Hace apenas unos días, el pasado 20 de marzo, la Misión de la ONU para Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra la actualización de su informe sobre la situación en el país caribeño. La delegación concluyó que “los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos” y que desde el pasado mes de septiembre, cuando se había publicado el último reporte, encontraron una reactivación “de la modalidad más violenta de represión” por parte de la dictadura.
En efecto, en los últimos meses Nicolás Maduro apeló a todos los resortes del Estado, que trabajan a su merced, y puso a funcionar toda la maquinaria represiva del régimen para cometer todo tipo de brutalidades y violaciones a los derechos humanos. Todo esto en medio de un proceso electoral plagado de irregularidades, y al margen de los compromisos firmados por el chavismo en los Acuerdos de Barbados.
“En Venezuela habrá elecciones llueva, truene o relampaguee”, aseguró el dictador en más de una oportunidad. La fecha puesta a dedo por el propio régimen y su sistema electoral es el próximo 28 de julio. Elecciones habrá, pero la población no podrá elegir, sino que votará por los candidatos que dispuso la dictadura.
Estos meses de “campaña” estuvieron marcados por una brutal persecución contra la oposición. Su última arremetida se dio en las últimas horas. Ante la orden de detención anunciada la semana pasada por el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, seis dirigentes de la oposición -todos miembros del equipo de campaña de María Corina Machado- se refugiaron en la embajada argentina en Caracas. Amparado en la Convención de Viena, el gobierno de Javier Milei decidió protegerlos y darles asilo. Desconociendo una vez más todo tipo de estatuto internacional, la dictadura respondió cortando el suministro eléctrico de la residencia argentina.
Una más de la larga lista de violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura de Maduro. Violaciones que, por ejemplo, llevaron a la Corte Penal Internacional (CPI) a iniciar una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En octubre del año pasado el régimen firmó con la oposición el Acuerdo de Barbados, por medio del cual las partes se comprometían a reconocer el derecho de las partes a elegir libremente a sus candidatos para los comicios de 2024, promoviendo “un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo”. El pacto establecía, además, la liberación de los presos políticos. Todo eso, a cambio del levantamiento de las sanciones que pesaban sobre el régimen.
El resultado, como muchos temían, no fue el esperado. Maduro logró que el gobierno de Joe Biden levantara algunas sanciones -por lo menos hasta el próximo mes de abril- y consiguió la liberación de Alex Saab, el empresario colombiano que es considerado su testaferro, en un canje por 36 personas, 10 de ellas norteamericanas que estaban capturados en la nación sudamericana.
A los pocos días de la firma de los Acuerdos de Barbados, el 22 de octubre del año pasado María Corina Machado arrasó en las primarias organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y se afianzó como la gran líder de la oposición para enfrentar al régimen en los comicios. Pero la líder de Vente Venezuela (VV) tenía una inhabilitación para ejercer cargos públicos y, a pesar de la gran movilización popular que logró en poco meses, no pudo torcer el brazo de la justicia chavista que en enero ratificó la sentencia, impidiéndole presentarse como la principal postulante de la oposición.
Hasta último momento MCM se mantuvo en la disputa electoral, pese a las constantes amenazas del chavismo, las detenciones arbitrarias contra su círculo más cercano, y los violentos ataques perpetrados por los grupos de choque del régimen contra sus seguidores en diferentes actos de campaña.
A principios de año la dictadura comenzó a preparar el terreno de cara a los comicios presidenciales. En enero Maduro dijo que el año pasado se habían desactivado cuatro conspiraciones para organizar golpes de Estado en su contra o, incluso, para asesinarlo. Por ese motivo, llamó a las fuerzas de seguridad del régimen a activar “la Furia Bolivariana”.
Ese mismo mes, el fiscal general anunció una presunta conspiración, a la que denominó “Operación Brazalete Blanco” que, según indicó, tenía como objetivo asesinar al dictador. Al mismo tiempo, unos 33 militares fueron degradados y expulsados del Ejército, acusados de estar implicados en varias conspiraciones.
En el marco de esa “Operación Brazalete Blanco”, el 22 de enero Tarek William Saab anunció la detención de ocho personas y que se había ordenado la aprehensión de otras seis que se encuentran en el exilio. Entre ellas se encuentran la abogada y activista por los derechos humanos, Tamara Suju, y la periodista de Infobae Sebastiana Barráez.
Apenas un día después, cuatro miembros del equipo de campaña de María Corina Machado fueron detenidos sin orden judicial. Una de esas personas fue liberada, y las otras tres permanecen detenidas: los coordinadores regionales Luis Camacaro (Yaracuy), Juan Freites (La Guaira) y Guillermo López (Trujillo).
Con el mismo modus operandi, sin orden judicial, y también en el marco de la Operación Brazalete Blanco, agentes del régimen arrestaron el viernes 9 de febrero a la activista Rocío San Miguel en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas. La abogada estuvo dos días desaparecida. Recién el domingo el fiscal general se pronunció en sus redes sociales sobre la aprehensión, pero sin informar su paradero. El miércoles 14, finalmente las autoridades indicaron que se encontraba detenida en El Helicoide, el principal centro de tortura de la dictadura venezolana.
