El lapidario informe del fiscal especial Robert Hur, que describía al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como «un anciano bien intencionado y con mala memoria», sigue dando que hablar en Norteamérica. En medio de un intenso año electoral -con el gobernante demócrata y su antecesor, Donald Trump, como candidatos casi seguros- son varias las voces republicanas que han puesto en duda la capacidad del actual gobernante para liderar la Casa Blanca.
Así lo dejó en claro el fiscal general de Virginia Occidental, el republicano Patrick Morrisey, quien pidió a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, que invoque la Enmienda 25 de la Constitución para inhabilitar al actual Mandatario, de 81 años. «Necesitamos un presidente mentalmente capacitado», justificó.
Pero Morrissey no es el único. Algunos congresistas y senadores también han emplazado a Harris y al fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, a que tomen cartas en el asunto e invoquen la citada enmienda, que evoca un proceso bastante complejo para retirarle el poder a un presidente en funciones, según explicó The New York Times.
Se trata, concretamente, de una medida diseñada para «aclarar el orden de sucesión presidencial», según el citado medio y que, pese a que nunca ha sido invocada, su aplicación ya ha sido debatida para remover mandatarios, como ocurrió hace unos pocos años con Donald Trump.
Qué es y sus orígenes
La Enmienda 25 entró en vigor en 1967 y fue creada «para llenar el confuso silencio de la Constitución sobre las cuestiones de sucesión a raíz de casi dos siglos de enfermedades y muertes presidenciales», según reporta National Geographic.
El primero en manifestar la necesidad de implementar un mecanismo fue el presidente Dwight D. Eisenhower (1953-1961), quien ya había sufrido un ataque cardíaco y una cirugía por la enfermedad de Crohn en 1955 y un derrame cerebral en 1957. Su situación personal lo preocupó, por lo que ordenó al fiscal general Herbert Brownell la redacción de una enmienda constitucional para aclarar la sucesión presidencial y «separar la cuestión de la incapacidad de un presidente para servir de la muerte, renuncia o juicio político de un presidente», según el mencionado medio.
Así, se llegó a un texto que permitía al presidente de EE.UU. declarar su propia incapacidad para liderar o permitir que un vicepresidente obtuviera una declaración de incapacidad por parte de los miembros del gabinete. La medida, sin embargo, no fue aprobada por el Congreso, que consideró innecesario establecer un mecanismo de este tipo.
Sin embargo, el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 lo cambió todo. Su reemplazante en el cargo, Lyndon B. Johnson, ya había sufrido un ataque cardíaco en el pasado y surgieron dudas por qué pasaría con su sucesión en caso de que enfermara o quedara incapacitado. Así, el Congreso aprobó en 1965 la Enmienda 25, que entró en vigor en 1967 tras la ratificación de 38 estados.
La citada norma consta de cuatro secciones. Las tres primeras contemplan los casos en que un presidente renuncia, muere, se enferma o se encuentra temporalmente incapacitado. La última sección, en tanto, establece un engorroso proceso en el cual el vicepresidente y la mayoría del gabinete presidencial declaren que el mandatario está «imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo».
Es esta última causal a la que aluden los republicanos para inhabilitar a Joe Biden.
Funcionamiento Para ser invocada la enmienda, el vicepresidente y una mayoría del gabinete deben enviar una declaración por escrito al presidente del Senado y el titular de la Cámara de Representantes, señalando que el presidente de EE.UU. está imposibilitado de ejercer su cargo.
Tras esto, el vicepresidente asume inmediatamente el cargo. Sin embargo, el presidente tiene la posibilidad de enviar inmediatamente un carta a ambos líderes del Congreso señalando que sí es capaz de llevar a cabo sus funciones. Esto le permitiría al jefe de Estado retomar el cargo.
En ese escenario, el vicepresidente y la mayoría del gabinete tienen un plazo de cuatro días para enviar una nueva declaración y reafirmar al Congreso sus preocupaciones. Así, el vicepresidente volvería a gobernar.
Ante esto, el Congreso tiene un plazo de 48 días para convocar a una sesión extraordinaria y de 21 días para votar. En este caso, se necesita de los dos tercios de ambas cámaras para declarar al presidente como no apto para gobernar, retirándolo permanentemente del cargo. El vicepresidente, de este modo, asumiría como presidente encargado. Si no se consigue ese quórum, tanto, el mandatario retomaría sus funciones.
El antecedente Trump
Los redactores de la Enmienda 25 plantearon que el proceso de inhabilitación del presidente fuera difícil de aplicar. De hecho, grafica The New York Times, es más difícil sacar a un mandatario del poder mediante esta normativa que a través de un proceso de juicio político.
Ejemplo claro de esto fue el intento en 2021 de los demócratas por sacar de su cargo al entonces presidente Donald Trump. Fueron varios los personeros que pidieron al vicepresidente Mike Pence que invocara esta enmienda junto al gabinete luego del asalto al Capitolio del 6 de enero de ese año, cuando una turba de seguidores del mandatario irrumpieron en la sede del Congreso para interrumpir la proclamación de Joe Biden como nuevo gobernante.
«Lo que sucedió ayer en el Capitolio de Estados Unidos fue una insurrección contra Estados Unidos, incitada por el presidente Trump», escribía el entonces líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. «Este presidente no debe ocupar el cargo ni un día más», agregó.
Para los demócratas, con su arenga a sus seguidores y sus acusaciones de un posible fraude electoral, Trump demostraba que no estaba capacitado para gobernar. Sin embargo, Pence desconoció este llamado y el Presidente siguió en la Casa Blanca hasta el último día.
Así, dados los antecedentes y el engorroso mecanismo, se ve muy difícil que Joe Biden sea inhabilitado por esta enmienda.
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