El gobierno del Presidente Gabriel Boric no ha logrado aceptar, en los más de dos años que lleva en el poder, que carece de un apoyo mayoritario en la población. En tanto se siga comportando como un gobierno de mayoría cuando es minoría en el Congreso y en la opinión pública, la administración Boric seguirá fracasando en su intento por avanzar su agenda de reformas. Para evitar que la reforma de pensiones y la reforma tributaria fracasen, el gobierno deberá sentarse a la mesa de negociación con la actitud humilde de aquel que sabe -y acepta- que sus posiciones son minoritarias.

Aunque Boric ganó legítima e incuestionablemente la segunda vuelta en elección presidencial de diciembre de 2021, esa mayoría que lo llevó a la presidencia estaba más interesada en evitar que el derechista radical José Antonio Kast llegara al poder que en apoyar las propuestas de reformas fundacionales que entonces promovía Boric. Después de todo, en primera vuelta, Boric no alcanzó a llegar ni siquiera a un 30% de la votación. Los que abrazaban su agenda de reformas fundacionales nunca fueron mayoría.

Entendiendo que para ganar debía sumar apoyos y mostrar más moderación, Boric se acercó a los partidos tradicionales de izquierda durante la campaña de segunda vuelta y reclutó a algunos reconocidos tecnócratas y experimentados políticos para su primer gabinete después de haber ganado la elección. Pero al reservar muchos puestos claves para miembros de su círculo de aliados que promovían reformas más radicales, Boric dejó en claro que en vez de asumir la realidad y moderar sus propuestas, él todavía tenía la ilusión de impulsar reformas radicales que una mayoría de los chilenos había rechazado en las urnas. Boric nunca abandonó el sueño de ser el Presidente que sepultara al modelo neoliberal en Chile.

La historia de esos dos años de gobierno ha sido una repetición de la tensión entre la realidad de un país más moderado y reformista y un gobierno que intenta torpemente, vez tras vez, impulsar reformas radicales. El fracaso del proceso constituyente y los traspiés de las reformas tributarias y de pensiones, que languidecen en el Parlamento, demuestran que el gobierno se niega a aceptar que simplemente no hay agua en la piscina para impulsar cambios que busquen terminar con el modelo económico neoliberal que tiene el país. Aunque el horno nunca ha estado para bollos durante estos dos años, el gobierno de Boric insiste en seguir amasando.

En semanas recientes hemos sido testigos de cómo el gobierno perdió el control del Senado y como arriesga perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Además del devastador efecto que tienen esos reveces políticos en la capacidad del gobierno para hacer bien su trabajo, el estado de negación de un gobierno que no se quiere dar cuenta que es minoritario también alimenta la frustración en las propias huestes oficialistas. Los funcionarios de gobierno que están en contacto cotidiano con la gente ven cómo se pasan los días y cómo se reducen las esperanzas de sacar adelante las reformas prometidas, aunque sean versiones menos ambiciosos.

La cercanía de la campaña electoral para renovar alcaldes y gobernadores regionales genera comprensibles temores en el oficialismo. Una población descontenta con el gobierno, y con la clase política en general, está inclinada a castigar a los que hoy ostentan el poder. Como la izquierda arrasó en las elecciones de abril de 2021, el oficialismo arriesga mucho más que la oposición en octubre. Si bien la economía parece comenzar a mostrar brotes verdes, los chilenos siguen creyendo, mayoritariamente, que el país avanza en dirección equivocada. La delincuencia, la percepción de que la migración está descontrolada y la sensación de que el gobierno no da el ancho para los complejos desafíos que enfrenta el país alimentarán el voto de castigo en octubre. Es cierto que la derecha también pudiera ser arrastrada por la ola del descontento. Los chilenos pudieran terminar apoyando a candidatos independientes y anti-élite en octubre. Las cuentas alegres que saca la derecha olvidan que el descontento popular podría transformarse en un castigo para toda la clase política.

Así las cosas, es especialmente urgente que el gobierno tome el liderazgo y demuestre que es capaz de construir acuerdos con la oposición y lograr avances sustantivos que la gente demanda. Pero para lograrlo, el gobierno deberá asumir su posición minoritaria para llamar al diálogo. La derecha, torpemente, pudiera negarse a participar y arriesgar una estrategia de confrontación que pudiera terminar hundiendo a toda la clase política en la temporada electoral que se avecina. Aunque todos pierdan si no hay diálogo, el gobierno va a perder mucho más.

La buena noticia es que hay un camino despejado para poder avanzar hacia los acuerdos. Basta con que el gobierno acepte su condición minoritaria y llame, desde esa posición de debilidad en la que se encuentra, a un diálogo que pueda rendir frutos para la clase política en su conjunto. El tiempo se acaba y la paciencia de la gente se agota. La pelota ahora está en la cancha del oficialismo.

Por Patrico Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero

/psg