Primero, nunca estuve de acuerdo con la mentira, elocuentemente refutada por los retiros, de que las AFP se roban los fondos de los trabajadores.
Segundo, siempre me dio vergüenza ajena la afirmación, que escuché repetidamente, de que el sistema previsional chileno es una “estafa piramidal”. No es cierto. Una estafa piramidal reparte lo que recauda sin invertir. Se financia si más gente contribuye que la que recibe pagos; y cuando no alcanza, colapsa. Lo que más se parece a una estafa piramidal es, francamente, un sistema de reparto, no uno basado en el ahorro individual.
Tercero, no estoy de acuerdo con la afirmación de que las AFP han tenido un mal desempeño histórico en la administración de los fondos. Eso simplemente no resiste un análisis de aritmética financiera básica. Además, tampoco es cierto que las AFP no pierdan plata si es que pierden sus afiliados. Están obligadas, por ley, a invertir parte de su capital del mismo modo que los afiliados. Sí estoy de acuerdo, en cambio, que se podría ganar algo de eficiencia abaratando las comisiones (algo… no vendamos humo) extendiendo significativamente el mecanismo de licitación de carteras implementado por Bachelet I y abriendo la competencia por administración de carteras a más tipos de intermediarios financieros.
Cuarto, no estoy de acuerdo con la afirmación de que el sistema previsional chileno es simplemente un sistema de cuentas individuales. No lo es. Primero con la Pensión Básica Solidaria de Bachelet I y luego con la Pensión Garantizada Universal de Piñera II, el sistema ha sido transformado en uno mixto que combina ahorro obligatorio individual con pilares solidarios muy significativos. Sí estoy de acuerdo, en cambio, con fortalecer harto ese pilar solidario. El gobierno actual debería, si genuinamente quiere beneficiar a los jubilados más pobres y vulnerables, centrar sus esfuerzos en esto.
Quinto, no estoy de acuerdo con los cálculos de tasas de reemplazo del sistema previsional. Primero, porque lo que recibe el jubilado debe ser comparado con lo que efectivamente ganó, en promedio, ese trabajador durante su trayectoria laboral y no el último ingreso o el más alto. Segundo, porque lo que recibe debe incluir el pilar solidario que está ahí, justamente, para corregir parte de las desigualdades del mercado laboral.
Sexto, nunca he estado de acuerdo con privilegiar un impuesto al trabajo como fuente de financiamiento del pilar solidario. El problema distributivo del capitalismo moderno es, centralmente, uno de desigualdad entre trabajo y capital. Si queremos corregir la desigualdad, los subsidios sociales deben ser financiados con impuestos a los ingresos del capital, no del trabajo. Sí estoy de acuerdo con subir las tasas y progresividad de impuestos a la renta e inmobiliarios, a herencias, ganancias de capital y royalties a la explotación de recursos naturales para financiar, entre otras cosas, un pilar solidario mucho más sustantivo. Si después de eso todavía falta, solo entonces debiésemos pensar en impuestos a los trabajadores y sus ingresos. Sería más honesto, francamente, diferenciar claramente, llamando “cotización individual previsional” aquella parte que va a las cuentas individuales y “contribución solidaria previsional” aquella parte que constituye un impuesto a la renta laboral de uso distributivo.
Séptimo, estoy en desacuerdo con la afirmación de que si un impuesto (como la cotización) se “cobra al empleador”, no tendrá efectos sobre los ingresos de los trabajadores. Bastan conocimientos introductorios de economía para saber que eso solamente será cierto al principio y que los empleadores licuarán esa ganancia en negociaciones futuras. Más aún, sabemos que en el reparto de incidencia tributaria entre patrones y trabajadores tiende a salir perdiendo siempre quien es, como dicen los economistas, “más inelástico”, esto es, quien tiene más que perder, quién necesita más el empleo: los más pobres, vulnerables y desprotegidos.
Octavo, no estoy de acuerdo con seguir ignorando la sustentabilidad de la edad de jubilación actual a pesar de los incrementos sostenidos en la expectativa de vida. No hay diseño financiero que mágicamente pueda generar pensiones altas ahorrando un sexto de los ingresos durante una vida laboral de 30 o 40 años para financiar otros 30 o más. Simplemente no da. Menos en un país que no crece per cápita, como Chile hoy. Hay que enfrentar este problema. Requiere un cronograma de alza de la edad de jubilación y de alzas de la cotización muy por sobre el 16%. No es un problema que vaya a desaparecer porque dejemos de hablar de él.
Noveno, no estoy de acuerdo con la forma en que se está discutiendo sobre las tablas de mortalidad. No es cierto que las tablas vigentes asuman que la gente llega a los 110 años; de hecho, asumen que sólo 2 de cada mil mujeres y 2 de cada diez mil hombres llegarán a esa edad. Rebajar un poco esas edades máximas tendrá un efecto imperceptible sobre las pensiones. Forzar una edad máxima muy baja, por ejemplo, los 80 años, en un país en que las mujeres tienen una expectativa de vida de 91 y los hombres de 86 significa dejar desfinanciados 11 años promedio de jubilación de todas las mujeres y 6 años de todos los hombres. Si se va a sustituir esos años con un subsidio o seguro de longevidad, va a ser un subsidio o seguro caro, porque el evento asegurado le va a ocurrir a casi todo el mundo. Requiere muchos recursos. No he visto cálculos serios asociados a ésta propuesta y creo irresponsable proponer algo así sin haber hecho la aritmética.
Décimo, no estoy de acuerdo con seguir haciéndonos los lesos con los niveles de evasión y elusión que tiene la cotización. Ya sea por informalidad, trabajo por cuenta propia o evasión dolosa, estos montos son significativos. No se puede esperar que un sistema genere buenas pensiones si un porcentaje importante de los futuros beneficiarios no participa de su financiamiento. Para ello se hace necesario, primero, acelerar la entrada de los trabajadores por cuenta propia y dos, implementar una fuerte política anti informalidad y anti elusión previsional. Ayudaría separar la recaudación y fiscalización de la administración de fondos. La recaudación de cotizaciones debe ser realizada por un ente estatal con potestades, independencia y con un gobierno corporativo que dé garantías respecto del manejo, licitación y entrega de los fondos que recaude. En cambio, la administración financiera de los fondos, puede estar entregada o licitada a intermediarios financieros, incluyendo una administradora de fondos pública disponible para cotizantes que la prefieran.
Creo difícil que resulten buenas reformas públicas cuando las personas encargadas de conducir los procesos de deliberación política son indulgentes con la demagogia. Necesitamos tomar decisiones democráticas basadas en la realidad, con lógica de responsabilidad y con actitud adulta. Preferiría, francamente, que le digamos la firme a la ciudadanía, que pongamos las cartas arriba de la mesa, los costos y los beneficios, sin anestesia, para que ella juzgue cuál proyecto económico y social prefiere. La verdad cruda, sin vender la pomada.
/Escrito para La Tercera por Óscar Landerretche, economista
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