A la salida de la sede del Congreso Nacional en Santiago, al fiscal nacional le consultaron si “algún elemento de lobby” por las reuniones en el departamento de Pablo Zalaquett “podía terminar en sede penal”. Ángel Valencia no demoró en contestar: “No quisiera especular sobre el posible resultado o la orientación que aquello pueda tener. Si recibimos en algún momento una denuncia, se analizará en su mérito”, dijo.
Y aunque segundos después volvió a señalar que prefería no especular del “destino que aquello pueda tener”, Valencia añadió que “si hay hechos que constituyen delito, por supuesto que se va a abrir una investigación”.
Las dudas en torno al carácter de los encuentros de seis ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric con empresarios aún se mantienen. El viernes el Mandatario le pidió a las autoridades revisar si correspondía subir todos los antecedentes a la plataforma de lobby, pese a que el gobierno en un principio defendió que los encuentros no eran necesariamente lobby. Finalmente y salvo Carolina Tohá (Interior), el resto de los ministros -Nicolás Grau (Economía), Esteban Valenzuela (Agricultura), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Alberto Van Klaveren (Cancillería) y Jeannette Jara (Trabajo)- dio detalles de los asistentes y las materias tratadas.
Pero luego un fuerte remezón generó en la mesa del PPD que la segunda vicepresidenta de esa colectividad -y timonel saliente-, Natalia Piergentili, admitiera que recibió pagos de parte de un empresario al que asesora, pero por medio de una de las sociedades del lobista Pablo Zalaquett: Asesorías, Inversiones e Importaciones PZ.
El hecho fue dado a conocer por Ciper, medio al que Piergentili manifestó que “la asesoría que yo he prestado es a un dirigente gremial de los empresarios que me pidió que lo asesorara en materia de discurso y de relacionamiento con el gobierno. Ni para esa persona, ni para mí, era bueno sincerar esto, porque yo venía saliendo de la presidencia del partido (PPD) y también podía ser complejo para esa persona. Como Pablo tiene una asesoría anterior con esa organización, le pedí que el pago fuera a través de él. Para cuidarnos”.
A pesar de que Zalaquett ha insistido en que se siente orgulloso de haber generado esos espacios de conversación, las comidas organizadas en su departamento de Lo Barnechea entraron hace algunos días en el radar de la Fiscalía Metropolitana Oriente, según supo La Tercera.
Ahí, la fiscal regional Lorena Parra activó la revisión de una serie de antecedentes. Esto, porque si bien el hecho de no registrar reuniones en la plataforma de Lobby no constituye un delito en sí, la citada persecutora pidió analizar la situación minuciosamente, para así cerciorarse de si existen o no elementos que pudiesen revestir características de delito.
No por nada -comentan fuentes conocedoras de las pesquisas- fue que la Contraloría ofició el pasado viernes 5 de enero a seis ministerios para conocer los alcances de esos encuentros.
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