Con el objetivo de buscar un acuerdo que le permita contar con los votos para triunfar en la Cámara de Diputados y no repetir la derrota que significó la estrepitosa caída de la reforma tributaria, el Gobierno cedió y recogió la propuesta de los sectores políticos de centro «no alineados» sobre la distribución del 6% de cotización adicional que contempla la reforma de pensiones.
La propuesta, impulsada principalmente por la Democracia Cristiana (DC) y patrocinada por Demócratas y el PDG, apunta a dividir el 6% en un 3% de capitalización individual y un 3% a un mecanismo de reparto o «seguro social», como lo ha bautizado el Gobierno.
«Hemos dado un paso importante en la construcción de un acuerdo que es necesario», manifestó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, al anunciar la decisión del Ejecutivo y que permitió que ayer la reforma de pensiones cruzara su primera valla legislativa al ser despachada de la comisión de Trabajo de la Cámara, tras un debate que se mantuvo trabado durante 14 meses.
Ahora, si bien el Gobierno puso énfasis en que cedió y subió a 3 puntos la cotización extra que se destinará a capitalización individual -mientras la derecha insiste en que el 6% completo vaya a las cuentas del trabajador-, también ha subrayado que dicho 3% contará con un componente «intrageneracional».
Lo anterior, significa que no necesariamente todo ese 3% irá íntegro a la cuenta personal, ya que algunos podrían recibir más de lo que aportaron, y otros menos.
Así, con este mecanismo de «solidaridad intrageneracional» el 70% de dicha cotización se abonará a la cuenta individual de manera directa, pero con el 30% restante se calculará el ingreso promedio de los cotizantes del «seguro social», y el resultado de eso se depositará en las cuentas individuales.
Aquello se traduce en que 2,1 puntos porcentuales vayan directamente a cuentas individuales, mientras que el 30% restante de los 3 puntos, es decir, 0,9 puntos, caerá en el componente de solidaridad intrageneracional.
La directora del Centro de Estudios Financieros ESE Business School de la U. de Los Andes, Cecilia Cifuentes, lo explica así: «El mecanismo funciona de la siguiente forma: hay tres puntos del sueldo imponible que van a capitalización, pero tu cotizas por esos 3 puntos y no te registran el total de lo que cotizas, sino que puede ser más o menos de lo que tu cotizaste, dependiendo de si tu ganas más o menos que el ingreso promedio imponible de todos los cotizantes».
«Si tu ganas más, te van a terminar imponiendo por menos de los 3 puntos, y si tu ganas menos, se impone por un poco más. Se transfiere desde las personas que cotizan por ingresos más altos a personas que cotizan por ingresos más bajos, pero todo va a ahorro», agregó. En ese sentido, Cifuentes sostuvo que «hay un impuesto en el sentido de que para las personas que ganan más que el promedio, van a estar transfiriendo recursos a los que ganan menos y eso finalmente es un impuesto progresivo».
Mientras que Leonardo Hernández, director adjunto de Clapes UC, complementó señalando que «como el sueldo promedio es (aproximadamente) $1,1 millones, se le abona aproximadamente $10.000 a todos, independiente de su sueldo. Así, se les abona más de 3% a quienes ganan menos que el promedio y menos de 3% a los que ganan más que el promedio».
Por lo mismo, algunas voces expertas han afirmado que sería impreciso hablar de una propuesta de «3% y 3%» (destinar la mitad de la cotización extra a ahorro individual y la otra mitad a reparto), asegurando que, en la práctica, la propuesta que impulsa el Gobierno consiste en 3 puntos al «seguro social», 2,1 puntos a capitalización individual y 0,9 puntos a «solidaridad intrageneracional».
En todo caso, Cifuentes afirmó no estar en contra de un mecanismo como este, pero acotó que el problema es que en Chile «hay muchas personas que cotizan por menos de lo que ganan, y esas personas se van a ver favorecidas». Y esto, continuó, beneficia principalmente a los funcionarios públicos, ya que prácticamente «cotizan la mitad de lo que ganan».
«Si no se corrigen estas injusticias, creo que el mecanismo no es legítimo», concluyó.
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