Bajo el marco de la indagación por el otorgamiento de pensiones de gracia, durante la tarde del pasado viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) sostuvo una reunión con el jefe de gabinete del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Boris Bezama.
Esto a raíz de que el pasado viernes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abriera de oficio una investigación penal para analizar la posible comisión de delitos en la entrega del beneficio a personas afectadas bajo el contexto del estallido social y que cuentan con antecedentes penales.
En dicho encuentro, se entregó el oficio con el requerimiento de información del Ministerio Público, organismo que solicitó “todas las carpetas”, imponiéndole al INDH un límite de tiempo máximo de diez días para que se haga entrega de los antecedentes de manera voluntaria.
La Fiscalía y la PDI llegaron al acuerdo de que la reunión fuera “en reserva”
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