Juez Urrutia acumula nefastos antecedentes en su contra

El 22 de enero, el juez Daniel Urrutia envió un oficio al alcaide de la unidad especial de alta seguridad de la cárcel de máxima seguridad instruyéndole autorizar a 6 internos a realizar videollamadas, entre otras medidas, bajo apercibimiento de desacato.

• La decisión —objetada por Gendarmería y suspendida por la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá resolver sobre el fondo— incluía el contacto entre el interno condenado por narcotráfico Javier Andrés López Robles, 37, y su padre.
• “Autoriza videollamada con su defensora para autorizar patrocinio y poder y con su padre Ca(r)los López Chirino, quien se encuentra en el CP La Serena”, dijo la autorización número 13 de Urrutia.
• Lo que el oficio omitió es que Carlos Eduardo López Chirino, 81, alias “El ajedrecista” y “Don Carlos”, tenía un largo prontuario por narcotráfico, sentencias compartidas con hijos y que ambos tenían antecedentes de cometer delitos desde la cárcel.
• El juez Urrutia dijo a la Corte que fundó su decisión en reglas internacionales y que tras destaparse el caso había recibido amenazas de muerte que denunció en fiscalía.

El prontuario por tráfico del hijo. Al autorizarse sus videollamadas, Javier López cumplía 2 condenas por tráfico de drogas.

• Tráfico en la cárcel. El 20 de noviembre de 2023, el Tribunal de Juicio Oral de La Serena lo había condenado a 3 años de cárcel por tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades.
• La sentencia se remontaba en un operativo del 18 de mayo de 2022, en que se estableció que en “la celda Nº24, ubicada en el módulo 57 del CCP Huachalalume, La Serena, Javier Andrés López Robles, mantenía oculto con fines de tráfico 132 envoltorios de papel contenedores de 19,80 gramos netos de marihuana, además de 30 envoltorios contenedores de 1,31 gramos netos de pasta base de cocaína y 3 bolsas de nylon transparente de 7,97 gramos netos de cocaína base”.
• La droga la obtenía de una banda compuesta por su padre y su hermana, entre otros, dijo la sentencia.
• Droga desde Bolivia. El operativo en el penal ocurrió cuando Javier López cumplía otra condena. El 16 de octubre de 2018, la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral de La Serena lo había sentenciado a 10 años de cárcel por tráfico de drogas.
• La sentencia estableció que el 18 de marzo de 2018 había viajado junto a otras personas a la Región de Antofagasta “a fin de adquirir una gran cantidad de cocaína base que luego transportarían y se comercializaría en la IV región, adquisición que se concretó el mismo día en horas de la noche”.
• El día siguiente fueron interceptados por la policía en Calera. Huyeron en un vehículo, que volcaron “en el kilómetro 27 del camino C-302, sector Las Salinas, comuna de Caldera, transportando en el maletero dos sacos, contenedores de 67.340 gramos netos de cocaína base”.
• Según declaró Javier López en el juicio, “todo comienza más o menos el 15 de diciembre 2017, (en) que conversó con su padre Carlos López, que está preso hace hartos años, pidiéndole por favor si le podía contactar con algún boliviano para poder hacer algún tipo de negocio con droga”.
• El video. El 5 de diciembre de 2004, la tercera sala del Tribunal de Juicio Oral de La Serena lo había condenado a 5 de cárcel por tráfico de estupefacientes.
• La causó mostró cómo una internación de drogas controlada telefónicamente por su padre desde la cárcel —junto a un hombre identificado como Héctor—, derivó en una grabación de video.
• “El tribunal observó en el film cómo Javier López traspasó al tal Héctor en el estacionamiento del mall, frente a Falabella, varios fajos de billetes de baja denominación, que ascendían a la suma $1.800.000”, dijo el fallo.

El prontuario del padre. Cuando el juez Urrutia autorizó las videollamadas, Carlos López Chirino cumplía 2 penas por narcotráfico.

