El otorgamiento de beneficios para cuatro internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) detonó un nuevo conflicto entre Gendarmería y el Poder Judicial.
Esto, tras una resolución del juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, que el 25 de enero ordenó la realización de videollamadas de reos con terceros que no se encuentran autorizados por la administración penitenciaria.
En el REPAS, conocido también como la Cárcel de Alta Seguridad, están recluidos los sujetos más peligrosos en Chile, vinculados en su mayoría al crimen organizado y a bandas de alto compromiso delictual, como el Tren de Aragua y Los Gallegos. El recinto tiene una capacidad para 296 personas, distribuidos en unidades de alta y máxima seguridad.
La gran preocupación de las autoridades es que las videollamadas podrían efectuarse con personas que no tengan su identidad debidamente acreditada, lo que «pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada».
Junto con esto, se cuestionó otra resolución del magistrado que ordenó a Gendarmería concretar la realización de una visita íntima al reo, Rafael Marín Vielma, de nacionalidad colombiana, condenado a quince años de cárcel por narcotráfico, pese a no existir dependencias para ese tipo de encuentros.
Orden de no innovar
Pese al reclamo de Gendarmería, el juez Urrutia ratificó su resolución, lo que llevó a la institución a recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, por medio de un recurso de hecho, donde alertaron sobre la gravedad de la decisión.
En el documento, al que accedió Mega Investiga, se señala que “considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial en comento, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados”.
También, agregan que el hecho de que las personas encarceladas puedan comunicarse libremente con terceros por medio de la vía cuestionada, es «particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración».
A raíz de este recurso, la Corte decretó una orden de no innovar que suspendió la resolución dictada por el magistrado, y el pasado 13 de febrero, dio al tribunal de garantía un plazo máximo de dos días para remitir un informe con todos los detalles de la polémica decisión.
Mega Investiga consultó a Gendarmería. El coronel Luis González Báez, Subdirector Operativo (s), señaló que la institución presentó una contundente apelación y recalcó que “el REPAS alberga a los internos de mayor peligrosidad a nivel nacional, porque han cometido delitos de alta connotación pública, en contra de las personas, por lo tanto están en un régimen diferenciado de reclusión que obviamente es mucho más restrictivo”, respecto a otros penales.
Las videollamadas de los líderes del Tren de Aragua
En medio de este conflicto judicial, Gendarmería reveló que dos de los integrantes del Tren de Aragua en Chile, hicieron una videollamada a sus familiares, desde la Cárcel de Alta Seguridad, donde permanecen en prisión preventiva, a la espera del juicio en su contra.
Se trata de Carlos González Vaca, alias «El Estrella», sindicado como el líder de la organización criminal, y el sicario Hernan Landaeta, conocido como “El Satanás” por la crueldad de sus crímenes. Además, junto a ellos estaba presente Zeus Velásquez Aquino, reconocido brazo operativo.
La insólita situación ocurrió el 23 de enero, cuando en medio de la preparación del juicio oral contra las células del Tren de Aragua, que se realiza de forma remota, el abogado defensor, Claudio Cofré, le pidió al juez del Tribunal de Garantía de Pozo Almonte autorización para reunirse de manera privada con los tres acusados, a lo que el magistrado accedió por un lapso de 15 minutos.
Como la reunión era de carácter privado, los dos gendarmes esperaron en el acceso de la sala de conferencia. Ahí se percataron de que los internos se encontraban conversando con mujeres a través de videollamada por el teléfono celular del defensor, y que correspondían a familiares de «El Satanás» y «El Estrella». Al verse sorprendido por los funcionarios, el abogado bajó el celular y volvió a hablar sobre la audiencia, para luego dar por terminada la reunión.
El alcaide subrogante del penal, Sebastián Mérida, envió un oficio con los detalles de lo ocurrido al juez de garantía, detallando que «este tipo de situaciones afecta la seguridad del establecimiento, por desconocer la identidad de las personas con las cuales los imputados mantienen contacto, y que estos hechos se originan por la acción de un interviniente».
Otras disputas en torno al crimen organizado
Esta no es la primera vez que se produce este tipo de diferencias entre Gendarmería y Justicia, respecto a beneficios para internos vinculados a bandas de alto compromiso delictual.
En septiembre pasado, la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía, Marcia Figueroa, autorizó el ingreso de visitas de venezolanos irregulares a la Unidad Especial de Alta Seguridad con cédulas de identidad “sin validar”, lo que dio paso a un conflicto judicial, que incluso generó amplias reacciones políticas.
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