, producto de un uso ineficiente de éstos, lo que genera el riesgo evidente de que pase lo mismo con las prioridades actuales de gasto.
Tenemos un Estado crecientemente ineficaz e ineficiente, y además el significativo aumento de recursos ha generado problemas de corrupción y captura, esto último evidenciado por un aumento de 62% del número de funcionarios del gobierno en la última década. Simplemente no es razonable el cálculo que ha hecho la OCDE de los espacios de eficiencia, de un 0,11% del PIB, cuando vemos ese ritmo de aumento en la contratación de funcionarios.
Entonces, parece evidente que los ciudadanos debemos decir #NiUnPesoMasAlGobierno, mientras no veamos esfuerzos en serio por usar mejor los cuantiosos recursos que le entregamos cada año.
Por María Cecilia Cifuentes, economista, ESE Business School, para El Líbero
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