El Gobierno, a través del subsecretario Manuel Monsalve informó este lunes que revocarán las polémicas pensiones de gracias que se han entregado vía facultad administrativa del Presidente de la República. En ese marco, el ministro de Justicia, Luis Cordero, precisó que se revisarán todos los beneficios y no sólo las asociadas a víctimas del estallido.
«El subsecretario ha hecho referencia a una facultad general que se encuentra en la ley, reconocida para revocar actos administrativos. La ministra del Interior ha solicitado la revisión completa de las pensiones que se han realizado y en función de eso tomar una decisión de cuáles se revocarán o cuáles se invalidarán», señaló Cordero.
Tras ello, el secretario de Estado advirtió que muchas de las pensiones otorgadas, no sólo las ligadas al estallido social, podrían verse afectadas.
«A partir de eso se van a producir reclamaciones de distinto tipos, administrativas o judiciales, pero el Ministerio del Interior ya ha señalado que, en opinión de sus equipos legales, que es una opinión compartida del Gobierno, es una facultad que puede ser ejercida por quienes han sido otorgadas», precisó.
Con esto, el Ejecutivo busca revocar las pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales, lo cual ha generado una polémica más para La Moneda.
Más temprano, el subsecretario Manuel Monsalve explicó que los beneficios pueden ser revocados «por razones de oportunidad, razones de mérito y por razones de conveniencia en la medida que se busque proteger el bien común».
Si bien el Presidente podrá hacer uso de su facultad administrativa, las personas afectadas por esta decisión podrán recurrir a la justicia para mantener su beneficio.
Posterior a eso, Cordero precisó: «Hay de dos tipos. La primera es de aquellas personas que señalaron tener condiciones que no tenían al momento de otorgarse una pensión, una figura distinta -como no presentar todos los antecedentes que verificaran la condición de daño-. Y la segunda, que aquellas personas que hubiesen cometido ilícitos con posterioridad, incumplen el propósito para que fue otorgado el beneficio».
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