La oposición decidió concretar su amenaza pre-plebiscitaria, ingresando la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes, por una serie de cargos relativos al escándalo del caso convenios. Hasta ahora, nada indica que las acusaciones o reproches en contra del ministro Montes sean de tipo penal o de responsabilidad civil o administrativa, sino que se enfocan, principalmente, en el vasto y poco definido espacio de la “responsabilidad política”.
¿Resulta correcto imputarle al ministro Montes responsabilidad política en este caso? ¿Qué rol cumplió, qué hizo o qué dejo de hacer para permitir este enorme desfalco con platas destinadas a los más vulnerables de Chile?
La investigación del Ministerio Público ha arrojado los primeros antecedentes: a lo largo de todo el país, se produjeron una serie de movimientos, decisiones y transferencias relativas a los programas de asentamientos precarios que, de manera aparentemente coordinada, terminaron asignando recursos a diversas fundaciones. Algunas de ellas, al parecer, creadas para este efecto o que cambiaron su giro para verse beneficiados por estas transferencias y convertirse en verdaderas máquinas políticas territoriales. Adicionalmente, se da cuenta de una serie de movimientos financieros, funcionarios fantasmas y una red de operaciones entre personajes de poca experiencia, pero de alta afinidad política, que logran coordinarse adecuadamente para sacarle el mayor provecho a este ejercicio con recursos estatales.
Nada de eso sería reprochable al ministro, si esto se hubiera mantenido al margen del control y del conocimiento de la administración. Pero ello no ocurrió. Hubo denuncias de funcionarios, hubo auditorías y hubo alertas que circularon por todo el Ministerio y el gobierno, que el ministro dice, ni se enteró.
Usualmente, cuando se presentan acusaciones constitucionales viene todo una discusión sobre la viabilidad política y los méritos jurídicos de la acusación; sobre el tiempo que se pierde en estas discusiones y sobre lo que este tipo de herramientas “distrae” de otras prioridades. Pero independiente del resultado de su presentación o del debate que se genera, creo que el foco debiera estar en los méritos que tienen los actores que la presentan.
Lejos de ser irresponsable, la presentación de una acusación a veces es indispensable, especialmente si uno considera el nivel de negligencia con la que actúa el gobierno y los responsables a cargo de ministerios, subsecretarías y organismos de gobierno, cuando en casos de corrupción tan graves como estos, no son capaces de anticipar y reaccionar a tiempo, para evitar un mayor perjuicio fiscal.
Adicionalmente, hay que considerar otro factor fundamental: la incapacidad del gobierno de hacer efectiva esa responsabilidad. ¿Qué legitimidad tiene un ministro tan cuestionado como Montes, por acción o por omisión, para liderar un Ministerio que ha sido vulnerado gravemente por corrupción? ¿Qué confianza hay en las decisiones que éste pueda tomar hacia adelante en el plan de emergencia habitacional o en otras áreas, si no pudo advertir el grave escándalo que se urdía, supuestamente a sus espaldas?
Con acusación o sin acusación, la crisis de corrupción sigue vigente y si el Presidente no es capaz de hacer efectiva la responsabilidad de un subordinado, el Congreso tiene el deber de actuar.
/Escrito para La Tercera por Cristián Valenzuela
