Una nueva polémica sumó ayer el juez Daniel Urrutia, luego que se revelara que el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía autorizó, el 25 de enero recién pasado, la realización de videollamadas a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
Según un reportaje de Meganoticias, esta situación provocó gran preocupación en Gendarmería, que advirtió que esto «pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada».
La institución recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante un recurso en el cual alertan sobre la gravedad de la decisión.
«Considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial en comento, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados», señala el documento consignado por el medio citado.
En esta línea, argumentan que el hecho que las personas encarceladas puedan comunicarse libremente con terceros, es «particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración».
Finalmente, el tribunal de alzada dio una orden de no innovar, suspendiendo la resolución del juez Urrutia. El 13 de febrero, el tribunal de garantía entregó un plazo máximo de dos días para que se remita un informe con los detalles de la decisión.
Trayectoria
De acuerdo con la información emanada desde la página del Poder Judicial, Urrutia ingresó al organismo a contrata el 31 de marzo del 2000, mientras que al año siguiente pasó a planta.
También fue juez de los juzgados de Garantía de Freirina en 2001; de Ovalle en 2003 y de Coquimbo durante 2004, mientras que el 2006 llegó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, según el medio Ex-Ante.
La Corte de Apelaciones de La Serena, de acuerdo con el medio anteriormente mencionado, aplicó en su contra durante marzo de 2015 «una censura por escrito». Sin embargo, luego la Suprema la bajó a una «amonestación privada», aunque en 2018 la dejó sin efecto, pero presente en su hoja de vida.
Otras polémicas
Además de ser un juez reconocido por su carácter opinante en redes sociales, su trayectoria encuentra varias polémicas en los últimos años.
Por ejemplo, debió dejar en manos de otro magistrado la audiencia de preparación del juicio oral contra el ex sargento de Carabineros Sebastián Zamora, luego que parte de la defensa recusara a Urrutia por «falta de imparcialidad» ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
«Es de público conocimiento que el magistrado señor Urrutia Laubreaux es un usuario activo de la red social Twitter y además ha enfrentado diversos sumarios administrativos respecto a sus actuaciones ministeriales y opiniones permanentes, tanto en sus resoluciones judiciales como usuario de la mencionada plataforma», según la recusación.
En tanto, para el plebiscito de salida de septiembre de 2022, el magistrado se manifestó en su cuenta de X (antes Twitter), en más de una ocasión en favor de la opción Apruebo.
«Buenos días a todes! Hoy es un hermoso día para leer la nueva constitución, discutirla y echarle ganas para aprobar el 4 de septiembre, querides fuerza para hoy! no se me achicopalen!», escribió el 13 de julio de ese año.
«Dignidad ni más ni menos, en septiembre aprobamos». «Tiempos acelerados, lleno de esperanzas, miedos, mentiras y verdades, estamos en la campaña más importante de la joven historia de Chile, aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra, vamos sembrando y desalambrando, el 4 de septiembre aprobamos por un nuevo Chile más justo», comentó el 8 de julio de 2022.
Esto implicó que en agosto del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago abriera un sumario en su contra, por eventuales faltas a la «necesaria prescindencia política», que para los miembros del Poder Judicial exigen las normas que regulan esta materia.
A ello se suma que el 25 de marzo de 2020, el juez Urrutia resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva dirigida a 13 imputados, de la llamada «primera línea», por delitos cometidos tras el estallido social, por la de arresto domiciliario total.
Tras ello, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió y revocó la resolución, volvió a ordenar la medida cautelar de prisión preventiva de los imputados en la causa.
Ello le valió que la Corte le abrió un sumario y lo suspendió de sus funciones. Tras eso, fue trasladado de la sede penal.
Eso sí, el pleno del tribunal de alzada anuló su traslado, permitiéndole regresar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
/psg
