“Ximena Rincón ha logrado que gobierno le proporcione convenio de colaboración policial con Venezuela. Inaceptable la firma de un convenio de este tipo con una dictadura, para, por ejemplo, entregar información biométrica y decidactilar de venezolanos residentes en Chile”.
Eso publicó, a las 23.01, en su cuenta de X el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado.
Así, el dirigente planteó sus cuestionamientos a los detalles del texto suscrito -en enero pasado- entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y las autoridades de Venezuela, tras el secuestro del teniente (R) opositor de ese país, Ronald Ojeda.
Aunque la oposición celebró el convenio cuando el gobierno lo adhirió, ahora las críticas apuntan principalmente al contenido del escrito respecto a intercambiar “información biométrica y decidactilar, con finalidades investigativas” para “lograr una indentificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos”.
Así como la “actualización de los listados de prófugos de la justicia compartidos entre las partes, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas”.
Si bien el origen de los reparos suscitaron a raíz de la publicación de La Razón de Venezuela -férreo opositor al régimen de Nicolás Maduro-, que señaló que este convenio “abrió las puertas” a la inteligencia de Caracas en Chile (lo que fue categóricamente negado por Monsalve), lo cierto es que las críticas ahora apuntan a por qué se firmó un acuerdo con un régimen considerado como una dictadura.
La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, profundizó en este punto y señaló que “nos parece totalmente grave la colaboración policial suscrita entre el gobierno de Chile y de Venezuela. Creemos en la idea que tenía el Ejecutivo chileno para combatir el crimen organizado, pero -y según ha reconocido el propio Presidente Gabriel Boric- estamos tratando con una dictadura, con un país con una democracia fallida, autoritario según clasificaciones internacionales”.
Y agregó: “Emplazamos al gobierno a responder la pregunta que todos nos hacemos: ¿Es correcto entregar este tipo de información a un régimen que viola constantemente los derechos humanos de sus ciudadanos? Si el gobierno no quiere ser cómplice del régimen de Maduro, tiene que preocuparse de garantizar los derechos de los refugiados y asilados en nuestro país”.
Su par de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet-quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara Baja- acusó al gobierno de “secretismo” y criticó que se firmen convenios con dictaduras.
El excanciler Roberto Ampuero calificó de “ingenuo” el acuerdo suscrito y apuntó sus dardos a Monsalve, quien fue la cara visible del Ejecutivo en la firma del convenio. “Las policías que son parte de dictaduras, como la venezolana, como la cubana, como la nicaragüense, como la de Corea del Norte, son estrictamente político-ideológicas. Esta separación de que este es un trabajo técnico-policial solamente, a mí me preocupa demasiado viniendo del gobierno de Chile, y me parece que es muy ingenuo”, dijo a El Líbero.
Y agregó: “A mí me sorprendió mucho la teoría del subsecretario Monsalve, al decir que hemos acordado compartir información. Disculpe. Alguien que cree que una dictadura como la venezolana comparte información de inteligencia policial con un gobierno como el de Chile, que obviamente no es de su agrado, es que tiene una película poco clara con respecto a lo que significan las policías internacionales”.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Francisco Chahuán (RN), indicó a este medio que Chile Vamos le va a pedir una reunión a la ministra del Interior sobre el caso. “Espero que Chile esté cumpliendo con la obligación de dar adecuada protección a aquellas personas que se encuentran en calidad de refugiados, como seria el caso del teniente coronel y eso implica dar todas y cada una de las condiciones de seguridad”, precisó.
Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado Diego Schalper (RN) agregó que ofició a Monsalve, a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al director nacional de la PDI para saber “qué información ha requerido Venezuela en el marco de ese convenio y qué información ha entregado Chile”, para así “terminar con las especulaciones”.
“Cualquier convenio que celebre el país nunca puede estar sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos que resguardan a las personas que tienen asilo en otros países y por lo tanto hay que evaluar y verificar si es que se hubiese entregado información de esa naturaleza, efectivamente estaríamos en una cosa extremadamente grave”, señaló.
En la misma línea se expresó la diputada de esa comisión, Ximena Ossandón (RN), quien dijo que “el subsecretario Monsalve y la Cancillería fueron poco diligentes al promover el acuerdo entre Chile y Venezuela para información e intercambio de prófugos de la justicia. Es sabido, y así lo han respaldado todos los organismos internacionales, que en Venezuela existe prisión política, tortura y serios atropellos a los Derechos Humanos”.
Por su parte, el diputado Stephan Schubert (Ind.-rep) indicó que es importante que el Ministerio del Interior aclare si se ha compartido información de refugiados o asilados políticos: “Ese punto debe ser explicado por qué se consignó un punto como ese en el documento porque, repito, fue suscrito con una dictadura y que tiene disidentes y, por lo tanto, es un punto sensible”.
Oficialismo acusa aprovechamiento político
En el oficialismo, en todo caso, salieron a reaccionar rápidamente. Y, en línea con lo dicho por La Moneda, pidieron no sacar provecho políticos.
El excanciller de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, precisó que “es absurdo insinuar que el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda se ejecutó con la supuesta aquiescencia de la autoridad chilena”.
El diputado y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Tomás De Rementería (PS), por su parte, aseguró que “el convenio es algo que todos buscábamos, todos dijimos que había que establecer relaciones de esa índole con Venezuela para poder combatir el crimen organizado de origen venezolano que se ha instalado en Chile”.
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