La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes su sentencia sobre el recurso de apelación presentado por el régimen de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I, que autorizó continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada”, dijo el presidente de la Sala de Apelaciones, juez Marc Perrin de Brichambaut, al anunciar que “por unanimidad” han rechazado los argumentos del régimen y confirmaron la continuidad de la investigación por crímenes de lesa humanidad, informó Monitoreamos.
El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI había anunciado su decisión de abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país caribeño, luego de que en 2018 Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran una remisión sobre el caso.
Sin embargo, en abril de 2022 la investigación se detuvo debido a una solicitud de inhibición presentada por el régimen de Maduro, que argumentaba que ya en el país estaban avanzando actuaciones nacionales.
El 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía de la CPI solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares reanudar la investigación en esta situación, debido a que las supuestas actuaciones nacionales de Venezuela no eran genuinas ni abarcaban todos los delitos que se investigaban en La Haya. Tras analizar el caso, el 27 de junio de 2023 la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó a la Fiscalía de la CPI a reanudar su investigación.
Ante esto, el 3 de julio de 2023 el régimen de Maduro comunicó su intención de apelar la decisión y el 14 de agosto de 2023 presentó su escrito de apelación. En este proceso, la Sala de Apelaciones recibió escritos del Fiscal de la CPI y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, así como representaciones de las víctimas y observaciones del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), y los días 7 y el 8 de noviembre de 2023 celebró una audiencia pública para escuchar a las partes.
Durante la audiencia, los representantes de la Fiscalía de la CPI y la Oficina de Víctimas desmontaron los argumentos del régimen.
“La posición de las víctimas es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos”, sostuvo Paolina Massidda, la representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI.
Además, los representantes del régimen admitieron que en Venezuela continúan impunes la mayoría de los casos de los cuales presentó documentación ante el tribunal de La Haya.
En otro orden, este jueves el Instituto Casla denunció la crítica situación que atraviesan los presos políticos en Venezuela, la desaparición forzada de varios de los detenidos en los últimos tres meses e indicó que “el Estado continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad”.
A través de un comunicado, recordó que el pasado lunes 19 de febrero se conoció del traslado forzado de un número aún desconocido de presos políticos desde la sede del DGCIM (la Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Boleíta Norte, Caracas; al recién remodelado Internado Judicial El Rodeo 1, ubicado en Guatire, Estado Miranda.
“Los sacaron sin las pocas pertenencias que tenían, sin que sus familiares y abogados fueran notificados de dichos traslados y, de la poca información que se conoce, es que los tienen incomunicados en celdas parecidas en su tamaño y contenido a las celdas de la casa de los sueños del DGCIM, sin que se les permita comunicarse con sus familiares, sin agua potable, teniendo que tomar agua proveniente de tuberías de la calle”, detalló el Instituto Casla.
Y siguió: “También tienen prohibido libros, cartas o cualquier otro material de lectura. Se desconoce si les están suministrando las medicinas que necesitan, ya que varios presentan graves patologías adquiridas durante el tiempo que han estado detenidos, y presumimos que se le sumarán enfermedades gastrointestinales por el tipo de hidratación que consumen”.
El instituto recordó que varios de los trasladados tienen medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellos están el General Héctor Hernández Da Costa, quien se encuentra grave de salud; y el Coronel Oswaldo García Palomo.
“Todos tenían medidas cautelares de protección cuando estaban en el DGCIM y fueron violentados, torturados física y psicológicamente los últimos meses, situación que fue notificada a la CIDH en su debida oportunidad y no obtuvimos respuesta”, detalló.
Luego manifestó que es importante recordar que la detención de varios de los presos políticos trasladados ha sido declarada como “arbitraria” por el Grupo Contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que ha exigido su inmediata liberación, y sus casos han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional.
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