La Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados -liderada por Nelson Venegas (PS)- anunció este martes que iniciará una investigación para aclarar si se vulneró la Ley de Lobby en el caso de los parlamentarios que participaron los encuentros que organiza, en su departamento, el exalcalde de Santiago y La Florida, Pablo Zalaquett (UDI).

“La propia ley 20.730, que es la Ley de Lobby, y sus respectivos reglamentos nos colocan a nosotros (la comisión) la obligación de conocer este tipo de situaciones y las eventuales vulneraciones que pudieran haber existido al número de registro por parte las personas que pudieron participar en estas reuniones”, señaló Venegas.

El timonel de la instancia detalló que, hasta el momento, tienen conocimiento de cinco legisladores que habrían asistido a dichas reuniones. “Pueden haber más”, precisó, agregando que aquello lo van a ir “definiendo y dilucidando”.

En ese sentido, especificó que desde la comisión dictaron “una medida para mejor resolver, en el sentido de que estamos solicitando el registro que tiene que llevar a cabo la Cámara de Diputados para ver quiénes son las personas que participaron y, evidentemente, los vamos a citar y vamos a iniciar todas las investigaciones respecto de si se vulneró esta ley y aplicar las sanciones que correspondan”.

Los legisladores Juan Santana (PS), Alberto Undurraga (DC), Eric Aedo (DC), Guillermo Ramírez (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli) son quienes, por ahora, han reconocido haber asistido a las citas en el domicilio del lobista.

Sanciones desde las 10 hasta las 30 UTM

Respecto a los posibles castigos que podrían enfrentar los parlamentarios, Venegas comentó que “hay que considerar que son superiores a las que establece el propio Reglamento de Ética”. Esto, porque “en el caso de vulneración de la Ley de Lobby, a la Comisión de Ética le corresponde aplicar sanciones que van desde las 10 hasta las 30 unidades tributarias mensuales (UTM)”.

Ante la polémica desatada desde que se conocieron estos encuentros, el diputado cuestionó la propia normativa, calificándola de “absolutamente interpretable”.

“Son las ambigüedades propias de una ley muy antigua que ha dejado ciertos vacíos. Pero, en términos concretos, por lo menos en lo que dice relación con el tema de los diputados, sin adelantarnos a cuestiones de esta naturaleza, evidentemente tenemos una complicación respecto de personas que participan en reuniones y que no se registran como lo ordena específicamente la ley”, dijo.

Además, puntualizó en que la medida anunciada durante la jornada “va más allá” de lo que dictamina la ley, sino que tendría que ver con las “actuaciones éticas y transparentes” que debe fiscalizar la comisión en cuestión.

“Nosotros consideramos que, en ese sentido, debemos dar una señal clara respecto de que el Congreso tiene que gozar de una mayor legitimidad ciudadana y, lamentablemente, hoy día no goza de legitimidad. Tenemos que hacer todo tipo de gestiones y acciones que, precisamente, traten de revertir esta situación tan crítica que tiene la opinión pública respecto de nuestro proceder”, esgrimió.

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