Los 510 mensajes entre Luis Hermosilla y el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, revelan dos cosas: una estrecha amistad y una relación de conveniencia mutua en términos labores. El detective obtenía influencia y el abogado información confidencial de causas judiciales.
De eso dan cuenta sus conversaciones que están siendo pesquisadas desde enero por la Fiscalía, luego de que el 25 de noviembre del 2023, el Ministerio Público lograra extraer desde el teléfono de Hermosilla 777.256 páginas con sus diálogos de WhatsApp.
Solo una parte de estos chats corresponden a Muñoz. El resto es un misterio, por ahora, pero el volumen de lo detectado, quizás, permite entender la inquietante declaración del ministro de Justicia, Luis Cordero, durante el lunes: “Es una investigación cuyos indicios no proyectan muy bien (…) Espero que por el bien de todos sea bastante acotado, porque si no es así las consecuencias pueden ser bien lastimosas en general”.
Hasta el momento, y según la imputación de cargos de la Fiscalía en contra de Muñoz, la investigación está centrada en la comisión del delito de violación de secreto en contra del exjefe policial por haber revelado a Hermosilla información de, al menos, cinco causas: minera Dominga, casino Enjoy, gastos reservados de Héctor Espinosa (su antecesor), el caso Raúl Torrealba y la indagatoria sobre Felipe Guevara.
Sin embargo, entre los investigadores también existe una duda no menor: ¿el traspaso de información fue sólo una cuestión de amistad y poder? Por el momento, en la causa solo se han logrado reunir antecedentes en esa dirección, aunque ya se activaron diligencias para tener un panorama más completo.
Por lo mismo, el 22 de enero, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) “remitir al Ministerio Público todos los antecedentes de Reporte de Operaciones Sospechosas, Reportes de Operaciones en Efectivo, Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo, y en general toda operación que obre en su poder respecto” de Luis Hermosilla y Sergio Muñoz.
Además, se solicitó que “asimismo, conforme a vuestras coordinaciones, requerir información si los ciudadanos antes individualizados registran cuentas corrientes, depósitos dinerarios y/o cuentas bancarias en Bancos en el extranjero”.
Cuatro días después llegó la respuesta de la UAF, a través de su director, Carlos Toloza, quien pidió más antecedentes de la causa a la Fiscalía para poder dar curso al requerimiento de información.
“Al respecto cabe hacer presente que los requerimientos de información que se envíen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), deben indicar de manera explícita la existencia de una investigación vigente por el delito de lavado de activos y/o de un delito precedente, tipificado en la Ley N° 19.913, pues solo en dichos términos este Servicio se encuentra legalmente autorizado a dar respuesta a su solicitud”, se lee en el documento.
El abogado de Muñoz, Juan Carlos Manríquez, indicó que su representado “actuó no respondiendo a ningún encargo, ni a un compromiso, ni a un pago, ni a una prebenda ni a un acuerdo ilegal, lo hizo de mutuo propio”.
La solicitud a Interior 45 días antes del allanamiento
Otro de los requerimientos de información que despachó la Fiscalía fue el del 19 de enero -45 días antes del allanamiento a la casa de Muñoz- al Ministerio del Interior. La misma fiscal Parra solicitó al gobierno que le enviara “copia de los contratos y resoluciones relacionadas con el Sr. Luis Hermosilla Osorio (…) y remitir un listado de las causas en las que el Sr. Luis Hermosilla Osorio, asumió el patrocinio del Ministerio del Interior, indicando las fechas en que este tuvo la calidad de abogado patrocinante o apoderado”.
Si bien no se especificaba en qué causa se estaba pidiendo esa información, sí se consignaba el “RUC” (registro judicial) del caso, el cual es distinto al del denominado caso Audio. El 23 del mismo mes, la Fiscalía le advertía a Interior, a través de un correo electrónico, que “hago presente que se trata de una investigación reservada. Ruego favor acusar recibo”.
Sin embargo, el 16 de febrero el Ministerio Público volvió a la carga, pues aún no recibía la información. Parra, otra vez, despachó un oficio en que pedía “rendir cuenta a la Fiscal que suscribe respecto del Requerimiento de Información” en un plazo de tres días hábiles.
El 23 de febrero llegó a la Fiscalía la respuesta de la propia ministra del Interior, Carolina Tohá. Allí le detalló y remitió los decretos que daban cuenta de las asesorías de Hermosilla para el gobierno de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2022.
“La información que en este acto se proporciona, corresponde a la suscripción de 6 (seis) contratos suscritos con el investigado, que obran en poder del Departamento de Gestión de Personas, a saber: Decreto Exento TRA N° 280/430/2018; Decreto Exento TRA N° 280/352/2020; Decreto Exento TRA N° 280/979/2020: Decreto Exento TRA N° 280/980/2020; Decreto Exento TRA N° 280/975/2021; y Decreto Exento TRA N° 280/412/2022″, dice el oficio.
La audiencia
Cada uno de estos oficios forman parte de la investigación de la Fiscalía, la cual, hasta el cierre de esta edición seguía estaba aún en etapa de formalización.
La audiencia de formalización de Muñoz, si bien estaba fijada para las 9.00 de la mañana, se postergó en 30 minutos, momento en que el fiscal Francisco Lanas comenzó a leer uno a uno los dos grupos de hechos que se le imputaban a Muñoz.
Lanas leyó uno a uno los mensajes que Muñoz envió a Hermosilla y los cuales habría -según la tesis de la Fiscalía- revelado información de las causas de la minera Dominga, la del casino Enjoy; la del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba; la del exintendente y alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara; y la de los gastos reservados del exdirector de la PDI Héctor Espinosa.
Treinta minutos después que comenzada la formalización la jueza Francis Fell tomó la palabra y dirigiéndose a Muñoz le preguntó: “¿Entendió los hechos?”.
Ante la pregunta, el otrora director de la policía civil afirmó el micrófono de la mesa de imputados y respondió: “Los entiendo perfectamente”, para la luego bajar su cabeza, tal y como la tuvo gran parte de la audiencia.
Posterior a eso, fue el turno de la fiscal regional Lorena Parra quien comenzó a argumentar las razones para solicitar la prisión preventiva de Muñoz.
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