Este lunes 11 de marzo se cumplen los 50 años de la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, especie de carta de navegación de la Junta Militar a seis meses del 11 de septiembre de 1973. De alguna manera, en esa ocasión el 11 de marzo pasó a convertirse en una fecha histórica y punto de referencia en el país: ese mismo día, pero en 1981, comenzó a regir la Constitución de 1980.
Esa es la razón por la cual los cambios de gobierno –desde 1990 en adelante– se producen precisamente los 11 de marzo, siendo Patricio Aylwin el primer Presidente de la República en comenzar a gobernar en esa fecha. Después lo hicieron Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet en dos ocasiones, Sebastián Piñera también dos veces y, por último, el presidente Gabriel Boric, desde 2022. Por eso, este lunes se cumplen los dos primeros años del gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista, acompañados del llamado socialismo democrático, que le ha dado cierta impronta al estilo oficialista.
Dos años en un gobierno de cuatro es un buen momento para analizar lo que ha sido hasta el momento y lo que viene por delante. El Presidente Gabriel Boric ha llegado a la mitad del camino y está bastante claro qué ha logrado y qué ha desechado, por lo que solo quedan algunos temas pendientes como parte de las tareas que podrían llevarse a cabo en los próximos dos años, para cumplir parcialmente con el programa. Por cierto, pueden producirse cambios, pero en buena medida hay temas que ya están definidos, de manera que es difícil esperar algunas sorpresas mayores, aunque nunca se sabe.
Una primera reflexión nos lleva al carácter refundacional que tenía el proyecto original, que solo incluía al Frente Amplio y al Partido Comunista, cuando se disputaron las primarias entre Daniel Jadue y Gabriel Boric. En esa ocasión el líder frenteamplista aseguró que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, “será también su tumba”, en un mensaje claramente ideológico y revolucionario. Otro factor clave para llevar adelante la transformación estructural del país era la aprobación de la nueva Constitución que elaboró la Convención constituyente entre 2021 y 2022, y que fue definida como condición de posibilidad para el éxito del gobierno, como sostuvo el ministro Giorgio Jackson. El fracaso del proceso constituyente, en buena medida, definió que Chile se mantendría dentro de ciertas coordenadas tradicionales, si bien en un escenario desmejorado y de menor confianza institucional y económica. El tercer aspecto que impide la refundación es la correlación de fuerzas: el gobierno no tiene mayoría en el Congreso Nacional y políticamente es más débil y menos popular que ese equipo de jóvenes que irrumpió hace un par de años y que, se suponía, iba “a cambiarlo todo”.
Es interesante lo que ha ocurrido en Chile en el plano de las prioridades de la población, entre la revolución de octubre de 2019, las elecciones presidenciales de 2021 y este 11 de marzo de 2024, cuando se cumple la mitad del período de Gobierno. Si entonces la nueva Constitución pasó a ser una prioridad política y nacional –con los sueños de futuro que representaba– la verdad es que hoy los chilenos tienen dos urgencias principales, lejanas a la refundación constituyente y concentradas en los problemas más graves que aquejan al país: la delincuencia y la situación económica. El primer asunto es de la mayor gravedad, los crímenes aumentan en cantidad y gravedad, se repiten cotidianamente y abruman a la población, aunque lamentablemente ya no sorprenden. En materia económica hay numerosos temas al debe: menos inversión y falta de trabajo, alto endeudamiento, informalidad laboral y otros aspectos relevantes. Estos son dos aspectos en los cuales el gobierno ha fracasado, no está bien evaluado y en los que no se advierte un cambio relevante en el corto plazo.
En materia legislativa, hay dos propuestas que forman parte del corazón de las reformas propuestas por el gobierno: el aumento de impuestos y los cambios en las cotizaciones previsionales. En ambos casos existe incertidumbre y contradicciones, por cuanto no parece claro que el Ejecutivo vaya a lograr mayoría en el Congreso Nacional. En el primer tema hay diferencias de fondo, por cuanto Chile requiere recuperar el crecimiento económico y con ello, necesariamente, el Estado recibirá más recursos, que es precisamente lo que está reclamando a través del llamado “pacto tributario”. Adicionalmente, existe un amplio espacio para gastar mejor los fondos públicos y reducir los gastos innecesarios en el creciente Estado chileno.
El segundo tema es distinto y responde a una de las discusiones ideológicas más profundas de los últimos tiempos. El proyecto del gobierno tiene dos bases fundamentales: modificar el mercado de capitales y entregar una parte de las cotizaciones de los trabajadores al Estado, a un fondo común. En este segundo tema existe una gran discusión, que se basa en la naturaleza de esos fondos y en la posición de la mayoría de la población, que es partidaria de que las cotizaciones vayan íntegramente a las cuentas de los trabajadores. Sin embargo, lo lógico es que si hay recursos de los sueldos eso se obtenga a través de un impuesto al trabajo –como en la práctica se grafica en la propuesta gubernativa–, lo que podría derivar en una separación de los proyectos.
Hay dos temas políticos que es necesario incluir en el análisis. El primero es el respaldo del presidente Gabriel Boric, quien ha tenido un descenso desde el comienzo de su administración, pero que se ha estabilizado en torno al 30-32% del respaldo en distintas encuestas de opinión. Esa cifra, si bien minoritaria, tiene dos aspectos importantes. Por una parte, es un número contundente, que parece inmune a los errores del Presidente y de sus ministros, así como a otros problemas del país. En otras palabras, es un excelente apoyo inicial para cualquier grupo o coalición política. Por otra parte, se trata de una aprobación muy superior a la que tuvieron los presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera durante largos meses de sus respectivos gobiernos, lo que prueba que el “voto duro” del Frente Amplio y el Partido Comunista es consistente y muy fuerte.
El segundo tema que se abre a partir de este 11 de marzo es el “pato cojo”, asociado a los procesos electorales futuros, tanto por los comicios municipales de este 2024 como de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2025. Chile, nuevamente, vivirá un decisivo ciclo electoral, con todo lo que ello implica: la formación de coaliciones (en principio, dos por las derechas y dos por las izquierdas); la definición de candidaturas; la necesidad de tener suficiente unidad y una necesaria diversidad en los distintos grupos; la elaboración de proyectos y programas; la búsqueda de candidatos y tantas cosas más. Es probable que Chile tenga un cambio de coalición de gobierno el 11 de marzo de 2026, pero eso no es seguro, precisamente considerando el respaldo del gobierno y el impacto que podrían tener las elecciones municipales.
Hemos llegado a la mitad del gobierno de Gabriel Boric. En momentos como este suele haber evaluaciones: sin embargo, la política es muy dinámica, y en este caso podremos apreciar que rápidamente los análisis darán paso al trabajo y a los desafíos del futuro.
Por Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica de Chile. Director de Formación del Instituto Res Pública, para El Líbero
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