Las comunicaciones entre el ministerio del Interior, la PDI y el Ministerio Público han sido constantes, desde el miércoles 21 de feberero, día en que fue secuestrado desde su departamento el teniente (R) Ronald Ojeda, exmilitar disidente del régimen de Nicolás Maduro.
El caso mantiene al gobierno y a las policías en estado de alerta, dado que -hasta ahora- no se tiene claridad sobre el móvil del secuestro, donde aún son tres las hipótesis en las que se trabaja para destrabar el caso.
Por un lado, está la tesis de que se trata de una operación de la Inteligencia venezolana; también, existen sospechas de un eventual ajuste de cuestas por parte del crimen organizado; o bien, de un caso de autosecuestro, organizada desde la disidencia a Maduro.
Para ir cerrando flancos, y reunir la máxima cantidad de antecedentes en torno a la investigación, es que el gobierno solicitó a la PDI, la creación de un equipo especial que trabaje 24/7 en la indagatoria.
Si bien el caso se encuentra radicado en la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales-Antisecuestros (Bipe), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, solicitó al director general de la PDI, Sergio Muñoz, disponer de un equipo que se dedique sólo a la indagatoria de Ojeda, dada las complejidades que presente en cuanto al modus operandi utilizado por los delincuentes.
El equipo de detectives, encargados de destrabar la trama detrás del secuestro, ya se encuentra trabajando en la revisión de cámaras de la Costanera Norte, como también solicitando información en distintos puntos de entrada y salida al país.
En paralelo, también se trabaja en entrevistas a testigos que hayan presenciado movimientos “extraños” en el edificio desde donde fue secuestrado Ojeda. Fuentes del caso, advierten que todo fue “pensado” y “sí o sí”, necesitó de un “estudio de campo” previo por parte de los delincuentes.
Se cree, en esa misma línea, que los secuestradores realizaron seguimientos a Ojeda, en los últimos días antes de la “extracción”, como también rondas que les permitieran identificar sus horarios y traslados. Por lo mismo, también se indaga el círculo de amigos del exmilitar, como también sus cercanos en el trabajo.
Para Interior el caso es prioritario, tanto así que el Ejecutivo también presentó una querella -la cual fue admitida a tramitación- por los delitos de secuestro y porte ilegal de armas.
En el texto, el Ejecutivo argumentó que “resulta palmario que los hechos constitutivos del delito de secuestro, donde el comienzo de ejecución de los delitos fue en el domicilio de la víctima, con armas de fuego, constituyen un innegable atentado a la sensación de tranquilidad de un sector determinado de la población”.
El trabajo de la BIPE
El equipo antisecuestros de la PDI tiene una historia que se remonta a 1994 con la creación de la BIPE. En ese entonces ya había profesionales analizando el comportamiento del fenómeno en el ámbito internacional, aunque tras los años con la evolución del delito fue en 2022 que se decidió crear una unidad dedicada exclusivamente a los secuestros.
Quienes conforman la Brigada cuentan con una preparación especial, con un enfoque principal en el rol de negociador, por lo que conlleva un arduo trabajo de preparación psicológica para afrontar este tipo de situaciones.
Hasta ahora, los “negociadores” no han entrado a escena en este caso, pues una de las complejidades que presenta, es que aún no hay una comunicación con los secuestradores. Fuentes del caso aseguran que nadie ha solicitado el rescate de la víctima, lo que es atípico en estas investigaciones.
En tanto, en la Fiscalía Nacional ya diseñaron un plan prioritario para avanzar en las pesquisas, donde, además del trabajo del fiscal regional Sur, Héctor Barros, también está colaborando la Unidad Especializada en Crimen Organizado.
Por ahora, las pistas no son concluyentes, y el caso sigue abierto, sin responderse aún, qué fue lo que motivó el secuestro del exuniformado venezolano.
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