Durante los últimos meses ha sido frecuente conocer a alguien contagiado con Covid-19 cuya última vacunación ocurrió hace más de un año. En efecto, el último informe de Circulación de Virus Respiratorios del Instituto de Salud Pública, detectó que durante la semana 49 y 50 del año (del 3 hasta el 16 de diciembre), hubo 132% más contagios por esta enfermedad que en las mismas semanas de 2022.

Esta situación levantó la preocupación de diferentes parlamentarios y expertos, debido a que la campaña de vacunación para la dosis bivalente se reactivó en octubre -cuando el país comenzaba un alza de contagios- y la campaña para la monovalente -para grupos de riesgo- comenzó la segunda quincena de noviembre; mientras que en paralelo se conocía de más de 80 mil dosis vencidas en Atacama. Pero, ¿cuántas dosis de vacunas contra el Covid han vencido en todo el país?.

El Líbero tuvo acceso a una información enviada vía Transparencia por el Ministerio de Salud, donde se informa que durante este gobierno vencieron 1.850.362 vacunas contra el Covid a nivel central (marzo de 2022 a agosto de 2023).

Es decir, esas dosis no alcanzaron a ser distribuidas a regiones, por lo que este número es un “desde”. Esto, porque cada secretaría regional ministerial (seremi) cuenta además con otro tanto de vacunas que caducaron, que rompieron su cadena de frío, se quebraron o se perdieron, y cuyo número no se conoce a cabalidad.

No obstante, la información emanada desde 11 seremías a las que también accedió este medio, permite advertir que 692.813 dosis que se eliminaron por esas razones, no llegaron a ningún brazo entre marzo de 2022 y 2023. De este modo, la cifra de vacunas que no alcanzaron a usarse supera ampliamente las dos millones de dosis.

En tanto, las vacunas compradas durante esta administración (marzo de 2022 a noviembre de 2023), llegan a 24.292.880.

Los números, también en regiones

De las 1.850.362 que vencieron entre marzo de 2022 y agosto de 2023, sin alcanzar a ser repartidas de Santiago a las seremías, 51,7% de ellas eran del laboratorio Moderna; 41% Astrazeneca; 5% Sinovac; 1,5% Pfizer; y 0,8% Pfizer pediátrica.

Según estos datos, durante esta administración en la Región de Tarapacá 65.456 dosis fueron eliminadas; 81.462 en Atacama; 31.340 en Coquimbo; 3.506 en O’Higgins; 1.982 en Ñuble; 694 (sólo en 2022) en Biobío; 22.984 en Los Ríos; 28.658 en La Araucanía, 11.423 en Aysén; 11.822 en Magallanes y 433.486 en la Región Metropolitana. En esta última región, el vencimiento es de 2022 y 2023, pero la eliminación de los frascos se hizo en enero de este año, mientras que otro tanto, está en proceso.

Arica, Valparaíso y Maule denegaron la información y el resto pidió prórroga para entregar su respuesta.

En contrapartida, ninguna región supera el 29% de su población priorizada vacunada con la dosis bivalente, según la información publicada por el Departamento de Estadísticas e Información en salud (Deis). Esa campaña comenzó en abril.

Minsal no puede dar a conocer cuánto costaron las vacunas eliminadas

Ni el Ministerio de Salud ni las seremías respondieron por Transparencia a cuánto dinero correspondía las vacunas vencidas o eliminadas. ¿La razón? Argumentaron que revelar la cifra afectaría “el interés nacional”, pues podría, por ejemplo, «perjudicar negociaciones, adquisición, entrega o recepción de los productos», toda vez que «otros compradores podrían acceder a las condiciones otorgadas por los laboratorios a Chile» y citan la denegación de un recurso de amparo del Consejo para la Transparencia en esa línea. Lo mismo explicaron desde la Subsecretaría de Salud Pública, desde donde afirmaron que no se puede entregar un cálculo de cuánto dinero representó la merma porque son «datos confidenciales establecidos en los contratos celebrados con los diferentes laboratorios».

No obstante, según fuentes consultadas, las vacunas tienen diferente valor dependiendo de su marca. Así, el precio oscilaría entre US$ 4 y US$ 30, cada una.

En la consulta de Transparencia, Minsal tampoco detalló cuántas dosis no se usaron por región porque “la información no se encuentra consolidada a nivel central, por ser materia de las secretarías regionales ministeriales». En este punto destacan que las seremis funcionan de manera «descentralizada» y que ello se hace para atenuar la centralización y «concretar la regionalización y propender a una gestión administrativa más ágil».

