El secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, de 32 años, que fue sacado de madrugada de su departamento de Santiago de Chile el 21 de febrero y cuyo cuerpo se encontró el pasado viernes 1º de marzo, todavía está lleno de preguntas que no tienen respuestas firmes. La principal duda apunta al móvil del crimen, que se ejecutó de una forma inusual, según han coincidido los especialistas en Chile. Tres sujetos vestidos como policías chilenos –con supuestos chalecos antibalas, cascos oscuros y los rostros tapados– lo sacaron de un departamento en un piso 14 de un edificio en el municipio de Independencia y se lo llevaron. Ojeda –refugiado político en Chile desde 2018– iba descalzo, maniatado y solo con su ropa interior, que habría sido clave para la identificación de su cadáver. La operación revela que el secuestro fue planificado meticulosamente y que se consumó con profesionalismo.
En Chile, lo único cierto parece la sensación de vulnerabilidad, porque el crimen de Ojeda confirma que actualmente en el país operan grupos organizados que son capaces de hacerse pasar por policías, sacar a una persona de su casa de madrugada, secuestrarla, y que el Estado, pese al intenso trabajo de la Fiscalía y las policías, no pudo impedir su muerte. La data de fallecimiento es entre siete y 10 días, por lo que no se sabe con certeza si fue asesinado inmediatamente luego del secuestro o si lo hicieron tras sacarle algún tipo de información. Incluso, si pese a que querían mantenerlo con vida, los delincuentes lo mataron al darse cuenta de la conmoción pública que generó su desaparición.
El cuerpo del exteniente fue encontrado 10 días después dentro de una maleta enterrada a 1,4 metros bajo cemento en una barriada informal del municipio de Maipú, en la zona oriente de Santiago. Su alcalde, Tomás Vodanovic, ha definido aquella zona como “una fuente permanente de delitos e incivilidades”. La forma de ocultar el cadáver bajo cemento ya había sido detectada por la Fiscalía de Arica, en el extremo norte de Chile, en operaciones atribuidas al clan Los Gallegos, un grupo considerado como brazo operativo de la organización venezolana el Tren de Aragua, que opera desde hace aproximadamente tres años en distintas regiones. El fiscal a cargo del caso Ojeda, Héctor Barros, aseguró el viernes que se trata “una operación compleja vinculada al crimen organizado”. El diario El Mercurio informa que la Fiscalía atribuye el crimen a “una célula” del Tren de Aragua.
La organización criminal venezolana, como relató en septiembre EL PAÍS, se extendió por varias zonas de Chile y, aunque hoy hay abiertas varias investigaciones en reserva, han existido tres grandes operaciones a nivel nacional, desde la Fiscalía de Tarapacá, para desarticularlo. La primera fue en marzo de 2022, y abarcó tres regiones. En una de ellas, la de Valparaíso, a unos 109 kilómetros de Santiago, en la ciudad de Quilpué fue detenido Carlos González Vaca, alias Estrella, quien llegó desde Caracas como jefe del Tren de Aragua en Chile. También fue apresado Hernán David Landaeta Garlotti, alias Satanás, sindicado por la policía como sicario.
En Chile, la megabanda ha cometido delitos como trata de personas con fines de explotación sexual de mujeres y adolescentes migrantes, sobre todo de nacionalidad venezolana, además de extorsiones, tráfico de drogas, torturas y asesinatos cuando sus víctimas no cumplen con los pagos a los que son obligadas. “Después de la pandemia, el crimen organizado se llama Tren de Aragua”, dijo el director de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz, el 1º de septiembre durante un seminario sobre seguridad en el Senado.
Elementos que no cuadran
Pero hay elementos que no cuadran en el caso Ojeda, porque, a diferencia de los secuestros que han ocurrido en estos dos últimos años en Chile, del tipo extorsivo, sus captores no pidieron dinero ni se comunicaron con la familia. Si solo querían asesinarlo, entonces, ¿para qué secuestrarlo? Se arriesgaron, incluso, a que las imágenes quedaran grabadas en las cámaras de seguridad del edificio de Ojeda.
El Gobierno de Gabriel Boric ha sido cauteloso desde que se encontró el cadáver y ha evitado profundizar. La primera en reaccionar este sábado fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, que envió las condolencias a la familia y a los cercanos del exmilitar de 32 años, comprometió apoyo a la Fiscalía y reforzó el compromiso del Gobierno contra la criminalidad. El presidente optó por referirse a un asunto político –una defensa a sus socios del Partido Comunista, una fuerza que ha sido criticada por la oposición por sus lazos con el Gobierno de Venezuela–, y por la tarde fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el que habló de “un caso de criminalidad extrema”. La precaución de La Moneda muestra que todavía existen pocas certezas respecto a los motivos que tuvieron los criminales para matar al exteniente.
Cuando se produjo el secuestro, las autoridades no descartaron ninguna hipótesis, según declararon públicamente. Estaba sobre la mesa incluso un móvil político, porque Ojeda –abiertamente antichavista– había huido de Venezuela tras fugarse en noviembre de 2017 de la cárcel militar Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, a 29 kilómetros de Caracas, donde permanecía por rebelión, motín y traición a la patria, entre otros delitos. Tras escapar de la prisión, donde habría sido torturado, según denunció en su perfil de X, partió hasta Perú y posteriormente a Chile. En este último país residía desde 2018, con su esposa e hijo, en calidad de refugiado político.
Según información del Ministerio de Defensa de Venezuela, el pasado 24 de enero de 2024, Ojeda fue uno de los 33 militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por estar involucrado en una supuesta conspiración en contra de Maduro. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha negado que el chavismo tenga relación con el caso. “Venezuela no tiene nada que ver con ese secuestro, nada, arreglen su problema allá en Chile. Sigan dándole protección a mafiosos, que la propia mafia les cobra”, indicó un día antes de conocerse la muerte de Ojeda, el pasado jueves.
Detrás del secuestro y asesinato, entonces, podría estar el crimen organizado en estado puro digitado por organizaciones como el Tren de Aragua, aunque con características audaces que no se habían visto todavía en Chile (secuestrar para, directamente, matar a alguien, sin pedir rescate). O el asesinato podría estar digitado por el crimen organizado, pero mandatado por otras fuerzas. Las hipótesis siguen abiertas hasta que el fiscal Barros –que coordina una unidad fundada en noviembre pasado debido al alza inédita del crimen organizado en Chile– logre avanzar en su investigación. Será crucial lo que ocurra con las dos órdenes de detención pendientes y el lunes en la audiencia de formalización del único apresado, un venezolano de 17 años que tendría participación directa en el secuestro. La diligencia, sin embargo, no será pública por tratarse de un menor.
/Escrito por ROCÍO MONTES y ANA MARÍA SANHUEZA para El País
