El gobierno arremete otra vez con su reforma de pensiones. La ministra Jara presenta indicaciones que según ella consideran la opinión de la oposición y de expertos. Pero la oposición abandona la sesión de la comisión de la Cámara de Diputados porque las indicaciones no toman en cuenta su opinión de que el 6% de cotización adicional debe ir a capitalización individual y los principales expertos (David Bravo, Klaus Schmidt-Hebbel, Joe Ramos) creen que la reforma del gobierno agravaría los problemas de bajas pensiones al insistir en más reparto y menos creación de ahorro a través de capitalización.
¿Qué la pasa a la ministra entonces? Que no entienda del tema es una posibilidad, porque jamás se mueve de la consigna (“nuestra principal preocupación es aumentar las pensiones”) y de ahí no sale, no explica, no entrega datos, sólo nos regala su mejor sonrisa. La otra posibilidad (baile de máscaras) es que su objetivo no sea aumentar las pensiones, sino que poner término a las AFP, transformar al Estado en el administrador de los fondos y dominador del mercado de capitales, cumpliendo la agenda de su partido, el Comunista.
¿Pero entonces qué pasa con el ministro Marcel? Él sí entiende el problema previsional y que sepamos no es comunista. Debiera entonces hacerse cargo del tema de fondo de la reforma. Él sabe que por el envejecimiento de la población todos los países que están haciendo reformas introducen más capitalización y menos reparto, pues este último sistema entrega pensiones cada vez menores en todo el mundo. También sabe que las menores tasas de interés a nivel mundial exigirán más cotizaciones para obtener los mismos retornos. No ignora que la reforma de Piñera incrementó la PGU al punto que las pensiones más bajas entregan tasas de reemplazo al nivel de los países de la OCDE, por lo que el problema que sigue pendiente en Chile es mejorar las pensiones de los trabajadores de ingreso medio, lo que sólo se puede hacer con mayor ahorro individual y no quitándole esos recursos a los trabajadores para incrementar las pensiones de los actuales jubilados, ni cargando la contratación con mayores impuestos al trabajo, porque ello inevitablemente disminuirá el ahorro previsional y las pensiones futuras.
El ministro Marcel también sabe que el estudio de David Bravo sobre tasas de reemplazo demuestra que éstas son mejores de lo que se creía para las rentas bajas, pero serán mucho peores en el período 2023-2042, por lo que se requiere más capitalización; lo que es corroborado por Joe Ramos quien considera incomprensible que trabajadores que mañana tendrán menores pensiones que las actuales financien vía reparto las pensiones de los actuales jubilados. No podemos llamar solidaridad, como hacen la ministra Jara y otros, a esta modalidad de redistribución de ingresos tipo Hood Robin.
Por qué Mario Marcel insiste en esta reforma, entonces, pasa a ser parte de un problema más complicado, sobre el que el ministro de Hacienda debe reflexionar cada día a partir del momento en que aceptó encabezar esa cartera para un gobierno con el programa económico-social que prometió Gabriel Boric. De pasada, podría el ministro revisar su opinión de que la figura del autopréstamo no es un retiro encubierto, a la luz de mociones que ya se han presentado en el Congreso para quintuplicar el monto máximo del autopréstamo, amenazando con una nueva escalada de retiros que continúen disminuyendo el nivel de las pensiones futuras.
De todo lo anterior se colige que el gobierno no tiene como intención mejorar las pensiones de los chilenos en el futuro. Queda ahora entender por qué parlamentarios de Chile Vamos y otras colectividades leales a una institucionalidad democrática querrían negociar con los ministros Marcel y Jara aspectos puntuales de un proyecto que es insanablemente malo por su diseño conceptual y llevaría irremediablemente a deteriorar las pensiones de los chilenos.
En apoyo a la reflexión de los representantes de la oposición les dejo un elemento adicional. ¿Cuál es el concepto de previsión social que puede haber detrás de 18.000 pensiones de gracia que se han concedido a personas que, en su mayoría al parecer, exhiben como principal mérito el haber atentado contra la propiedad y la integridad física de terceras personas?
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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