Como una victoria a medias.
Así se podría catalogar el resultado que obtuvo el Gobierno en la Cámara de Diputados en las votaciones de la reforma al sistema de pensiones.
Si bien se aprobó la idea de legislar gracias al respaldo de fuerzas políticas no alineadas, el corazón del proyecto fue rechazado.
Con 76 votos a favor y 75 en contra, la cotización de cargo del empleador de un 6% y la distribución de este en 3 puntos para capitalización individual y 3 puntos para solidaridad, no alcanzó el quórum necesario.
Con todo, el proyecto se despachó al Senado sin el artículo clave, pero con la creación del seguro social previsional, el incremento de la PGU (pero sin el financiamiento), modificaciones al seguro de cesantía y el autopréstamo.
En particular se aprobó el artículo que crea «el Seguro Social Previsional, con la finalidad de financiar una pensión que incluirá prestaciones con elementos de carácter contributivo y complementos por brechas de género y cuidados».
Asimismo, se establece que «el Seguro Social será financiado con la cotización de cargo de los empleadores». Autopréstamos Sobre el autopréstamo, los parlamentarios dieron visto bueno a que «los afiliados no pensionados, y que se encuentren a 5 años o más del cumplimiento de la edad legal de pensión, tendrán derecho a realizar retiros en carácter de préstamos con cargo al saldo mantenido en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias».
Se agrega que «los referidos préstamos podrán realizarse hasta por un monto equivalente al 5% del total ahorrado en dicha cuenta a la fecha de la solicitud, con un monto máximo de 30 unidades de fomento.
El monto del préstamo se expresará en unidades de fomento del día de la entrega del dinero, no devengará interés y deberá ser devuelto a la cuenta de capitalización individual de la o el solicitante reajustado conforme a las variaciones experimentadas por la unidad de fomento».
Además, se especifica que «la devolución del préstamo se efectuará mediante el pago de cuotas calculadas como el 2% de las remuneraciones y rentas imponibles del afiliado, que se pagará a partir del mes subsiguiente al de la solicitud del préstamo». En relación al Fondo de Cesantía Solidario, se aprobó que «aportará a la cuenta de capitalización individual obligatoria para pensiones de los beneficiarios del Seguro, el monto equivalente al 13,5% de la prestación por cesantía que les corresponda recibir».
PGU
También se aprobó el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) con el respaldo de Chile Vamos, asimismo el hecho de que se «deberá efectuar un análisis de suficiencia del monto de la Pensión Garantizada Universal vigente al mes de febrero de dicho año”, donde se “considerará la capacidad de la pensión para cubrir gastos básicos, conforme a la metodología vigente para determinar la línea de la pobreza y otras variables, tales como, el índice de remuneraciones y el crecimiento de la economía, conforme a la metodología establecida en un reglamento expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual será también suscrito por el Ministerio de Hacienda.
El resultado del informe deberá concluir en una propuesta de monto para la Pensión Garantizada Universal el que, en ningún caso, podrá ser inferior al monto vigente». Financiamiento de la Pensión Garantizada Universal También se aprobó con una amplia mayoría – y la abstención del Partido Republicano – las condiciones y la forma de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal.
El artículo aprobado dice que «ascenderá a un máximo de $250.000, siempre que, de conformidad a lo señalado en este artículo, se verifique el cumplimiento de una Condición de Sostenibilidad Financiera, medido como el coeficiente entre los ingresos estructurales y el Producto Interno Bruto nominal, en los valores que en cada literal se indica. Dicho monto entrará en vigencia de acuerdo a la siguiente gradualidad».
Asimismo, este incremento está vinculado a está vinculada a la aprobación del proyecto que presentó el Ejecutivo esta semana sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias (una de las partes del pacto fiscal, más conocido como evasión y elusión).
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