Mediante una carta, los diputados de la UDI solicitaron al ministro de Justicia, Luis Cordero, que incluya algunos aspectos relevantes para el gremialismo en la cita que el secretario de Estado sostendrá en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Cordero deberá acudir a la instancia este 5 y 6 de marzo para exponer sobre el cumplimiento de las obligaciones de Chile respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fija compromisos de los estados sobre la materia. Por esos días, Cordero se trasladará a Suiza donde expondrá sobre las acciones desde el 2014 hasta la fecha.
Con motivo de esta cita, es que los diputados gremialistas Juan Antonio Coloma y Cristián Labbé pidieron incluir otros aspectos como la “violencia terrorista”, las víctimas del estallido social del 18 de octubre de 2019 y la deserción escolar y crisis de los servicios locales de educación pública (SLEP).
“Nos dirigimos respetuosamente a usted para que tenga a bien plantear durante este importante encuentro internacional de alto nivel, algunas situaciones que están afectando los derechos humanos en nuestro país y asumir formalmente el compromiso del Estado de Chile con el bienestar y protección de quienes han sufrido vulneraciones”, dice la misiva a la que tuvo acceso La Tercera.
Así, por ejemplo, en el aspecto de violencia terrorista se indica que “desde hace más de una década, los atentados de grupos terroristas en contra de civiles inocentes en la Macrozona Sur se han transformado en uno de los principales problemas de seguridad no solo por la grave amenaza que significan para el orden público, sino que también por la afectación que han provocado en la calidad de vida y el derecho de las víctimas a vivir en un entorno que asegure su integridad física y psíquica”.
En ese sentido, critican a las organizaciones subversivas y falta de planes de acción estatal.
Respecto del estallido social, los gremialistas consignan que luego de las manifestaciones, incendios y saqueos de 2019 hubo locatarios de las zonas afectadas que “se vieron obligados a cerrar sus negocios a raíz del vandalismo que se observaba en dicha época, afectaron gravemente el normal funcionamiento de las ciudades y, por consiguiente, los derechos humanos de las víctimas al haber obstaculizado la realización de sus actividades, y que finalmente derivó en una paralización económica y laboral con consecuencias en la continuidad del empleo y el sustento económico de muchas familias”.
Por último, se aborda la crisis de educación con los SLEP. “Con más de 50.000 escolares que estaban inscritos en algún establecimiento durante el 2022, pero que no se matricularon en 2023, el sistema educativo nacional atraviesa una de las crisis más relevantes de los últimos años, lo que, sumado a los problemas en la implementación de los SLEP, con clases paralizadas y recintos con graves fallas en su infraestructura, ha afectado notoriamente el derecho a la educación en nuestro país, dando cuenta de la necesidad de actuar rápidamente”, dice el escrito.
Dentro de los temas que Cordero tiene contemplado abordar, están los derechos de la mujer, el plan nacional de búsqueda y un plan para víctimas de la represión policial del estallido social. Además, expondrá sobre avances legislativos en la materia, cómo se ha combatido la pandemia del Covid-19 y algunos delitos como la trata de personas.
“Los temas sobre los cuales se rinde examen son señalados por el comité”
Consultado por La Tercera, el ministro Cordero sostuvo que el examen se rinde respecto de un requerimiento de información que hizo el comité el año 2019 y en base a un informe que elaboró el gobierno de Sebastián Piñera el año 2021. Además, recalca que el examen se rinde en calidad de “Estado de Chile” y no de un gobierno en particular.
“Los temas sobre los cuales se rinde examen son señalados por el comité. El examen consta de dos días, sujeto de un riguroso procedimiento y tiempo en el cual el Estado de Chile tiene 15 minutos para formular su introducción y en adelante solo debe responder a las preguntas del comité con todos los antecedentes que el comité ya tiene a su disposición desde el 2021 a la fecha”, aseguró.
Y agregó: “De modo que no es el Estado el que elige respecto de qué asuntos debe rendir cuenta, sino que es el comité y los miembros del comité quienes formulan las preguntas respecto de las cuales el Estado de Chile debe formular su examen, teniendo en consideración su informe previo, sus actualizaciones, así como las observaciones de la sociedad civil”.
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