Un día después, la hija de la activista y otros cuatro familiares y allegados también fueron detenidos, aunque posteriormente fueron liberados. “Esta práctica de intimidar con acciones penales a familiares y allegados de las personas objetivo de las autoridades responde a un patrón ya reportado en informes anteriores de la Misión”, condenó la ONU.
El caso de San Miguel generó una fuerte repudio tanto a nivel nacional como internacional. La propia oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Caracas, instalada en 2019, expresó su preocupación por la detención arbitraria de la activista venezolana. El régimen, acostumbrado a censurar cualquier voz crítica, ordenó la inmediata expulsión de la Misión de la ONU de Venezuela y la salida del país del personal de esa Oficina.
Las semanas siguientes, mientras crecía la presión internacional para que el régimen se apegara a los Acuerdos de Barbados y garantizara un proceso electoral limpio y transparente, continuó la ola de detenciones arbitrarias y órdenes de captura contra dirigentes opositores.
El 8 de marzo fue arrestado Emill Brandt Ulloa, coordinador del equipo de campaña de MCM en Barinas, y días después Joe Villamizar, coordinador del municipio Girardot del estado Aragua.
Por su parte, el pasado 20 de marzo, justo el mismo día que la Misión de la ONU presentaba su informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, las fuerzas de seguridad del régimen arrestaron a otros dos miembros del equipo de campaña de María Corina: Henry Alviarez y Dignora Hernández.
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que funcionarios de la División de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se llevan a la fuerza a Hernández en una camioneta. En las imágenes se puede escuchar a la dirigente opositora intentando resistirse al grito de “auxilio”. Acto seguido, y en un claro intento de amedrentamiento, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se desplazaron hacia la sede del comando de campaña de Machado y rodearon el lugar, donde la líder opositora posteriormente brindó una conferencia de prensa.
Este mismo miércoles Tarek William Saab, además de informar las detenciones de Alviarez y Hernández, reportó las órdenes de aprehensión contra otros integrantes del equipo de Vente Venezuela: Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, y Magalli Meda. Ante la persecución del régimen, seis de ellos se encuentran actualmente refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.
En medio de esta ola de detenciones y persecución, Machado debía definir, antes de este lunes 25 de marzo, cómo seguía su estrategia electoral ante la inhabilitación que pesaba sobre ella. Así, el pasado viernes sorprendió al anunciar como su sustituta a Corina Yoris, una destacada académica venezolana, experta en Filosofía y Letras y doctora en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), de 80 años. Ella no estaba inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral y, de hecho, no tenía experiencia política. Pero eso no importaba. Era la elegida por María Corina Machado y eso la convertía en “no potable” por la dictadura.
Yoris no pudo inscribir su candidatura por la Plataforma Unitaria y, en una maniobra que generó una gran polémica, a última hora del lunes, cuando vencía el plazo para las inscripciones, presentó su postulación Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo (UNT).
De esta manera, el régimen logró lo que pretendía desde el comienzo: unas elecciones a su medida con candidatos puestos a dedo para que le permitan legitimar su ya asegurada victoria en julio. Además de Maduro y Rosales, los otros candidatos son Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, José Brito, Javier Bertucci, Benjamín Rausseo, Claudio Fermín y Luis Ratti. Todos dirigentes que desde hace ya tiempo actúan en beneficio del régimen, pero presentándose como “opositores”.
Fue tan evidente la maniobra de la dictadura que hasta sus propios aliados, como Colombia y Brasil, expresaron su preocupación por el desarrollo del proceso electoral en Venezuela. El régimen respondió duramente a ambos acusándolos de “injerencistas”.
Hasta el ex presidente uruguayo, José Mujica, uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana, volvió a criticar a Maduro por la falta de garantías democráticas. “Cuando tiene una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor. Entonces, el sistema político de Venezuela está siempre en guardia y no respeta las leyes elementales de la democracia. Necesita respetar a los que piensan distinto porque para estar de acuerdo… sería un bollo, nos quedamos con la monarquía. Precisamos libertad para discrepar”, afirmó.
Lejos de reducir las tensiones, Maduro calificó a Vente Venezuela, el partido político de María Corina Machado, de organización terrorista. Esto, luego de que el régimen denunciara una vez más un intento de asesinato contra el mandatario chavista durante el acto en el que formalizó su candidatura a las elecciones. “Me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer con la captura de los individuos del movimiento terrorista llamado Vente Venezuela. Será Vente Terrorista”.
Con decenas de dirigentes opositores encarcelados, otros tantos en la clandestinidad o en el exilio, y las elecciones en el horizonte, Maduro y su dictadura vuelven a estar en el foco de la comunidad internacional y de los principales organismos de derechos humanos.
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