El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la viuda del teniente en retiro del ejército venezolano Ronald Ojeda, presentará este martes el caso del crimen del oficial disidente del régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional.

  • La presentación busca internacionalizar la indagación por el secuestro con homicidio del oficial de 32 años, y sumarlo al expediente “Venezuela I” que el tribunal internacional sigue por los eventuales crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro desde, al menos, las protestas de 2017 en Caracas y otras ciudades del país.
  • La figura que usará ante la Corte, explicó Manríquez, es la de persecución a disidentes y eventual desaparición forzada.
  • El teniente (r) Ojeda, quien huyó en 2017 de la prisión de Ramo Verde de Venezuela junto a otros militares disidentes, fue incluido en enero pasado en una lista de 33 acusados de “traición a la patria”.
  • Al mes siguiente fue sacado por falsos policías desde su departamento en Independencia, al norte de Santiago, la madrugada del 21 de febrero.
  • Tras 9 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en una maleta tapada con cemento, en un campamento de Maipú, el 1 de marzo.
  • Esa noche, el fiscal del caso Héctor Barros dijo que su data de muerte era de “entre 7 y 10 días”, es decir, en torno a la fecha del plagio.
  • Su causa oficial de muerte fue “asfixia por suspensión”, consignó el certificado de defunción del Registro Civil.
  • Actualmente está en internación provisoria un adolescente de 17 años imputado como presunto integrante de la cobertura del secuestro. Dos sospechosos de ser autores del plagio están siendo buscados con una petición de captura internacional, ya que se presume que huyeron de Chile.

El nexo del sospechoso con Maduro. El supuesto líder operativo del grupo es Walter de Jesús Rodríguez Pérez, 28, presunto integrante del Tren de Aragua quien, además, cotizó para el régimen de Nicolás Maduro.

  • Su informe de cotizaciones en Venezuela detalló que en 2015 se desempeñó durante 7 semanas en el “GE despacho del gobernador”.
  • Publicaciones de ese país de casos no relacionados con el secuestro mostraron que el código del empleador que figura en su informe corresponde a la gobernación de Aragua, que entonces encabezaba Tareck El Aissami, quien llegaría a ser vicepresidente.

El eventual móvil político. “Surge la pregunta de cuál fue el propósito: si simplemente darle muerte o enviar una señal”, dijo el martes 5 el fiscal nacional Ángel Valencia, a Radio Infinita.

Las claves de la presentación. El abogado Juan Carlos Manríquez detalló por teléfono a Ex-Ante las claves de la presentación que hará este martes.

  • Por qué recurrir a la Corte. “Desde 2018 está abierta en la Corte Penal Internacional una investigación preliminar que se denomina Venezuela I (…) (Ésta) ha recogido una gran cantidad de antecedentes de quiénes han tenido que ser parte de la diáspora venezolana, tanto por razones políticas como de persecución, y aquellos que son sujetos de desplazamientos forzados. A su vez, hay quienes sostienen que existe allí una política sistemática de eliminación de opositores”, que constituirían delitos descritos en el estatuto de Roma.
  • El nexo con Chile. “Yo represento desde aquella época a algunos de los ministros titulares del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, algunos de los cuales formaban parte de la Sala Penal de la Corte Suprema Venezolana. Al momento de ser perseguidos, algunos llegaron a Chile y obtuvieron el régimen de asilo y sumé su caso a la investigación de Venezuela I”.
  • Posible desaparición forzada. “En la línea que dice relación con la desaparición forzada de personas o bien, en este caso, actos de homicidio y desaparición, si es que este fuera tal; por sus características, el caso del señor Ojeda puede sumarse a esa línea de investigación, y ser un elemento más de aquellos que permiten entender que, en el concierto internacional, este tipo de conductas no se remiten solo a un espacio geográfico”.
  • La causa sigue abierta. “En cuanto a las expectativas de la causa, la sala de cuestión preliminar autorizó a la fiscalía hace 2 semanas (el 1 de marzo) a reasumir la investigación en Venezuela I, atendido a que, según la Corte se convenció, no se habían entregado a ésta datos suficientes (por parte del régimen de Maduro) para convencerse de una investigación seria y efectiva. Y que, por el contrario, no notaba avances reales. Dicha decisión fue confirmada por la sala de apelación de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional, razón por la cual la fiscalía sigue adelante”.
  • Quién deberá responder. “Respecto a quiénes tengan que responder, eventualmente, si es que se formulan cargos formalmente, serán todos aquellos respecto de los cuales se establezca una perpetración directa o indirecta o en alguna de las formas de intervención de los delitos penales internacionales”.
  • “Recordemos que la Corte Penal Internacional no persigue la responsabilidad de estados ni gobiernos, sino de personas en delitos internacionales, que son las grandes atrocidades. Esto es, los delitos más graves contra los derechos humanos y la humanidad”.

/escrito por Jorge Poblete para Ex Ante

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