«La restricción de libertad decidida, aparece hoy como desproporcionada a la luz de las nuevas diligencias realizadas en la investigación, con posterioridad a la formalización de cargos (…)».
Eso detalla la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta dada a conocer ayer, la cual en su reemplazo decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional al exseremi del Minvu, Carlos Andrés Contreras y al fundador de Democracia Viva (DV), Daniel Andrade, quienes se encontraban en prisión preventiva tras ser formalizados el 15 de diciembre por fraude al fisco reiterado en la causa origen del caso Convenios.
Es así que en fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y la abogada (i) Luisa Cortés Sánchez- revocó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta el 20 de febrero, en la cual el juez Andrés Santelices consideró que no existían antecedentes nuevos para modificar esta medida cautelar.
Según consignó El Mercurio de Antofagasta, dentro de las nuevas diligencias realizadas, la Corte de Apelaciones mencionó la declaración de Contreras, el informe de Gendarmería en cuanto a su baja peligrosidad delictual, la pericia contable privada agregada a la causa, el informe de Lacrim que se encontraba en los tomos secretos para la defensa, la disposición a entregar equipos de comunicación y sus respectivas claves por parte Andrade, sin oponerse ni obstaculizar dicha diligencia, conforme a los antecedentes vertidos en audiencia.
«En atención a lo antes expuesto, esta Corte estima, que la seguridad de la sociedad, se puede resguardar con la imposición de medidas cautelares menos intensas, toda vez que de acuerdo a las actuaciones referidas es posible avizorar la concurrencia de dos o más atenuantes de responsabilidad penal a su favor, cuya determinación ciertamente será materia de fondo, lo que incidiría en la entidad de la pena probable a imponer y su posible cumplimiento en libertad», detalla el fallo.
Sobre la resolución, el Presidente de la Corte de Apelaciones Antofagasta, indicó que «la Sala señaló que al día de hoy la medida cautelar de prisión preventiva resultaba desproporcionada teniendo en consideración que con posterioridad a la formalización de ambos imputados han habido nuevas diligencias realizadas en la investigación que eran antecedentes que no se tenían con anterioridad».
Audiencia
En la audiencia realizada ayer, se revisó por cuarta vez la medida cautelar de prisión preventiva que mantenían Contreras y Andrade desde diciembre por este caso, en el cual se investigan presuntas irregularidades en el traspaso de $426 millones desde el Minvu a DV.
El primero en exponer fue el abogado representante de Contreras, Ivo Arteaga, quien entre sus argumentos insistió en que Contreras no fue quien seleccionó a la fundación Democracia Viva, pues esto no estaba dentro de sus facultades, decisión que era tomada desde nivel central.
«El señor Contreras recurre a una red de contactos luego de una vida política y desde su celular aporta al señor Legundas, que es el encargado de la seremia del plan y programa y le propone agregar dos fundaciones, una de ellas es Democracia Viva para que le envíen un correo para que, si está interesada esa fundación, se evalúe su potencial incorporación a la nómina», declaró.
El segundo en exponer fue el abogado representante de Daniel Andrade, Diego Sporman, quien recalcó que Democracia Viva cumplía con todos los requisitos exigidos. Dentro de ellos, ser una institución sin fines de lucro, contar con al menos 6 meses de antigüedad desde su conformación y experiencia en intervenciones comunitarias y territoriales.
«No solo cumplía de manera abundante todos los criterios. La experiencia de Democracia Viva no solo se limita a cabildos como se dijo, sino que además ha participado en intervenciones territoriales a lo largo del país», declaró.
Post Resolución
«Quedamos muy contentos con la resolución de la Corte. Creemos que después de esto, podemos dedicarnos a lo importante, y no a lo urgente y dedicarle tiempo a la investigación y tratar de desentrañar cómo efectivamente ocurrieron los hechos», declaró, Ignacio Figueroa, abogado de Andrade.
En tanto el fiscal regional Juan Castro Bekios, precisó que «en lo relacionado con la existencia del delito y la calificación jurídica, la Corte de Apelaciones mantuvo el pronunciamiento que ya había tenido el tribunal de Garantía de Antofagasta (…) en el sentido de que los hechos que están siendo investigados son constitutivos de delitos de fraude al fisco reiterados».
El fiscal a cargo de la investigación, Cristian Aguilar, indicó que «la fiscalía estimaba que los imputados constituían un peligro para la seguridad de la sociedad y así los planteamos. Lo mismo que se habían mantenido los antecedentes que justificaban la existencia de los delitos reiterados de fraude al fisco y que ambos le correspondían participación como autores, eso mismo ha sido confirmado por la Corte de Apelaciones (…)».
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