El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, admitió la mañana de este viernes que el indulto otorgado a Luis Castillo y la pensión de gracia a Andrés Fuica han afectado al gobierno.
Castillo, uno de los 12 indultados por el Presidente Gabriel Boric en 2022, el viernes 15 de diciembre pasado fue formalizado por el Ministerio Público por los delitos de secuestro extorsivo y robo con intimidación. El imputado permanece en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la sociedad y además fue trasladado de la cárcel de Copiapó a la prisión de La Serena tras ser calificado como “reo peligroso” y de “alto compromiso delictual”. Desde la derecha han solicitado que el Mandatario pida disculpas al país por entregar ese beneficio.
En tanto, Fuica, uno de los beneficiados de las pensiones de gracia en el marco del estallido social, fue condenado por saquear un supermercado en octubre del 2019, en medio de las manifestaciones y desmanes. Además, un decreto del ministerio del Interior aumentó su pensión, que pasó a $ 504.069 mensuales. Esto generó una rápida reacción en la oposición, como la presentación de un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) de un proyecto de reforma constitucional para dejar sin efecto las pensiones de gracia de las víctimas del estallido.
Inquirido por los efectos que tuvo para el Ejecutivo la entrega de esos beneficios, el ministro (s) señaló: “Es evidente que ha afectado al gobierno, pero son decisiones políticas complejas. Las decisiones se tomaron y el gobierno asumió las consecuencias de aquello”, dijo en diálogo con Tele13 Radio.
Sin embargo, Monsalve aseguró “eso no ha alterado nada la determinación del Presidente de la República y la determinación del gobierno de entender, primero, que la seguridad es un derecho que el gobierno tiene la obligación de garantizar. Y segundo, que se requiere políticas de Estado que sean efectivas para cambiar las condiciones de seguridad del país”.
Venezuela: “La relación bilateral no puede beneficiar a un solo país”
La autoridad de gobierno también fue consultada por el viaje fallido a Venezuela que fue anunciado en noviembre pasado, para coordinar con el gobierno de Nicolás Maduro expulsiones de migrantes irregulares.
“En la relación entre dos países tienen que haber intereses comunes. A veces no siempre es fácil encontrar esos intereses comunes, porque la relación bilateral no puede beneficiar a un solo país”, dijo.
Y luego ahondó: “Para expulsar un ciudadano de origen venezolano, por ejemplo, luego de firmar la resolución de expulsión, el director del Servicio Nacional de Migraciones tiene que tener una corroboración de identidad. Sin esa corroboración de identidad no puede subir al avión para ir a Venezuela. En segundo lugar, si es que quisiera enviar a ese ciudadano expulsado a Venezuela en un avión distinto a los vuelos comerciales, necesitaría autorización para ingresar al espacio aéreo venezolano. Yo no puedo hacer esas expulsiones sin tener un acuerdo con el gobierno venezolano”.
Sobre los avances en la materia, Monsalve apuntó que existe “un documento de propuesta que esperamos firmar con el gobierno venezolano” y reconoció que lo que no han podido lograr “es que el gobierno venezolano termine la revisión en detalle de ese documento y nos dé una fecha. Esa es la fecha exacta en la que nos podremos reunir presencialmente”.
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