El tiempo pasa rápidamente, y en general la memoria se va perdiendo con el paso de los años, sin embargo, no se puede ocultar, cosas ocurridas, y para eso está el whatsApp, las investigaciones serias y todo sale a la luz pública, por mucho que se pretenda bajar el perfil.
La Contraloría emitió un informe lapidario, donde se dedicaron a analizar las pensiones entregadas a quienes participaron del estallido social, y se determinó, que varias pensiones de gracia pagadas por el gobierno, no cumplían con los requisitos mínimos para otorgarlas. Este resultado fue entregado en La Moneda, y demoraron en hacerlo público. De las 418 pensiones otorgadas, por todos conocidas, el monto total, asciende a un costo de $ 2.333.000.000 pagadas con nuestros impuestos, desde que se otorgaron hasta septiembre del año 2023, entre ellos 40 pensiones con antecedentes penales, recibiendo pensiones vitalicias con montos de hasta $ 518.000 mensuales.
Esta situación, nos llama a reflexionar y darnos cuenta que tal vez, ya no es necesario tener un trabajo honesto y sacrificado, no se requiere “romperse el lomo” para obtener pensión para toda la vida, y que por tirar piedras, bombas molotov, quemar iglesias, saquear supermercados, agredir físicamente a Carabineros, saltarse el torniquete metro y luego quemar transporte público, y todo por $30, se recibe compensación por el estado, con el auspicio de todos los contribuyentes que pagamos impuestos.
Este es el incentivo a los delincuentes, que se ven protegidos, no sólo por quienes gobiernan hoy y que antes fueron diputados y se opusieron a leyes que permitirían proteger al ciudadano común y corriente, sino que también, algunas personas de instituciones que están para sancionar delitos y que simplemente son permeadas, o sobornadas para no hacer bien su trabajo.
Margot Guerrero Bruner
Asesora Previsional
Corredor de Seguros
www.margotpensiones.com
