El cuestionado convenio de colaboración policial y de seguridad entre Chile y Venezuela, sumó un nuevo episodio ayer, cuando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que pese a haberse firmado el 18 de enero de este año, este aún no estaba vigente por tres razones: porque faltaba un trámite en Cancillería -que ya se hizo-, porque Venezuela «todavía no firma el decreto» y porque los países aún no han comunicado quiénes serán su contraparte.
No obstante, en el artículo 10 del texto, se estipula que «el convenio se hará efectivo en la fecha de su firma y tendrá una vigencia de cinco años». Asimismo, indica que las contrapartes serán la Policía de Investigaciones por parte de Chile, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el cuestionado CICPC, por parte de Venezuela.
El subsecretario Monsalve también explicó que ninguno de los países ha nombrado a las contrapartes técnicas de contacto, lo que de ser así, expondría un atraso de más de 10 días en el trámite, pues según fijó el acuerdo, esas personas debían estar designadas hasta 15 días hábiles después de la firma del convenio, plazo que caducó el 8 de febrero.
El convenio quedó cuestionado luego de que el periódico venezolano La Razón afirmara el domingo que los términos del acuerdo facilitaron el secuestro del exmililtar y expreso político venezolano asilado en Santiago, Ronald Ojeda. El lunes, Monsalve dijo que era «una total mentira. Si usted me pregunta cómo califico esa publicación, la califico de una total mentira”.
Además de plantearse dudas respecto a la probidad de las instituciones venezolanas con las que se juntó el subsecretario en Caracas, también se levantaron críticas porque Monsalve dijo que el objetivo del acuerdo apuntaba sólo a crimen organizado, cuando en el artículo 3 («Acciones específicas»), dice que las partes promoverán el «mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia», y Ojeda cabe en esa categoría, por cuanto huyó de la cárcel Ramo Verde, donde estaba acusado de «traición a la patria» por ser parte de una supuesta planificación para asesinar al Presidente Nicolás Maduro.
Monsalve: “No ha habido intercambio de información entre contrapartes»
En conversación con radio Duna, Monsalve explicó que antes de viajar a Venezuela, se consultó a Cancillería si el documento se constituía como un convenio o como un tratado, caso en que hubiera sido necesario que pasara por el Congreso. Sin embargo, Relaciones Exteriores concluyó que se trataba de un convenio y dio luz verde para su firma.
El convenio «dice que ambos países deben nombrar sus contapartes y que solo opera el convenio una vez que las nombran sus contrapartes. Para nombrar las contrapartes nosotros teníamos que terminar la tramitación con la Cancillería, para que se firmara una resolución que le da vigencia legal al convenio en Chile. Y Venezuela también tiene que tramitar algo parecido y tiene que firmar un decreto para poder implementar el convenio. Venezuela todavía no firma el decreto, Chile firmó la resolución hace unos días. Por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes. Por lo tanto, el convenio no está activo”, aseguró pese a que el documento (arriba) no explicita esa condición.
En esta línea, Monsalve recalcó que “el convenio no está implementado, no hay nombramiento de las contrapartes, no ha habido intercambio de información entre las contrapartes, por lo tanto, todos los que han hablado, diciendo que a partir de este convenio se ha entregado información, mienten”.
Asimismo, agregó que “se podrán hacer muchas críticas al Gobierno y son legítimas, pero inventar la tesis de que nos colocamos de acuerdo para perseguir disidentes políticos me parece un insulto desproporcionado”.
El lunes el subsecretario Monsalve dijo en un punto de prensa que el convenio era público, sin embargo, al solicitarlo este medio, se explicó que sólo se podía difundir con la venia de ambos países.
Diputado Soto: «Le pediría a Monsalve más prolijidad»
La forma en que se han ido conociendo detalles del convenio ha generado críticas. El diputado PPD Raúl Soto afirmó que «le pediría al subsecretario Monsalve más prolijidad en el tratamiento del caso del manejo de la información y también las comunicaciones que se entregan a la ciudadanía. Creo que en esta materia hay que tener un política de Estado y lamentablemente hasta ahora eso no se ha hecho».
Mientras, el diputado Republicano José Carlos Meza, opinó que todo lo sucedido en torno al secuestro «ha sido totalmente impresentable. En primer lugar, llevamos siete días y aún no se conoce el paradero de esta persona que tenía la calidad de refugiado político en nuestro país. En segundo lugar, las versiones discordantes que desde el gobierno han salido, la falta de transparencia al respecto, la negativa por parte del gobierno y de sectores del oficialismo a tener una sesión especial en el Congreso para tratar este tema, solo aumentan las sospechas que existen sobre este caso. Y finalmente la guinda de la torta es lo que pasa hoy día con el subsecretario Monsalve para aclarar que el acuerdo de colaboración con el gobierno venezolano para intercambiar información de personas que podrían estar involucradas en la comisión de delitos no estaría operativo. La verdad es que esta actitud sorprende de parte de un gobierno, pero la verdad es que no sorprende de parte de este gobierno en particular, que se ha caracterizado por la improvisación y la mala administración».
Original de El Líbero
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