En medio de la incertidumbre sobre la fecha exacta de las elecciones presidenciales en Venezuela y luego de su contundente victoria en las primarias opositoras del 22 de octubre, María Corina Machado y su partido se han convertido en el blanco de una feroz persecución por parte del régimen chavista.
En las últimas semanas, al menos cinco dirigentes de Vente Venezuela han sido detenidos arbitrariamente por la dictadura, acusados de estar vinculados con supuestas conspiraciones contra Maduro. Se trata de Víctor Venegas, Juan Freites, Luis Camacaro, Tomas Sequera y Guillermo López.
Además de estos cinco dirigentes, otros miembros de la organización política han sido perseguidos y amenazados por el régimen de Maduro, como Douglas Rodríguez, coordinador de Vente Venezuela en el estado Bolívar, quien logró evadir un intento de arresto por parte del SEBIN, la Policía política de la dictadura, luego de salir de una movilización a favor de Machado.
El número de arrestos en menos de dos semanas ha puesto en alerta a las máximas autoridades de Vente Venezuela, que han calificado estas acciones como una violación de los derechos humanos y una muestra de la falta de garantías para el proceso electoral que se avecina.
Estas detenciones han seguido un patrón que apunta a los directores del partido a nivel regional, así como a los representantes y acompañantes de los comandos de campaña de María Corina Machado, según denunció el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Orlando Moreno, al portal Efecto Cocuyo.
Para justificar la ola de arrestos, el Fiscal General designado por Maduro, Tarek William Saab, afirmó el pasado lunes que los detenidos serían investigados “por atentar contra el Estado venezolano e implosionar la paz ciudadana”. Sin embargo, no presentó prueba alguna que sustentara sus acusaciones, y se limitó a señalar que formaban parte de “cinco conspiraciones” que habrían sido desarticuladas por los organismos de inteligencia.
El abogado de Vente Venezuela, Perkins Rocha, denunció que estas detenciones forman parte de una “campaña sistematizada” para apartar al partido de la ruta electoral, y que violan el acuerdo de Barbados, firmado entre los chavistas y la oposición en octubre de 2023, con la mediación de Noruega, que incluía garantías políticas y electorales para los comicios presidenciales previstos para el segundo semestre de este año.
Rocha también indicó que al menos 10 sedes del partido en varios estados del país han sido vandalizadas con mensajes de amenaza firmados como “furia bolivariana”, en alusión a la estrategia del chavismo para “defender” a Maduro de las “amenazas conspirativas”.
El régimen chavista, como ha sido habitual en sus más de 20 años en el poder, vinculó a la oposición y a María Corina Machado en supuestos planes de “exterminio” de dirigentes de la llamada “revolución” y la acusó de solicitar una “intervención extranjera”.
En una clara señal de amedrentamiento y con el objetivo de desmovilizar a la oposición que ha resurgido con la figura de Machado en Venezuela tras las primarias, la Justicia chavista ratificó este viernes la inhabilitación de la líder opositora por un período de 15 años, al rechazar una solicitud de amparo cautelar presentada en diciembre.
Para María Corina Machado, la decisión de la Justicia de Maduro pone fin a las negociaciones en Barbados entre el régimen y la Plataforma Unitaria Democrática.
“El régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”, expresó.
Al respecto, el especialista en derecho y política internacional, Mariano de Alba, indicó que el régimen venezolano está consciente de que la reciente ola de persecución política contradice el Acuerdo de Barbados y complica la posible flexibilización temporal de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Sin embargo, aseguró que Maduro parece apostar a que la crisis migratoria en Estados Unidos llevará a la administración de Biden a ser reacia a reimponer sanciones al sector petrolero venezolano. A pesar de ello, en Washington todavía no se descarta esa opción, especialmente si la persecución política persiste.
“Otra razón por la que el gobierno de Maduro incumple el Acuerdo de Barbados es porque quiere ofrecer revertir esos incumplimientos (como arrestos arbitrarios) a cambio de obtener más concesiones de EEUU, como el levantamiento de la recompensa del Departamento de Estado sobre Maduro”, expresó de Alba en su cuenta en la red social X.
En medio de esta compleja dinámica, De Alba subrayó que la oposición venezolana enfrenta desafíos significativos, ya que no se han logrado avances clave previstos en las negociaciones con el chavismo, como la actualización del Registro Electoral Permanente o un mayor equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados.
Sobre el tema del cronograma electoral, aseguró que Maduro “parece buscar mantener a la oposición desorientada para limitar su tiempo de reacción”. Además sugirió que, una vez se anuncie la fecha de las elecciones presidenciales, estas podrían celebrarse en un lapso de entre 3 y 5 meses.
Un día antes de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, anunciara la inhabilitación de María Corina Machado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que la líder de Vente Venezuela no podrá ser candidata en ninguna elección en Venezuela.
“Con sanciones o sin sanciones. Con oposiciones o sin oposiciones. Con observadores internacionales y nacionales. O si no quieren venir, que no vengan los observadores internacionales. En Venezuela en 2024 habrá elecciones presidenciales porque eso es lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y elegiremos al Presidente de la República, o a la Presidenta de la República. Y se nos irá la vida en defender el derecho que tiene este pueblo para elegir Presidente en paz, en democracia, con el mejor sistema electoral del mundo entero. Con acuerdo de Barbados o sin acuerdo de Barbados. Porque ese acuerdo de Barbados está guindando sin ser mango. Porque estos sectores de la derecha venezolana tienen la mala costumbre de firmar papeles y después no hacer respetar su palabra”, expresó Rodríguez.
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