Juntar los datos, agregan, «generaría distracción indebida de los funcionarios de esta subsecretaría», pues al personal de Transparencia le tomaría 22,6 días hábiles conseguir esa información con cada seremi. Esto, reconocen, porque no hay un registro único de este tema, ni un sistema que permita esa «interoperabilidad». A mayor abundamiento, hacen patente que «no existe un formato unificado en base al cual deba llevarse el registro de estos datos, sino que cada seremi registra su información utilizando un formato autónomo e independiente de las demás regiones».

Mañalich advierte “derroche de bienes públicos” y posible nuevo brote de Covid

A juicio del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, hay tres aspectos que considerar en el hecho de que prácticamente más de dos millones de vacunas dejaran de ponerse.

Una es que “hay un derroche de bienes públicos, porque estas vacunas se compran para ponerse gratuitamente. No tienen costo para quien las recibe. En segundo lugar, estas vacunas corresponden a la campaña de vacunación que debería haber ocurrido en el otoño de este año para prevenir precisamente en invierno, que hubo una buena circulación, y sobre todo lo que está ocurriendo ahora, que en todas partes del mundo está subiendo (el contagio) con una nueva variante que se llama Pirola y que ya está presente en Chile, está subiendo el número de casos y desgraciadamente el número de hospitalización y muerte”.

El 4 de diciembre la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, explicó a El Mercurio que “del total de las mermas de este año, el 89,7% de las dosis se perdió porque ingresó una nueva vacuna actualizada”. La subsecretaria no dio números y la explicación no satisfizo al senador Juan Luis Castro (PS), quien ofició a la Subsecretaría para que especificaran si Albagli se refería a vacunas vigentes que dejaron expirar en espera de la llegada de la vacuna monovalente en noviembre o si bien hablaba de vacunas vencidas. En etapa no pandémica “una vacuna mono o bivalente tienen la misma eficacia”, dijo el senador que aún no recibe respuesta de Salud.

La Subsecretaría de Salud Pública informó a El Líbero que la mayor cantidad de mermas se dio «por el vencimiento de vacunas monovalente adulto con la formulación original (variante Wuhan), las que se dejaron de usar tras la llegada de las dosis bivalentes (que protegen contra la variante Omicron), que las reemplazaron, de acuerdo con la recomendación de CAVEI de utilizar la vacuna más actualizada disponible». La Subsecretaría agregó que «hoy nos encontramos en un proceso de cambio del tipo de vacuna que se está administrando, ajustándonos a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de disponer siempre de la vacuna más actualizada disponible, en este caso la monovalente para la temporada 2023-2024 (variante XBB.1.5) Este proceso se da en concordancia con el uso de las últimas dosis de vacunas covid-19 bivalentes, generándonos un traspaso adecuado que se empalma con el inicio de un nuevo proceso de vacunación anual contra covid-19, el cual dio inicio el día 20 de noviembre de 2023, es este el motivo por el cual se prioriza el uso de vacuna actualizada en grupos de mayor riesgo frente a otras».

Y ahí está el tercer factor. Según explica Mañalich, las vacunas que no se usaron, mientras estuvieron vigentes, igual generaban inmunidad de entre cuatro a seis meses, y al no haberlas aplicado, se generó “una población susceptible de enfermar con las variantes antiguas”. De ahí que estemos “experimentando un brote primaveral o veraniego, que no es raro en Covid. Cuando llegó la variante Omicron a Chile, el brote empezó en enero y fue el brote más importante que tuvimos en Covid, mucho más que la variante inicial”.

Mañalich cuestiona que no se haya generado una campaña de vacunación con comunicación efectiva en otoño e invierno a la población en general, a la luz de lanzar la campaña de la vacuna monovalente en noviembre para la cepa XBB 1.5. Esto, porque en los hechos, la vacuna actualizada tampoco protege contra la variante Pirola, por lo tanto lo relevante no era tanto qué tan actualizadas estaban las vacunas, sino la vacunación propiamente tal.

“Esto implica que estamos sometidos a un riesgo país para cuando empiece ahora en enero o febrero una nueva variante en la cual la protección de la inmunidad de la población es muy escasa y aquí si el gobierno, la subsecretaria de Salud Pública, no se ponen las pilas, nosotros arriesgamos a tener un brote de nuevo de Covid, no de la magnitud -supongo, espero- de lo que vivimos en los dos ciclos anteriores, el original y el omicron, pero que puede ser muy grave y que obligan a respuestas”, concluye.

El “secretismo” de Estado y diputado pide renuncias

«Hoy pido la renuncia de todos los responsables del manejo de Covid-19 porque es inaceptable desde todo punto de vista que más de dos millones de vacunas se hayan perdido. Hace poco nos enteramos de lo ocurrido en la Región de Atacama y ahora gracias a este medio podemos saber la real dimensión de este tema de las vacunas. Es insólito y contradictorio que mientras perdemos más de dos millones de dosis, en la provincia de Osorno el principal establecimiento de salud pública señale que el Covid ocupa 53,8 % de los virus que circulan en la provincia. Esto nos dice claramente que este gobierno se olvidó que existe este virus y bajó la guardia en todo lo relacionado con él. Una muestra de ello es la baja vacunación de los niños más pequeños», dice a El Líbero el médico y diputado UDI, Daniel Lilayu.