• Tráfico con el hijo. El 20 de noviembre de 2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena lo había condenado a 5 años de cárcel por tráfico ilícito de estupefacientes, en la misma causa en que fue sentenciado su hijo.
• Según estableció el tribunal, a las 6am del 18 de mayo de 2022 el OS-7 de Carabineros allanó su casa en el sector La Pampa de La Serena, encontrando “al interior de un vehículo ubicado en el patio interior del inmueble, 3 paquetes enguinchados contenedores de 3.016,86 gramos netos de marihuana, que López Chirino mantenía oculto con el fin de traficar”.
• En uno de los dormitorios había, además, “una bolsa transparente contenedora de 71,3 gramos brutos de Ketamina”.
• Indulto conmutativo. Carlos López Chirino había caído tras ser beneficiado el 29 de abril de 2020 por el indulto conmutativo entregado por el entonces Presidente Sebastián Piñera para bajar la densidad de las cárceles en pandemia, mostró su certificado de egreso.
• Esto permitió que dejara de cumplir 2 penas por tráfico de drogas. Al reincidir, la conmutación de una pena a 20 años fue revocada.
• “El ajedrecista”. Su reclusión no habría impedido que siguiera cometiendo delitos. El 16 de abril de 2008 el fiscal Rodrigo Ferrer de La Serena había solicitado al tribunal autorización para realizar interceptaciones telefónicas, a raíz del dato de un informante, e indagaciones del OS-7.
• De acuerdo con estos antecedentes, “el interno de apodo el ‘Ajedrecista’, identificado como Carlos López Chirino, desde el interior del Centro de detención Huachalalume y una red de contactos desde el exterior, ingresaría distintos chips para, de ese modo, mantener conversaciones para realizar los contactos y coordinaciones para el tráfico ilícito de estupefacientes en la ciudad de La Serena”.
• “Las actividades ilícitas realizadas por López Chirino se extienden a la ciudad de La Serena, no sólo en razón a lo expuesto por la informante cuya declaración se remite, sino que ello se ve confirmado por la existencia de una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas en la causa, conforme a la cual incluso se puede determinar que uno de los lugares de operación sería el CCP Hachalalume de esta comuna”.
• El tribunal accedió entonces a interceptar uno de los números solicitados.
• “Don Carlos”. El 5 de diciembre de 2004, la tercera sala del Tribunal de Juicio Oral de La Serena había condenado a Carlos López Chirino a 20 años de cárcel por tráfico de estupefacientes desde la cárcel.
• La sentencia estableció que interceptaciones telefónicas mostraron que “un sujeto, al cual se referían como ‘don Carlos’, y que posteriormente se estableció que correspondía a Carlos López Chirino, recluido en el centro de cumplimiento penitenciario de La Serena, a través de un teléfono celular coordinó e instruyó a un tal Héctor o Tito para la adquisición de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína en (…) Calama”.
• Esta debía ser entregada a sus hijos, Javier López Robles y a su hermana. Javier López fue grabado en un video pagando $1.800.000. Tras esto, los cargamentos fueron interceptados.
• El 12 de agosto de 2003 se decomisaron en 2 agencias de buses de Calama “3 cajas, conteniendo 33 paquetes con un peso neto de 30.267,3 gramos (…) de cocaína”.
• El 16 de agosto de 2003 “fue detenido un ciudadano boliviano, Marcos Flores Ramos, que en tres sacos portaba la cantidad de 38 paquetes, con un peso neto de 27.740,41 gramos de pasta base de cocaína y un peso neto de 1.994,87 gramos de clorhidrato de cocaína”.
• Sentencias previas. El fallo consignó que López Chirino tenía una condena previa a 15 años de cárcel por tráfico ilícito de estupefacientes del Primer Juzgado de Letras de Los Andes y otra a 5 años de cárcel por entregar drogas a menores de edad.

BENEFICIO CARCELARIO A NARCO

Tras su visita a la Cárcel de Alta Seguridad realizada el 19 de enero, el juez Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, ordenó a Gendarmería otorgar beneficios carcelarios a 13 reclusos, como visitas, videollamadas y no registrar las reuniones de los detenidos con sus abogados.

• A uno de ellos le concedió un beneficio especial. A Rafael Marín Vielma lo autorizó a una “visita íntima” con su pareja Lady Nelly Martínez Moreno.
• El ciudadano colombiano está condenado como autor en una operación de tráfico de éxtasis desde España. Debe cumplir penas efectivas de 10 años y un día y 5 años de presidio, por  delitos consumados de tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas y tenencia ilegal de arma de fuego.
• Días después, el 25 de enero, en una audiencia con Gendarmería, el juez Urrutia les exigió cumplir con los beneficios carcelarios e insistió en la situación de Marín Vielma.
• “Lo último que queda, necesito saber qué pasa con la visita autorizada de Rafael Vielma con Lady Martínez, hay orden de visita íntima”, señaló el magistrado según quedó registrado en la transcripción de la audiencia.
• Urrutia les dio 15 días de plazo para otorgar la visita íntima, pero Gendarmería recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para que resuelva la procedencia de las medidas ordenadas por el juez.

