Los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Stephan Schubert denunciaron ante la Controlaría a los académicos de la Universidad de Santiago (Usach), Alberto Mayol, Lucía Dammert y Elisa Loncon, por “suscribir con recursos públicos más de 40 contratos a honorarios de manera paralela a sus funciones académicas”.
En concreto, los parlamentarios acusan que no existe detalle de las funciones realizadas por los académicos. Además, señalan que el monto supera los $45 millones y casi la totalidad de dichas boletas fueron hechas a través de sociedades relacionadas de la casa de estudios.
¿De qué se trata la denuncia?
El documento señala que a través de resoluciones exentas de la Usah y de contratos suscritos por la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago Limitada y por la Sociedad Capacitación Usach Compañía limitada se aprobaron convenios a honorarios “a suma alzada de académicos de la Usach”.
Ello, para que “mediante labores contratadas que serán realizadas fuera de la jornada ordinaria de trabajo, presten servicios mediante un monto determinado, imputado al presupuesto universitario”.
La denuncia apunta a que Alberto Mayol ha suscrito 28 contratos a honorarios por la suma de $37.596.092. Por su parte, Lucía Dammert realizó 10 contratos por $5.756.340; mientras que Elisa Loncon efectuó tres contratos por $3.017.768.
Las contrataciones realizadas por personas jurídicas de derecho privado que pertenecen a la Usach y por la misma casa de estudios “constituyen sobresueldos”, que fueron efectuados a través de boletas de honorarios “por el desempeño de funciones propias ejecutadas en su calidad de empleados públicos/docentes/académicos”, explica el documento.
Dichas funciones se realizan durante la jornada ordinaria, “siendo en definitiva trabajos realizados fuera de la jornada, pero por las mismas funciones, debiendo estas ser remuneradas por la vía de horas extraordinarias y no sobresueldos”.
¿Qué dijeron los diputados republicanos?
A juicio del diputado Irarrázaval, “es impresentable que una universidad estatal que recibe recursos públicos para la educación de todos los chilenos los use para pagar sobresueldos a operadores políticos, como Elisa Loncón, Lucía Dammert, y Alberto Mayol, a través de sociedades relacionadas”.
“Esperamos que no haya recursos de la gratuidad involucrados”, añadió.
Por su parte, Schubert señaló que esperan que el órgano contralor investigue si hubo un mal uso de recursos públicos en los mencionados contratos.
“Estamos hablando de grandes sumas de dinero, recursos que estaban destinados para financiar la educación de los estudiantes y no para pagar sobresueldos a estas personas, que además son conocidos rostros cercanos al Gobierno y al oficialismo”, acusó.
Asimismo, aseguró que “acá hay una irregularidad e imparcialidad, en desmedro de los estudiantes y demás docentes, por lo que esperamos que se pueda investigar y tener el pronunciamiento de esta entidad fiscalizadora”.
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