En el episodio del secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ortega, la actuación del gobierno ha llegado a un punto que pone en entredicho la capacidad del Estado para defender la soberanía nacional, garantizar la seguridad pública y el respeto a la ley, como lo ha señalado con brillo el escritor Sergio Muñoz Riveros, quien concluye con una sentencia inquietante: en el territorio chileno hoy todo es posible.
Estamos en un nuevo estadio en la degradación de las instituciones nacionales, en particular del Poder Ejecutivo.
Sabemos que la víctima fue preso político en Venezuela y recibió luego la calidad de refugiado político en nuestro país. Por las informaciones que se conocen, incluido un video que ha visto todo Chile, podemos concluir que el operativo que lo secuestró y asesinó tenía por objetivo eliminar a un “traidor” (ese es el cargo que le hace públicamente el régimen de Maduro) para así entregar un mensaje atemorizador a otros disidentes (el citado video pudo ser destruido por los secuestradores, pero decidieron no hacerlo). ¿Qué valor tiene el estatus de refugiado político en Chile después de esto? No quiero ser vulgar.
La reacción del Ejecutivo ha sido lamentable. El Presidente de la República no se ha referido al tema, no ha señalado su gravedad, siendo que se trata del atentado a nuestra soberanía más grave desde el incidente de Laguna del Desierto el año 1965. No ha dado siquiera condolencias a la familia. Se ha limitado, mediante un tuit, a defender al Partido Comunista de las razonables sospechas de la ciudadanía sobre la participación del gobierno de Maduro. Agrava su comentario el que por estos días el PC reciba como héroe al embajador venezolano en Chile en un acto público de homenaje a Gladys Marín. ¿Por qué el Presidente de Chile debe dar explicaciones al Partido Comunista y no a los chilenos? ¿Estamos los chilenos sometidos al Partido Comunista y al gobierno venezolano?
En mi opinión, el Ministerio Público ha sido confuso al referirse a posibles móviles del crimen. Es cierto que debe ser cauto, pero es evidente también que el móvil político es la principal hipótesis. Hasta la fecha no hay otra que tenga alguna verosimilitud. La mención al Tren de Aragua que se ha hecho no significa otra posibilidad que el que esa organización criminal haya sido un brazo ejecutor del gobierno venezolano, pues móvil no tenía para cometer el crimen. Ha trascendido que uno de los secuestradores estaría ya fuera del país. ¿Por qué no se ordenó oportunamente controlar la salida de todos los ciudadanos venezolanos por las fronteras? ¿Para no confirmar la tesis de que el gobierno venezolano estaba detrás? Se perdió valioso tiempo para esclarecer los hechos.
El prestigio del Ministerio Público, y también de la PDI, se juegan en gran medida en este caso. Si el gobierno no cumple su mandato de garantizar la soberanía nacional y el orden público y hacer cumplir las leyes en nuestro país, otras instituciones del Estado no pueden igualarse a ese estándar, renunciando a sus fueros. Tampoco puede hacerlo la oposición, que debe ser activa en el total esclarecimiento de estos lamentables hechos porque el Ejecutivo ya nos ha notificado, con sus actuaciones y sus dichos, que no lo será. Una vergüenza.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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