Abogado en común. El abogado privado defensor de Rafael Marín Vielma y de su hermano Leonel Marín Vielma -que participaron juntos en el delito de tráfico de estupefacientes- es Carlos Quezada Orozco.

• Así queda registrado en diversos documentos vinculados a la causa judicial que se inicio en 2020 y se desarrolló en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago.
• Marín fue detenido por la PDI ese año en medio de un operativo de transacción de droga portando una pistola Glock con cartuchos.
• Tenía el agravante de tener una condena anterior en Antofagasta de 7 años por tráfico. Esa causa de 2016 es la que cita el juez Urrutia en el documento con la solicitud de beneficio carcelario y no la de 2020 ocurrida en la comuna de La Florida y donde el abogado defensor es Carlos Quezada.
• Quezada es un antiguo conocido de Urrutia, ya que también es su abogado personal.
• Ha sido el representante del magistrado en diversas querellas y denuncias que este ha presentado por amenazas o injurias. El 2023 fue su abogado en la querella por calumnias que el juez presentó contra el ex diputado y ex ministro de Defensa Mario Desbordes.
• Desbordes había señalado en una entrevista en televisión que Urrutia era un “activista político” que “liberaba delincuentas”. Tribunales desestimó la querella por falta de mérito.
• En 2020, Quezada logró la formalización y arraigo nacional de un hombre que hizo amenazas de muerte al juez Urrutia y también ha presentado otras querellas en esa línea por mensajes en redes sociales.
• La semana pasada, Quezada volvió a asumir la representación de Urrutia para denunciar en Fiscalía, las amenazas que el juez recibió tras conocerse los beneficios carcelarios otorgados a imputados de la Cárcel de Alta Seguridad.
• El abogado dio entrevistas como representante de Urrutia. En CNN Chile señaló el domingo que la reacción del mundo político por la decisión del juez “fue destemplada y rídicula”.
• “Personeros políticos hicieron una especie de hoguera de las vanidades y terminaron lanzando al magistrado. Parecieran creer que erradamente que Chile puede pasar por arriba de los tratados internacionales ratificados en ese tipo de materia. Lo que se están pidiendo es que estas personas que están imputadas por delitos de extrema gravedad y pertenecen a organizaciones criminales extranjeras, básicamente pierdan la totalidad de sus derechos”, señaló.

Insiste en beneficio. Cuando Gendarmería explicó a Urrutia que no existen dependencias en la Cárcel de Alta Seguridad para entregar el beneficio de visita íntima a Marín Vielma o a cualquier otro detenido, el juez les respondió que podían trasladarlo a la cárcel adjunta Santiago Uno.

• “Bueno, por eso el Tribunal ordenó que se realice la visita íntima y se adopten las medidas de seguridad para hacerlo en el venusterio que tiene la Penitenciaría o Santiago Uno”, dijo Urrutia a Gendarmería, según la transcripción de la audiencia.
• “A los internos se les saca muchas veces por ejemplo a tribunales. Encuentra el Tribunal que no es razonable la respuesta que Gendarmería está dando y por lo tanto el Tribunal sigue con la orden de que dentro los próximos días a partir del viernes pasado, se deba realizar la visita íntima de Leydi Nelly Martínez Moreno, siempre que ella quiera, obviamente”.
• “Las órdenes judiciales se cumplen. Si no quieren cumplirlas, ustedes se hacen cargo de no cumplirlas. Es su responsabilidad administrativa y jurisdiccional en su caso. Porque si no, al final lo que ordenen los jueces da lo mismo, y si da lo mismo mejor cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran”.

¿Quién es el abogado? Carlos Humberto Quezada Orozco, nació en Santiago el 12 de octubre de 1972 (51 años). Estudió Derecho en la Universidad Andrés Bello, jurando como abogado en 2001. También tiene un magíster en la Universidad de Talca.

• Como abogado penalista ha sido defensor en varias causas de connotación pública. Según registros de prensa, le ha tocado defender a miembros de la Garra Blanca y a fallecidos en el incendio de la cárcel de San Miguel.
• Un reportaje de Ciper, señaló que le tocó defender a miembros de la banda de narcotráfico Los Gaete.
• “Quezada ha participado de causas célebres. Defendió al ingeniero Ricardo Jiménez y a su pareja en un juicio por producción y supuesto tráfico de mezcalina que era usada con fines terapéuticos. También al ex inspector de la policía antinarcóticos Gonzalo Araya. En estos días participa del juicio oral contra Roberto Silva Cerpa, acusado de ser el financista de un tráfico de 30 kilos de cocaína desde Bolivia”, señala la nota.

/GAP