Cuando el Estado falla en su labor primordial, que es asegurar el orden público, los ciudadanos deben recurrir a otros métodos para sobrevivir. Entre ellos está la autotutela, categóricamente rechazada en el discurso por el actual gobierno, pero ya presente en nuestras ciudades como lo muestran las numerosas detenciones ciudadanas; o la organización de pobladores en Antofagasta para impedir recientemente una toma de terrenos que la autoridad no es capaz de proteger.
Sin embargo, crecientemente, como lo muestra la evidencia internacional, son organizaciones delictuales las que reemplazan al Estado en el rol policial detentando un virtual monopolio del uso de la fuerza en las comunidades.
Las tomas de terrenos han sido una eficaz herramienta para “hacerse” de más territorios en los que se puede ejercer el dominio y llevar adelante actividades lucrativas entre las que destaca el tráfico de drogas; pero también la extorsión a empresas y ciudadanos, el secuestro y el robo. Cementerios clandestinos al interior de las tomas y el hallazgo del cadáver del refugiado venezolano Ronald Ojeda son algunas de las cosas que se pueden encontrar al interior de estos campamentos.
Según datos del Ministerio de Vivienda existen 1.432 tomas de terrenos a lo largo de Chile y éstas aumentan rápidamente. Si bien el gobierno y algunas municipalidades realizaron hace unas semanas una acción performativa en las comunas de Maipú y Cerrillos luego de instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente, deteniendo a algunas personas por ejercicio ilegal de la prostitución y otras faltas menores, sabemos que ello no constituye una solución. Las modificaciones a la Ley de usurpaciones, empujadas por la iniciativa del senador Coloma y la Ley Naín-Retamal que entrega más facultades a las policías han permitido avanzar en La Araucanía y otras regiones, pese a que en el Congreso tuvieron la oposición del oficialismo a varias de sus disposiciones.
El gobierno siempre da más importancia a elementos simbólicos e ideológicos que a cuestiones sustantivas para mejorar el combate al crimen. Un ejemplo es lo sucedido en Lo Valledor, donde el Ministerio del Interior está más preocupado de la eventual discriminación a extranjeros que podría producirse por pedir un documento de identidad para ingresar (en circunstancias que en gran cantidad de oficinas públicas y privadas éste se exige) que del control efectivo de la delincuencia. En un video impactante vimos cómo una mujer hirió a varias personas en Lo Valledor luego de arrebatar un arma a un guardia de seguridad y realizar seis disparos.
Otro problema es que las sentencias judiciales que ordenan a Carabineros el desalojo de propiedades tomadas han enfrentado la dificultad de delincuentes que provocan incendios y tiroteos, resistiendo la acción del Estado.
La debilidad de la autoridad es manifiesta. La buena iniciativa de instalar inhibidores de la señal de teléfonos celulares en los recintos penales está detenida por temor a motines en las cárceles. En el puerto de Coronel, grupos de trabajadores aplican la práctica de “ruedas cuadradas” (trabajo lento) en oposición al control de uso de drogas y alcohol.
Así las cosas, lo que se requiere es una ofensiva coordinada de todas las instituciones del Estado contra el crimen organizado. Ello incluye un estricto control fronterizo y la expulsión de extranjeros que delinquen. La correlación de la criminalidad con la inmigración masiva y descontrolada es evidente. Las cárceles ya tienen una proporción muy grande de condenados extranjeros, especialmente en el norte del país. En los últimos cinco años crecieron un 274% los victimarios extranjeros y un 200% las víctimas extranjeras. Cadáveres amarrados de pies y manos en la orilla de la principal carretera del país no se veían antes en nuestro país. Tres cadáveres en Alto Hospicio el día de ayer continúan la secuencia.
Si el Estado no cumple su deber de asegurar el orden público, otros lo intentarán, y ello sólo puede empeorar la situación. Nuestra política no puede seguir subestimando el drama que viven diariamente millones de chilenos, porque si lo hace la desafección con ella y las instituciones crecerá y las respuestas populistas crecerán a la par con ella.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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