Pan para hoy, hambre para mañana. Ese parece ser el lema de la reforma de Boric producida por la dupla Marcel-Jara. Verdaderamente incomprensible si se trata de resolver el tema de la insuficiencia de ingresos de las personas cuando dejan de trabajar. Más aún si la población envejece rápidamente por la evolución demográfica determinada por bajas tasas de natalidad y aumento de las expectativas de vida. Si no hubiera otras razones fuera de la esfera técnica para hacer esta reforma, pareciera que hubiesen puesto a unos dementes a diseñarla.
Las tasas de reemplazo de los que jubilen en 15 años más, trabajadores de hoy a los que les birlarán más de la mitad de las cotizaciones adicionales para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, serán 18 puntos porcentuales menores que las de los actuales jubilados según cálculos del propio gobierno revelados por el economista de la FEN Joseph Ramos. ¡Es demencial! Si bien se ha producido una discusión técnica acerca de cuál debe ser el denominador idóneo para definir la tasa de reemplazo, nadie discute que ésta (que indica la medida en que se mantienen los ingresos durante la vida pasiva) disminuirá en el futuro.
Incluso para las personas de bajos ingresos, en régimen, las tasas de reemplazo serían mejores si todas las cotizaciones adicionales se destinaran a ahorro individual (como ha planteado la derecha), que si la mitad va a reparto (lo que las autoridades llaman solidaridad). Es decir, han diseñado algo así como todo lo contrario a lo que debe aspirar un sistema de pensiones solidario.
¿Cuáles serían entonces, esas “otras razones” para hacer la reforma? La primera, es que hay que demoler el sistema actual siguiendo la consigna de No+AFP, aunque ello signifique traicionar los principios de la seguridad social sacándole plata a trabajadores para financiar pensionados que quedarán mejor que los futuros jubilados que los subsidiaron. El otro es, como dijo el ex ministro Osvaldo Andrade con cierta candidez, que esto es una cuestión de poder. Se trata de quiénes administran 200.000 millones de dólares. El gobierno de Boric quiere que sea el Estado, la ministra comunista Jeannette Jara también y sorprendentemente, a quien se sindica como un socialista moderado, Mario Marcel, apoya lo propio.
Un gustito demasiado caro, que le baja las pensiones a los jubilados del futuro; que deja gran parte de las decisiones de inversión en el Estado pues el inversor estatal tendría ventajas, con el consecuente riesgo de politización y mala asignación de recursos. Que además redefine las funciones en la industria entregando al Estado el monopolio de la recaudación, aumentando el riesgo de ataques cibernéticos, de huelgas, de quiebra del administrador único, sin que exista hoy un costo de administración alto (es el 4º más bajo en el mundo según Global Pensions Transparency Benchmark) que justifique este cambio. Un sistema que permitirá la licitación de toda la cartera de afiliados, modalidad que no existe en ninguna parte.
¿Por qué la derecha debiera aprobar entonces en general este malísimo proyecto destinado al fracaso? Un proyecto que no ataca los principales problemas del sistema: la baja densidad de cotizaciones y edades de jubilación y además va contra el deseo del 70% de los cotizantes que prefiere que el aporte adicional vaya a sus cuentas individuales. Varios centros de estudio han elaborado un proyecto que aumenta en 4 puntos la cotización, todo a capitalización, introduce más competencia bajando barreras a la entrada y permitiendo un administrador estatal con las mismas reglas del juego para todos y aumenta las pensiones actuales vía PGU de manera focalizada, con un costo de 0,5% del PIB.
El gobierno se lo ha jugado todo para aprobar en general el proyecto, haciendo concesiones poco pudorosas a los diputados, como aquellas que alteran las tablas de mortalidad, o crean un nuevo seguro de longevidad o retiro programado colectivo inventado recién ayer y que ninguna autoridad es capaz de explicar. Logró finalmente la aprobación en general en la Cámara, pero en la votación en particular pasó algo totalmente distinto.
En efecto, ésta puede terminar siendo una victoria pírrica para el gobierno si la derecha se mantiene unida, como lo hizo en la Cámara, y el oficialismo no lo hace. Ya en la votación en particular en la Cámara fueron rechazados varios artículos claves de la reforma como el que destinaba 3 puntos de cotización a reparto. En marzo, el proyecto tendrá que discutirse en el Senado y allí las mayorías son distintas; otro gallo puede cantar.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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