Con los brazos abiertos y en actitud de triunfo, la ministra Jeannette Jara miraba a los fotógrafos después de que la Cámara aprobó el miércoles 24 la idea de legislar sobre la reforma previsional del gobierno. El ministro Marcel le sostenía la mano derecha, también como signo de victoria, mientras aplaudían los demás ministros del comité político. ¿Tenían algo que celebrar? En realidad, nada. Los aspectos medulares del proyecto naufragaron en la discusión en particular, y lo que quedó fue un cascarón informe y contradictorio.
El simbolismo de la votación favorable les sirvió solo para darse ánimo, porque en realidad se vino al suelo el objetivo de establecer el dominio del Estado sobre el sistema previsional. La Cámara rechazó, entre otras cosas, la cotización adicional del 6% y su destino, la creación del Fondo Integrado de Pensiones y del Inversor de Pensiones Estatal. El punto de partida oficialista era cambiar radicalmente la industria sobre la base de cuestionar el papel del sector privado y la validez de la capitalización individual, pero la ideología chocó una vez más con la realidad.
En los afanes por conseguir los votos necesarios en la Cámara, el gobierno desnudó su indigencia política. La ministra Jara estuvo dispuesta a firmar acuerdos con diversos partidos, prometiendo una cosa aquí y otra distinta allá, con tal de conseguir la aprobación. Ofreció cualquier cosa.
El resultado fue un festival de promesas incoherentes que agravaron los defectos del proyecto y dejaron en evidencia que la verdadera intención no era mejorar las pensiones de manera sustentable, sino anotarse algo que pareciera un triunfo sobre las AFP. Al final, la discusión en el Senado tendrá que partir casi desde cero y, además, en plena campaña electoral.
En los hechos, el gobierno avanzó desaprensivamente hacia un experimento que desdeñó los estudios sobre las mejores alternativas de mejoramiento de las pensiones, y que tienen como eje el ahorro de los cotizantes, el aumento de la edad de jubilación, la libertad de elección y el rechazo a cualquier intento de manotazo estatal a los fondos de pensiones. El profesor Joseph Ramos dijo que, por la vía propuesta por el gobierno, se creaban condiciones para un gran Transantiago en materia de seguridad social. Por su parte, David Bravo dijo a radio Infinita que la reforma del gobierno “apunta a satisfacer una promesa de campaña de decir que no hay más AFP. Es una irresponsabilidad jugar así con las instituciones”.
Primero con la reforma tributaria, que fue rechazada en el Congreso, y luego con la reforma previsional, el gobierno ha buscado compensar la derrota del proyecto de Constitución que elaboró su gente en la Convención. Es la obsesión por demostrar que es un gobierno transformador y antineoliberal. El balance es penoso. En la raíz de sus incontables desatinos, ha estado la incomprensión respecto de la forma específica en que progresó Chile, la porfía por llevarlo hacia otro lado y, especialmente, la adhesión a la reaccionaria idea del control estatal sobre todo lo que sea posible. En resumen, los consejos de Bachelet a Boric.
Mientras tanto, los escándalos hablan por sí solos. Ya no hay duda de que las llamadas pensiones de gracia fueron, en rigor, “pensiones de agradecimiento”, entregadas a los soldados del vandalismo octubrista, muchos de ellos condenados por graves delitos. Los dirigentes del Frente Amplio creyeron en 2019 que la asociación con los elementos del lumpen era gratuita. Pues bien, no lo era. Ya instalados en el gobierno, cedieron a su chantaje. Eso explica el retiro de un centenar de querellas por ley de seguridad del Estado apenas Boric entró a La Moneda, y luego, el premio de los indultos y las pensiones.
En este cuadro, fue llamativa la vehemencia con que el PC salió a rechazar la posible revocación presidencial de las pensiones. El diputado Boris Barrera actuó de una manera que solo podía corresponder a la actitud de alguien que habría ayudado a conseguirlas para ciertos solicitantes cercanos. Otra diputada comunista. María Acevedo, advirtió al gobierno con la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, idea que respaldó al comienzo el propio jefe del PC, Lautaro Carmona. El episodio es revelador de los compromisos que movieron la gestión de las pensiones.
Ya es evidente que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue la institución que validó las solicitudes ante el ministerio del Interior, se convirtió en estos años en un instrumento sectario que, con inmensos recursos del Estado, se puso al servicio del octubrismo. Se ha demostrado así que una causa tan noble como la defensa de los DD.HH. puede ser envilecida por intereses muy oscuros. ¡Qué impresionante capacidad ha mostrado la izquierda gobernante para demoler hasta las buenas causas!
¿A dónde irá a parar un gobierno tan incompetente y errático como este, que además sigue mostrando aires de superioridad moral que nadie sabe de dónde vienen? Si no fuera porque el país cuenta con fortalezas construidas en las décadas anteriores, el perjuicio de estos dos años habría sido muchísimo mayor.
Algunos dirigentes del Partido Socialista reconocen en confianza que el panorama del gobierno es desolador, pero que la situación podría cambiar si su partido empieza a tomar la conducción. No se ve cómo podrían hacerlo, atrapados como están por las servidumbres del poder y los cálculos electorales. No sabemos qué cuentas están sacando mientras reman en un bote que hace agua.
Por Sergio Muñoz Riveros para ex-ante.cl
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