Lilayu ofició a la Subsecretaría de Salud Pública el 28 de noviembre, solicitando sin éxito que se le informara sobre las gestiones realizadas con fines comunicacionales para llamar a la población a vacunarse, «si existió un orden de priorización según vencimiento, y si se evaluó redestinarlas a otras regiones para evitar su pérdida». También pidió conocer por qué se adquirieron «más vacunas de las necesarias» en Atacama y las pérdidas económicas que ello representó.

Además de criticar lo que considera un despilfarro, el parlamentario adelanta que solicitará que la Comisión de Salud de la Cámara pida al Minsal todos los antecedentes al respecto. «Es relevante recordar que la ley de probidad impone la obligación a todos los que participan en la administración del Estado a ejercer una labor de eficacia y control en los recursos que manejen», afirma insistiendo que el asunto es grave y que sin mediar una denuncia, debería ocurrir «la renuncia inmediata de las autoridades que directamente tenían a cargo el resguardo de estas vacunas. Los programas de salud de la población son de los temas más sensibles, ya que afectan en primer lugar a los más pobres y vulnerables y es ahí donde el Estado no puede darse este tipo de negligencia dolosa«.

A inicios de diciembre y a raíz del caso de Atacama, la diputada Paula Labra (IND-RN) también ofició a la Subsecretaría de Salud Pública, para que indicara la cantidad de vacunas contra el Covid-19 que vencieron durante 2023 en todo el país, detallando la fecha de vencimiento y la cantidad de recursos públicos perdidos por esta causa, además de que se le informara cuántas dosis se compraron. Hasta el momento no ha tenido respuesta.

«Sabemos que el buen manejo de la pandemia, en términos de vacunación, es una herencia del gobierno anterior. Actualmente se formó la tormenta perfecta en perjuicio de la salud pública, pues este gobierno ha demostrado su inexperiencia -que lo ha dicho el mismo contralor- su mala gestión y falta de voluntad», afirma Labra a este medio.

A causa de esto, a principios de diciembre los diputados de Renovación Nacional e integrantes de la comisión de Salud de la Cámara, Andrés Celis y Hugo Rey, además de Labra; enviaron una carta al director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidiéndole que intercediera ante el gobierno de Gabriel Boric para evitar que la vacunación contra el Covid-19 se ralentice.

Ese “secretismo” no le extraña a Mañalich, porque le recuerda lo que pasó cuando denunció que no se estaban trasladando niños con virus respiratorio sincicial a clínicas pese a que sí había disponibilidad de camas en invierno. Además, recuerda que el grado de exigencia de transparencia de información durante su mandato y el del ministro Enrique Paris, ya no existe: “Hoy día la autoridad no da cuenta alguna de ninguna información, de qué es lo que está pasando con las personas vacunadas (…) La doctrina actual es el secreto de Estado y en las vacunas no son la excepción. Es una doctrina de gobierno: ‘No digamos nada para que no nos pillen’”.

Luego de que se terminara la alerta sanitaria el 31 de agosto, el sitio web de Minsal dejó de publicar reportes diarios, aunque el informe diario de vacunación ya había sido suspendido el 28 de abril y el último reporte de Redes Asistenciales es del 25 de enero. Los informes epidemiológicos sí se siguen publicando cada semana.

Baja vacunación pediátrica

De las vacunas vencidas a nivel central, 16.600 eran Pfizer monovalentes pediátricas, mientras que aquellas que fueron eliminadas en regiones, suman 7.172. Más de 23 mil vacunas para niños que no se usaron.

Según el último informe del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, la vacunación justamente en preescolares, va lenta.

De acuerdo con el análisis de las cifras del CIPS, al 28 de noviembre del 2023 había una cobertura de 30,3% en dosis de refuerzo para los menores de 3 a 5 años y la cobertura de cuarta dosis en escolares seguía bajo: “En el grupo etario de 3 a 5 años se registra cobertura del 6,5%, donde se cuenta menos de 50 mil cuarta dosis para esta población. Si solo se considera a las personas aptas para cuarta dosis, la cobertura sube a 22%, lo cual sigue siendo bajo. Estas cifras son alarmantes, ya que después de un año todavía no hemos llegado siquiera a cubrir un 10% de esta población con cuarta dosis. Cabe mencionar que ya no se puede ver la actualización diaria de vacunación en estos grupos etarios, debido a que deshabilitaron el acceso a la base de datos”.

Original de El Líbero

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