Doce meses han transcurrido desde el que el régimen cubano de Miguel Díaz-Canel prometió un 2023 más próspero para la isla que, en la actualidad, enfrenta una crisis política, económica y social sin precedentes.
La devaluación del peso cubano ha alcanzado niveles alarmantes, con un dólar que se cotiza en el mercado informal a más de 200 pesos y que refleja una caída de la moneda nacional de casi 50% en comparación con el año anterior.
Esta situación ha tenido un impacto directo en la economía doméstica, donde en octubre de este año, el salario mínimo mensual de un cubano se redujo a 8,23 dólares, quedando por debajo de las clasificaciones internacionales de pobreza extrema.
La propia dictadura cubana ha reconocido una contracción del 2% en su Producto Interno Bruto (PIB) este año.
“No resulta posible alcanzar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes que nos propusimos de un 3% para 2023″.
El ministro de Economía Alejandro Gil, atribuyó la inflación creciente a “múltiples factores”, incluyendo el déficit de mano de obra en el sector agrícola, el aumento de los precios internacionales y la ineficacia de las medidas gubernamentales. Estos problemas han impactado directamente en la disponibilidad de productos alimenticios básicos.
El régimen de La Habana también ha admitido el fracaso de la Tarea Ordenamiento, un conjunto de medidas económicas implementadas en los últimos dos años y que tienen su base en uno de sus mayores planes de ajuste macroeconómico en décadas, con subidas en los precios de la energía y el fin de los subsidios universales de alimentos básicos.
El primer ministro, Manuel Marrero, dijo en el Parlamento que se otorgarán ayudas específicas a los sectores más vulnerables, como los jubilados, los discapacitados y las familias de bajos ingresos.
“Estamos subsidiando lo mismo a un ancianito pensionado que al dueño de grandes negocios privados que tiene mucho dinero”, afirmó Marrero, reconociendo implícitamente el crecimiento de la brecha social.
La isla caribeña destina 1.600 millones de dólares al año para garantizar los alimentos de la canasta básica, que se venden a precios subsidiados en las tiendas estatales. Esta cifra supera el valor total de las importaciones de las pequeñas y medianas empresas privadas, que se legalizaron en 2021 y que ofrecen sus productos a precios muy elevados en el mercado.
Para el economista Pedro Monreal, las medidas implementadas por el régimen de Miguel Díaz-Canel forman parte de un modelo de reforma económica de la era soviética, conocido como Liberman-Kosygin, aplicado sin éxito en varios países.
De acuerdo con estimaciones oficiales la inflación en 2023 cerrará en un 30%, una cifra menor a la de 39% registrada en 2022.
Según analistas el índice de precios alcanzó los tres dígitos desde 2021, niveles de inflación no vistos por los cubanos desde el triunfo de la revolución en 1959.
En materia de Derechos Humanos, la situación en Cuba también ha empeorado. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha calificado la situación como extremadamente grave, señalando un incremento en la pobreza extrema del 13% en un año, alcanzando un alarmante 88%.
Durante el Examen Periódico Universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre, se expuso el deterioro de los derechos humanos en la isla.
Según el OCDH, el régimen cubano ha realizado más de 11.000 detenciones arbitrarias desde mayo de 2018. Prisoners Defenders (PD) reportó 1.062 presos políticos en la isla, incluyendo 34 menores de edad, muchos de los cuales fueron procesados por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
PD también informó sobre la existencia de alrededor de 15 patrones de tortura, afectando no solo a los detenidos sino también a sus familias.
(Con información de EFE y AFP)
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